La crisis humanitaria en Venezuela requiere “una respuesta a gran escala” para atender a los 7 millones de personas que sufren necesidades de todo tipo. Así lo señaló Michelle Bachelet al presentar su informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en el régimen de Nicolás Maduro.
Bachelet pidió a Maduro “garantizar una respuesta a gran escala, liderada por Naciones Unidas, a la situación humanitaria” que presenta Venezuela. Propone que se facilite el acceso del Programa Mundial de Alimentos, la presencia de organizaciones no gubernamentales internacionales y protección para los trabajadores humanitarios.
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presenta un panorama general de la situación de los derechos humanos en Venezuela entre junio de 2019 y mayo de 2020. Incluye los resultados de la investigación de las denuncias de violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad de las personas.
En respuesta a la “grave crisis humanitaria” en Venezuela, Naciones Unidas ya prestó asistencia en 2019 a más de 2,4 millones de 7 millones de personas que la necesitan. La ayuda incluyó medicinas y equipo médico; apoyo al suministro de agua potable, saneamiento e higiene; equipos escolares; distribución de alimentos, vales en efectivo y apoyo para la agricultura, entre otros. Obviamente, ha sido insuficiente y mal distribuida.
Perspectivas poco alentadoras
En el período estudiado la oficina de la ONU encontró que “la población de Venezuela siguió padeciendo violaciones de sus derechos económicos y sociales, debido a la prolongada y multifactorial crisis socioeconómica”.
Y las perspectivas para superar la crisis humanitaria no son alentadoras. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señaló que en 2019 la economía se contrajo un 25,5%2; y prevé que en 2020 se contraiga entre 13% y 28% adicional. Ello, debido al descenso de los precios del petróleo, reducción de la producción petrolífera, y estancamiento económico, acentuado por la COVID-19, entre otros factores relacionados con el manejo de las finanzas públicas.
“Los esfuerzos del Gobierno por reactivar la economía, aumentar los salarios y mantener la cobertura de los programas sociales han resultado insuficientes. «No han garantizado un nivel mínimo esencial de derechos económicos y sociales; en particular para los sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”, anotó.
Entiende que las reformas económicas que adoptó el gobierno en el segundo semestre de 2019 consiguieron contener ligeramente la hiperinflación y aumentar la disponibilidad de bienes, pero asiente que “provocaron una dolarización de facto de los bienes y servicios, lo que aumentó la desigualdad entre la minoría con acceso a divisas y el resto de la población”.
“Aunque el Gobierno aumentó el salario mínimo un 1.200% desde julio de 2019, en mayo de 2020 su valor se estimó en $2,33 mensuales, lo que cubre el 1,1% de la canasta básica de alimentos”. Una evaluación realizada por el PMA en octubre de 2019 determinó que “el 59% de los hogares no disponen de ingresos suficientes para adquirir los alimentos”.
Protestas desoídas y castigadas
El deterioro en la calidad y el acceso a los servicios básicos también son parte de la crisis humanitaria en Venezuela. Las fallas del transporte, la electricidad, el agua y el saneamiento, y el gas, “afectan negativamente al derecho a un nivel de vida adecuado”. Los médicos y el personal de enfermería informaron de las “malas condiciones de los hospitales públicos. Entre ellas, la falta de medicamentos y suministros médicos, la escasez de agua y los cortes de electricidad”.
La ONG Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social registró, entre julio de 2019 y mayo de 2020, 10.026 protestas en toda Venezuela. El 73% fue por bajos salarios, elevados precios de los alimentos, retrasos en la distribución de asistencia alimentaria y falta de servicios básicos, entre ellos la atención sanitaria.
En el contexto de las protestas relacionadas con servicios públicos, ACNUDH documentó la detención de 17 manifestantes, entre ellos menores de edad y adultos mayores. También “tres casos de tortura y una agresión sexual a manifestantes detenidos el 20 de mayo en el estado Lara por las fuerzas de seguridad”.
“Desde abril de 2020, ACNUDH viene observando un aumento de las protestas provocadas por falta de agua, altos precios de alimentos y escasez de combustible. En abril y mayo, 44 de estas protestas terminaron en saqueos”, apunta el informe.
Como respuesta a los altos precios de los alimentos, el Gobierno procedió a tomar el control de varias empresas alimentarias por 180 días. También estableció controles de precios para 27 artículos de primera necesidad.
Continúa la tensión política
La tensión política también se agudizó en el período evaluado, debido a la persistencia de fricciones entre Gobierno y oposición. “Lamento que los actores políticos no logren encontrar una solución negociada que resuelva la profunda crisis política”, dijo Bachelet.
“Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Estas nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas”.
También “interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición”, añadió, refiriéndose a la suspensión de las directivas de Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ).
Los debates políticos se han centrado principalmente en el establecimiento de las condiciones para la celebración de elecciones parlamentarias, previstas para 2020; y en la exigencia de la oposición de que se celebren elecciones presidenciales anticipadas.
En el contexto de la crisis humanitaria en Venezuela, el régimen de Maduro continuó persiguiendo a los miembros del Parlamento. A junio de este año, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela había retirado la inmunidad parlamentaria a 28 asambleístas de la oposición. Otros 4 estaban detenidos y 1 se encontraba bajo arresto domiciliario.
“Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Mi Oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos”, añadió Bachelet.
“En este contexto de alta tensión política, el ACNUDH sigue preocupado por los procesos penales contra ciudadanos que protestan por falta de acceso a servicios públicos, parlamentarios, líderes de la oposición, periodistas, profesionales de la salud y dirigentes sindicales. Los periodistas y los defensores de los derechos humanos que critican al Gobierno siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública”,
Los jóvenes, blanco de los cuerpos de seguridad
Bachelet reconoció la disminución en la tasa de homicidios en 2019. Pero advirtió que le siguen preocupando “los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad”.
En ese sentido, el informe documentó 38 casos de jóvenes presuntamente ejecutados por las fuerzas de seguridad entre mayo de 2019 y mayo de 2020. “Hombres jóvenes, en su mayoría de menos de 30 años, pertenecientes a familias de bajos ingresos de barrios desfavorecidos, caracterizados por altas tasas de delincuencia. Algunas víctimas tenían antecedentes penales, otras no, y fueron presuntamente objeto de venganza personal o su muerte se debió a un error de identificación”.
Según las estadísticas facilitadas por el Gobierno, en 2019 se registraron 6.710 homicidios y entre enero y mayo de 2020, 1.363 muertes. Estos datos no incluyen las muertes violentas en el marco de las “operaciones de seguridad”, calificadas de «resistencia a la autoridad».
Tomando como base un análisis de información de fuentes abiertas realizado por el ACNUDH, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, habrían muerto violentamente 1.324 personas, entre ellas nueve mujeres, en el marco de “operaciones de seguridad”.
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