Trabas e inconvenientes asaltan los caminos de la transición energética. Los esfuerzos de los gobiernos por limitar proyectos petroleros y gasíferos, cancelando oleoductos y denegando permisos de perforación, podrían acarrearles demandas por 340.000 millones de dólares.
Estas decisiones oficiales imponen un alto compromiso con la causa climática. Pero también riesgos de reclamaciones legales o acciones punitivas al interrumpir o rechazar proyectos energéticos. Los titulares de esos activos se verán afectados y actuarán. Y, cuando esos activos están protegidos por tratados internacionales de inversión, los inversores pueden presentar reclamaciones legales contra los países. En un proceso controvertido conocido como solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS).
Teniendo en cuenta los costos de la in/acción sobre el clima, ¿cuáles son los riesgos legales y financieros asociados con la posible acción de los gobiernos para limitar la producción de petróleo y gas?
Un estudio publicado en Science estimó los costos de posibles reclamos legales de los inversionistas de petróleo y gas en respuesta a las acciones gubernamentales para limitar los combustibles fósiles. Encontró que los reclamos legales podrían alcanzar 340 mil millones de dólares Una cantidad sustancial que desviaría las finanzas públicas críticas de los esfuerzos esenciales de mitigación y adaptación a los bolsillos de los inversionistas de la industria de combustibles fósiles.
En fecha reciente, la Securities and Exchange Commission (SEC) planteó cambios en su normativa interna. Entre ellas, que las empresas que cotizan en Bolsa incluyan divulgaciones relacionadas con el clima en sus declaraciones de registro e informes periódicos.
Estos cálculos correspondieron a investigadores del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston, la Universidad Estatal de Colorado y la Universidad de Queen en Canadá.
Gobiernos “paralizados” por frenar proyectos petroleros
Estos reclamos a los gobiernos por limitar o detener proyectos petroleros, superan en muy poco los 321 mil millones de dólares de dinero público para la financiación climática en 2020.
“Significa que el dinero que los países podrían gastar para construir un futuro con bajas emisiones de carbono podría ir a las mismas industrias. Que, a sabiendas, han estado alimentando el cambio climático, poniendo en grave peligro la capacidad de los países para impulsar la transición hacia la energía verde”, escribieron los autores.
Los países han firmado miles de tratados que protegen a los inversores extranjeros de la acción del gobierno.
Estos tratados permiten a los inversionistas demandar a los gobiernos por compensación cuando se interrumpen los contratos. Se niegan los permisos de perforación o se introducen políticas que afectan sus operaciones. Son las soluciones ISDS antes mencionadas.
El estudio alertó que estos tratados crean “un efecto paralizador” en los gobiernos, disuadiéndolos de implementar políticas climáticas ambiciosas.
Esto «podría encerrar a los países en trayectorias de alto crecimiento de carbono». Y «ahogar la transición climática», dijo a Climate Home el coautor Kevin Gallagher. Es investigador y profesor de política de desarrollo global en la Universidad de Boston.
En abril, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advirtió que el mecanismo ISDS corría el riesgo de retrasar la transición energética. Para fines de 2021, hubo al menos 231 casos de inversores en combustibles fósiles que demandaron a un gobierno. De los 171 que se concluyeron, un tercio se falló a favor de la empresa de combustibles fósiles y otro tercio se saldó.
Proyectos petroleros, riesgos y costos a gobiernos
La lucha por preservar las temperaturas a 1,5 grados Celsius y alcanzar la neutralidad, es diaria, en ocasiones tensas y en otras costosas. Más cuando los tratados se colocan en defensa de los inversores y en contra de los gobiernos que deciden frenar los proyectos petroleros.
El último caso de demanda en 2021 fue el de la empresa Ascent Resources, con sede en el Reino Unido. Presentó una demanda contra el gobierno esloveno el jueves por implementar una prohibición del fracking. La compañía ya está buscando 100 millones de euros (106 millones de dólares) en daños después de que el gobierno le exigiera completar un estudio de impacto ambiental antes de realizar la fracturación hidráulica cerca de una fuente de agua.
Otra empresa británica, la compañía de exploración petrolera Rockhopper, busca una compensación del gobierno italiano por la prohibición de la perforación petrolera costera. En Estados Unidos, TC Energy, una empresa canadiense, busca 15.000 millones de dólares por la cancelación del oleoducto Keystone XL por parte del presidente Joe Biden.
Los países en desarrollo se encuentran entre los que enfrentan las mayores pérdidas potenciales en el marco del sistema de disputas. Y son justamente estas naciones las que requieren más apoyo para salir de una economía dependiente de los combustibles fósiles
Mozambique, que dio luz verde a un gran proyecto de desarrollo de gas, encabeza la lista, arriesgando entre 7.000 millones y 31.000 millones en costos de compensación si cambia de rumbo, indicó el estudio. Detrás está Guyana, hogar de uno de los descubrimientos de petróleo más grandes de los últimos años. Allí están en juego entre 4.000 millones y 21.000 millones de dólares. Les siguen Venezuela y Rusia.
Estimaciones se quedan cortas
Un total de 33 gobiernos son vulnerables a reclamos si cancelan proyectos petroleros y gasíferos que están en avanzado desarrollo. Pero que aún no están produciendo. Kazajistán podría perder entre 6.000 millones y 18.000 millones de dólares e Indonesia entre 3.000 millones y 4.000 millones.
Este es el primer estudio revisado por pares que estima los costos potenciales de las inversiones cubiertas por un mecanismo ISDS. Pero solo proporciona una imagen parcial.
Se limita a proyectos upstream de petróleo y gas en fases de preproducción. No cubre carbón, proyectos operativos de petróleo y gas. Ni infraestructura de transporte de combustible, como oleoductos y terminales de GNL. O inversiones relacionadas con proyectos que causan deforestación tropical, la tercera fuente más grande de emisiones globales.
Las empresas a menudo utilizan estructuras subsidiarias complejas para ocultar al propietario real. Esto significa que es probable que se subestimen los cálculos de los proyectos de producción de petróleo y gas que están cubiertos por ISDS.
En 2020, un estudio que analizó únicamente el Tratado sobre la Carta de la Energía, el mayor contribuyente a posibles reclamaciones, descubrió que los países miembros enfrentaron hasta 1,3 billones de euros (1,4 billones de dólares) para 2050. Solo en reclamaciones de compensación por parte de inversores en combustibles fósiles.
La autora, Yamina Saheb, solía encabezar la unidad de eficiencia energética del Tratado sobre la Carta de la Energía y ahora es una de sus críticas. “Es un desastre para la acción climática”, señaló Saheb, analista del grupo de expertos OpenExp. Describió la continuación de los mecanismos ISDS como «ecocidio» y una «manera neocolonial de mantener el control sobre los países en desarrollo».
Acciones rápidas y concretas
Yamina Saheb explicó que los acuerdos de compra de energía, que fueron promovidos por el Banco Mundial y otras instituciones internacionales para proporcionar contratos de electricidad a largo plazo para los países en desarrollo, han encerrado a las naciones en contratos con inversores protegidos por mecanismos ISDS.
“Si el secretario general de la ONU (António Guterres) quiere practicar lo que predica, debe convocar una reunión de emergencia para cancelar todos los tratados ISDS”, resaltó Saheb. La capacidad del mundo para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París depende de ello, agregó.
La existencia de tratados internacionales que brindan protección a los inversores y acceso a ISDS aumenta el poder de la industria de los combustibles fósiles para resistir. A la implementación de medidas políticas que son cruciales para la transición global hacia la energía verde.
En total, el estudio consideró que los países de todos los niveles de ingresos podrían enfrentar enormes pérdidas financieras si los reclamos de ISDS tienen éxito. Los autores argumentaron que los gobiernos deberían tomar medidas para evitar que los inversionistas en combustibles fósiles accedan a ISDS, incluso actuar rápidamente para rescindir los acuerdos.
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