Otra estocada contra la democracia en Venezuela y el líder Juan Guaidó dio el régimen de Nicolás Maduro a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Declaró válida la junta directiva de la Asamblea Nacional nombrada el 5 de enero sin el cuórum de ley. Fuerzas militares impidieron la entrada ese día a la sede del legislativo a la mayoría de los parlamentarios
Como Guaidó reunió a la mayoría de los diputados fuera del recinto al cual les impidieron entrar, decidieron congregarse en otro sitio y llevar a cabo la votación. Con la asistencia debida y el porcentaje establecido en las normas del Poder Legislativo, el candidato del partido Voluntad Popular fue reelegido presidente de la Asamblea Nacional.
El grupo minoritario aliado con el oficialismo que sí tuvo acceso al Hemiciclo designó a los diputados Luis Eduardo Parra Rivero como presidente, a Franklin Duarte como primer vicepresidente y a José Gregorio Noriega como segundo vicepresidente.
La manera de anular la Asamblea Nacional que encontró el TSJ, a falta de pruebas de que hubo cuórum para elegir a Parra como presidente, prohíbe la instalación de “un parlamento paralelo o virtual, que no tiene ningún efecto jurídico” y “cualquier persona pública o privada que preste o ceda espacio para ello será considerada en desacato y cualquier acto ejercido como tal es nulo”.
Juan Guaidó es reconocido por más de 50 países como el presidente interino de Venezuela. El día que iba a ser reelegido como presidente del Parlamento, la Guardia Nacional impidió que entrara al Capitolio. Las fotos de cómo fue impedido por los militares recorrieron el mundo. Para cumplir lo pautado en la Constitución Guaidó y el grupo mayoritario de parlamentarios se congregaron en la sede del diario El Nacional.
En esa sesión pública 100 de los 167 legisladores votaron de manera personalizada en apoyo a Guaidó y los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia como vicepresidentes.
El Supremo contra Juan Guaidó
Mientras esto ocurría en la sede de la Asamblea Nacional se investía a Parra como presidente de la AN, en un acto que no fue público y donde no se han dado a conocer las actas con los nombres de los diputados que le apoyaron. Parra, que había sido expulsado de las filas opositoras por corrupción, asegura que su elección se hizo con 81 votos de los diputados presentes en el hemiciclo, pero no ha presentado la asistencia firmada de los diputados.
Desde ese 5 de enero en Venezuela hay una directiva reconocida por el régimen de Maduro y otra por las democracias del mundo. El activista de izquierda Enrique Ochoa Antich introdujo ante el TSJ un recurso para que se efectuaran nuevas elecciones de la directiva del Parlamento, pero con ponencia del magistrado Juan José Mendoza Jover, el TSJ respondió a la solicitud de amparo constitucional de Ochoa Antich. La declaró improcedente “in limine Litis” al considerar que “no existe actuación fuera del marco de la competencia constitucional y legalmente atribuida de la nueva junta directiva de la AN para el periodo 2020-2021, así como tampoco violación a derecho constitucional alguno por parte de los integrantes legítimos ”.
En la decisión. el Supremo prohíbe a Juan Guaidó ejercer como jefe de un “parlamento paralelo o virtual” y obvia la designación a todas luces irregular de Parra como presidente de la Asamblea Nacional.
La inhabilitación es el objetivo
Desde que ganaron las elecciones parlamentarias de 2015 los diputados opositores han debido enfrentar una cadena de obstáculos «legales» que le han impedido ejercer sus responsabilidades, mientras que en paralelo, una Asamblea Nacional Constituyente integrada por afectos al régimen sanciona leyes y «prepara» una nueva constitución.
En este contexto, Maduro anunció que este año habrá elecciones legislativas y claramente la acción del TSJ contra Guaidó es un paso más para inhabilitarlo políticamente. El partido Voluntad Popular al cual pertenecen Guaidó y Leopoldo López también enfrenta un asedio del régimen.
Vientos terroristas
Esta semana, Tarek William Saab, el fiscal general designado por la írrita asamblea constituyente, introdujo un recurso ante el TSJ en el que se califica a VP de ser «una organización criminal con fines terroristas», por su supuesta participación en la llamada Operación Gedeón (supuesto desembarco de militares rebeldes ocurrido los días 3 y 4 de mayo en las costas venezolanas).
«VP rechaza categóricamente las acusaciones del fiscal de la usurpación (Tareck William Saab), en las cuales nos pretende señalar de terroristas y organización criminal, características que en realidad describen a la dictadura. Nada detendrá nuestros ideales de libertad», indicó el partido naranja en un comunicado.
Ya la ilegítima ANC, presidida por el capitán Diosdado Cabello, había levantado la inmunidad parlamentaria de Guaidó y el TSJ le dictó prohibición de salida del país, de enajenar bienes e inmuebles y también anunció el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Aunque todavía el presidente interino no ha expresado su opinión sobre la decisión del TSJ, sí retuiteó el mensaje del primer vicepresidente de la AN:
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