La Corte Suprema de Canadá dictaminó que es legal el plan del Gobierno para gravar las emisiones de carbono, cónsono con lo establecido en el Acuerdo de París. En ese sentido, el ejecutivo puede obligar a las provincias a que impongan impuestos a las emisiones de gases con efecto invernadero que se produzcan en sus jurisdicciones.
Las provincias de Alberta, Ontario y Saskatchewan, controladas por líderes conservadores, se han mantenido al margen de los compromisos del primer ministro Justin Trudeau. Su gobierno elaboró un plan de fiscalización de emisiones de estos gases para luchar contra el cambio climático.
Con 6 votos a favor y 3 en contra, el alto tribunal de ese país, consideró que la Ley aprobada en 2018 para gravar esas emisiones es constitucional. Y al mismo tiempo, sostuvo que el Gobierno federal tiene la prerrogativa de actuar en una materia tan importante, como la crisis climática, que afecta a la totalidad de Canadá.
El fallo puso fin a cerca de dos años de impugnaciones legales. Y podría sentar las bases para un auge en la financiación y el apoyo comercial para las empresas emergentes canadienses. Dedicadas a desarrollar tecnologías amigables con el medioambiente.
El presidente de la Corte Suprema, el juez Richard Wagner, señaló que la amenaza que supone la crisis climática es mundial. Por tanto, está claro que «Canadá no está buscando invocar la doctrina de cuestión nacional demasiado a la ligera. La indiscutible existencia de una amenaza al futuro de la humanidad no puede ser ignorada», destacó.
Asimismo, argumentó que si el Parlamento federal no hubiese podido legislar para actuar contra las emisiones que causan la crisis climática, se habría provocado un daño irreversible en el país. Especialmente en las comunidades más vulnerables al cambio climático.
Corte Suprema de Canadá y las emisiones
La Ley de 2018 establece estándares de precios mínimos que todas las provincias de Canadá deben cumplir, pero les da la capacidad de fijar precios más altos. Hasta ahora, siete de las 13 provincias del país están pagando la tasa de «respaldo» establecida por el gobierno nacional.
Ese precio es de 30 dólares canadienses por tonelada de dióxido de carbono liberado. Pero se prevé que aumente a 170 dólares por tonelada para 2030. Esa cifra es solo un poco más alta que los precios actuales que se cobran a los californianos. Y aproximadamente cuatro veces el precio del carbono fijado por la Northeastern Regional Greenhouse Gas Initiative.
Explicó Wagner que la doctrina de “paz, orden y buen gobierno” se aplica cuando existe una “incapacidad provincial para tratar un asunto”. Y cuando la “falta de cooperación de una o más provincias impediría a las otras provincias abordar una situación con éxito”.
Desde esta perspectiva, el dictamen de la Corte Suprema de Canadá sobre las emisiones afirmó que una búsqueda de soluciones sin coordinación, dificultaría la lucha colectiva del país contra el cambio climático. Lo dijo en relación a algunas provincias que se niegan a imponer un precio al carbono.
Wagner insistió en que existe un “amplio consenso entre los organismos internacionales” sobre el cambio climático. De allí que el establecimiento de un precio al carbono es una “medida crítica para la reducción de las emisiones de las emisiones causante del efecto invernadero”.
Conservadores no creen en el cambio climático
Los jueces Russell Brown y Malcolm Rowe se mostraron opuestos a la decisión de la mayoría de la Corte Suprema de Canadá en respaldar el cobro de impuestos a las emisiones de carbono.
Brown señaló que el tema en cuestión corresponde a la jurisdicción provincial. Desde su perspectiva, las implicaciones de este fallo “van mucho más allá de la ley (del impuesto sobre el carbono). Abren la puerta a la intrusión federal, mediante la imposición de normas nacionales, en todos los ámbitos de la jurisdicción provincial. Incluidos el comercio y el intercambio intraprovincial, la salud y la gestión de los recursos naturales. Está destinado a provocar graves tensiones en la federación”.
Entretanto, el ministro federal de Medio Ambiente, Jonathan Wilkinson, dijo que el debate sobre la fijación del precio del carbono ha terminado. Y que el máximo tribunal ha afirmado que “la fijación del precio del carbono es parte integrante de cualquier plan creíble” para reducir las emisiones.
Desde las filas de la oposición, encabezada por el Partido Conservador de Canadá y su líder Erin O’Toole, el rechazo al impuesto al carbono es absoluto. El pasado fin de semana, los delegados que participaron en la convención política de este partido votaron en contra de una resolución que destacaba que “el cambio climático es real”.
O’Toole manifestó que, si es elegido al cargo de primer ministro de Canadá, abolirá “el impuesto liberal sobre el carbono”. Precisó que el tributo “amenaza cientos de miles de puestos de trabajo y pone a Canadá en desventaja competitiva en el mundo”.
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