Sebastián Rodríguez
Durante la conferencia de cambio climático de la ONU (COP26) que se efectuó en noviembre pasado en Escocia, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó un acuerdo clave con cooperantes interesados en financiar 20 millones de dólares para la conservación de los bosques costarricenses.
La coalición LEAF –compuesta por países y empresas que financian actividades bajas en emisiones– otorgaron el dinero a Costa Rica, con el fin de evitar la deforestación y proteger los bosques del país. La compensación incluye dos partes. La primera, entre Noruega y Costa Rica y la otra con la coalición LEAF.
La ainistra de Ambiente, Andrea Meza, aseguró que el pago significaba “el inicio de grandes avances en las finanzas climáticas”. Costa Rica ha concretado varios acuerdos similares recientemente.
Costa Rica, país pionero en conservación en déficit fiscal
Históricamente el modelo de conservación costarricense ha sido exitoso por operar con recursos domésticos. Pero en un momento de alta presión económica por el COVID-19, los fondos internacionales otorgan un respiro al país, dijo Roger Madrigal, investigador forestal del Centro Agronómico Tropical de Educación y Enseñanza.
Madrigal: “Costa Rica es un país de renta media con un presupuesto limitado para inversiones en naturaleza. Estos fondos de cooperación han sido históricamente muy importantes en el presupuesto total”
Costa Rica es un caso de éxito de la conservación, es el único país de América Latina que ha revertido la deforestación. Presentó altos índices hasta los años ochenta. A principios del siglo XX, Costa Rica enfocó su desarrollo económico principalmente en la actividad agropecuaria. Durante este periodo, promulgó leyes que incentivaron la deforestación para reclamar tierras para el agro, como por ejemplo la ley de Tierras y Colonización (1961). Como resultado, el país perdió la mitad de su bosque maduro entre 1940 y 1980.
Varios factores cambiaron la mentalidad del país, entre ellos una mayor incursión de la población en el turismo durante la década de los ochenta, según muestra un informe de la iniciativa REDD+ en 2016.
Luego de esto, durante los años noventa, Costa Rica implementó una regulación ambiental más estricta, nuevas políticas de conservación y cambios en el mercado del agro. Estos factores frenaron definitivamente la deforestación neta y permitieron la regeneración del bosque. Actualmente, un 59% de su territorio está cubierto por bosques, tras haber caído hasta un 40% en 1986.
Otro componente importante para este logro fue un programa llamado Pagos por Servicios Ambientales (PSA). El PSA tiene un principio simple, pero que ha probado ser exitoso: el estado paga a finqueros privados para que protejan el bosque en sus terrenos. ¿De dónde viene el dinero? Principalmente de los impuestos a la gasolina.
Esto ha funcionado bien por décadas, pero recientemente la crisis del COVID-19 ha puesto una fuerte presión económica en el sistema de conservación, tanto en el PSA como en las áreas protegidas. Por un lado, la pandemia llevó a una menor recaudación fiscal y las restricciones vehiculares generaron menos consumo de gasolina. Esto, a su vez, dejó al PSA con menos recursos para pagar a finqueros y un “hueco” presupuestario de alrededor de 1,5 millones de dólares en 2020.
Por otro lado, la Asamblea Legislativa de Costa Rica realizó fuertes recortes presupuestarios en 2020. Básicamente, los diputados recortaron un tercio del presupuesto para áreas protegidas.
“Parte importante de nuestro trabajo ha sido justo ese: ubicar fuentes de financiamiento, identificar los requisitos y tratar de que los recursos ingresen lo más pronto posible”, explicó Jorge Mario Rodríguez, director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), institución que administra el programa PSA.
Pagos por naturaleza
En los últimos dos años, Costa Rica aseguró acuerdos por más de 135 millones de dólares en pagos por naturaleza. ¿Cómo se logró? El motor principal está en la cobertura boscosa de Costa Rica.
Antes, hay que entender que los bosques capturan emisiones cuando los árboles realizan fotosíntesis. Este es un beneficio para todo el planeta, pero históricamente no ha sido reconocido económicamente. Según datos oficiales, del año 1986 al 2013, Costa Rica redujo 107 millones de toneladas de dióxido de carbono de esta forma. “Nadie nos ha reconocido eso. Esto es un regalo que Costa Rica le ha dado al mundo”, señaló Rodríguez.
Recientemente, el país comenzó a medir más precisamente la captura de emisiones sus hectáreas de bosque y estimando cuánto carbono absorben. De esa forma, buscaría dejar de “regalar” estos beneficios y, en su lugar, comenzarán a ponerles precio.
Así se lograron los recientes pagos por naturaleza. En 2020, por ejemplo, el recibió 54,1 millones de dólares del Fondo Verde del Clima, como reconocimiento por haber capturado 14 millones de toneladas de dióxido de carbono entre 2014 y 2015.
Ese mismo año, Costa Rica logró otro acuerdo por 60 millones de dólares con el Banco Mundial por razones similares. Más recientemente, durante la COP26, el país amarró otros 20 millones, en este caso mediante la coalición LEAF y el gobierno noruego.
Las condiciones varían entre los acuerdos. Por ejemplo, el Fondo Verde le otorgó al país fondos no reembolsables, que se utilizarán en fortalecer el programa PSA, prevenir incendios forestales y financiar territorios indígenas. Estos se deben ejecutar antes de 2026.
Los fondos de la coalición LEAF, por su parte, son distintos. En este caso, corresponden a una “carta de intención” por las emisiones que el país va a capturar entre 2022 y 2026. Es decir, los fondos no llegarán hasta dentro de varios años, ya que la captura de emisiones todavía no ha sucedido.
Rodríguez explicó que, para lograr estos reconocimientos, un paso crucial es tener sistemas de monitoreo robustos. De esta forma, el país puede negociar a partir de datos y con cifras exactas sobre la captura de emisiones.
Costa Rica también ha logrado recibir fondos con mecanismos un poco más flexibles. En 2021, el país resultó el primer ganador del Earthshot Prize, un reconocimiento promovido por la corona inglesa a casos de éxitos en la conservación natural. Resultó ganador por el éxito del PSA en recuperar los bosques. Un premio que le aportó 1,3 millones de dólares.
En este caso, al ser fondos más flexibles, se utilizarán para crear un “PSA marino”, una forma de pagar a poblaciones costeras por proteger el océano. El mecanismo exacto aún está en etapas muy tempranas de diseño.
Canjes de deuda
El país, además, ha experimentado con otras formas de financiar la conservación de sus bosques. En términos simples, los canjes de deuda permiten a los países cambiar su deuda externa por fondos para conservación natural.
Este mecanismo fue popular durante los años ochenta, tras la crisis de deuda en América Latina. En 2007 y 2010, por ejemplo, Costa Rica realizó sus dos primeros canjes de deuda por naturaleza con Estados Unidos, un mecanismo con el que actualmente coquetean varios países de la región. El primero destinó 26 millones de dólares para la conservación en comunidades aledañas a áreas protegidas. El segundo destinó 27 millones de dólares directamente a las áreas protegidas.
Pia Paaby Hansen: “Lo importante es que estuvimos muy activos en la identificación de necesidades y de brechas financieras para lograr conservar efectivamente”
En ese momento, el país no contaba con una ONG capaz de administrar los fondos. Por eso, se creó la Asociación Costa Rica por Siempre, con el fin explícito de llenar ese vacío y administrar ambos canjes, explicó la gerente de programas de conservación de la organización, Pia Paaby Hansen.
“Lo más positivo (de este mecanismo) y lo que facilita la ejecución de los fondos es la gobernanza que tiene. Nos permite a nosotros manejar los fondos de una forma transparente”, aseguró Hansen.
En esencia, la asociación responde ante un Comité de Supervisión, donde hay representantes del gobierno estadounidense, del gobierno de Costa Rica y representantes de ONG. Ese comité es importante para negociar presiones por eventuales proyectos y clarificar las reglas del juego, explicó la gerente.
Los fondos han permitido la plantación de más de 60.000 árboles, la creación de 10 brigadas contra incendios forestales y la compra de tierras para conservación por más de 2 millones de dólares.
Este artículo de Sebastián Rodríguez lo publicó originalmente en Diálogo Chino y se republica bajo una licencia de Creative Commons
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