La Corte Penal Internacional lleva 16 años recibiendo denuncias, informes y casos documentados sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela por los regímenes autoritarios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Tanto la ONU, como la OEA y varias ONG han llevado a ese tribunal gran número de pruebas. Pese a ello, ninguno de los casos había avanzado en La Haya… Hasta ahora.
La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, había pedido tiempo para conocer los expedientes documentados por distintas organizaciones, pero este jueves dio un primer paso. Manifestó que considera que existen «fundamentos razonables para creer» que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El pronunciamiento ocurre pocos días después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunciara una batería de sanciones en contra de la fiscal Bensouda y del jefe de jurisdicción, Phakiso Mochochoko, por la investigación continuada del tribunal de las acusaciones de crímenes de guerra contra militares estadounidenses desplegados en Afganistán.
Dudas sobre la CPI
El anuncio de estas sanciones, de boca del secretario de Estado Mike Pompeo, reavivó la polémica sobre las sostenidas denuncias contra la Corte Penal Internacional, por su falta de imparcialidad.
Por ejemplo, la Fiscalía no actuó ante las denuncias por crímenes de lesa humanidad contra el presidente de China, Xi Jinping, y del líder norcoreano Kim Jong-un. Adujo que China y Corea del Norte no son miembros de la Corte Penal Internacional, por lo cual no tenía jurisdicción para atender las causas. Sin embargo, acogió una denuncia presentada por el canciller del régimen chavista, Jorge Arreaza, en contra de Estados Unidos, aunque este país no es miembro de la CPI. Y mientras tanto, las denuncias contra la dictadura venezolana continuaban reposando en las amplias gavetas de la fiscal Bensouda.
Tales inconsistencias resultan incompresibles para las ONG y los organismos internacionales que han cuestionado la actuación de la CPI.
Cambio de rumbo
Tras el anuncio de las sanciones en su contra, Fatou Bensouda, en calidad de fiscal de la Corte Penal Internacional, comunicó que existen “fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte”. Despertó.
Dos funcionarios de la justicia chavista designados por la írrita asamblea constituyente, el fiscal Tarek William Saab y el defensor del pueblo Alfredo Ruiz, viajaron a La Haya. Tratan de impedir que la CPI avance a la siguiente etapa del proceso judicial. Sin embargo, Bensouda les informó que ya lo había hecho, que había indicios de delitos de lesa humanidad en los actos represivos de Nicolás Maduro.
Dos exámenes preliminares
La CPI dio cuenta de este encuentro. Dijo que en la reunión se habló sobre el estado de los dos exámenes preliminares separados, realizados por la Oficina, en relación con Venezuela. Estos se conocen como «Venezuela I» y «Venezuela II», iniciados en febrero de 2018 y febrero de 2020, respectivamente.
La Fiscalía de la CPI lleva a cabo exámenes preliminares, investigaciones y enjuiciamientos independientes e imparciales del crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Fin de las trabas
Los sectores democráticos en Venezuela han cuestionado las trabas de la CPI ante las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad. Dos organizaciones, la ONG El Amparo de tus derechos y el Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela, argumentan que ha habido «negligencia criminal» en la iniciación, tramitación y resolución de más de 120 denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro.
Tras el anuncio de la Corte Penal Internacional, los defensores de derechos humanos y de la causa de la democracia en Venezuela se pronunciaron. Uno de los primeros fue José Manuel Vivancos, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Expresó su satisfacción y dijo que este pronunciamiento «es un paso clave para que se inicie la investigación formal contra el régimen de Maduro».
Tamara Suju, abogada venezolana especialista en derechos humanos y delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la Corte Penal Internacional, dijo que «Venezuela debe estar contenta por este avance». Aseguró que «aunque la justicia internacional avanza de forma lenta, avanza de forma segura». Finalizó diciendo que «Venezuela va a tener justicia y los criminales van a ser juzgados».
El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, calificó el anuncio como «trascendental». Destacó que la primera vez que la fiscal reconoce que hay indicios de que en Venezuela se han cometido crímenes competencia de la CPI. Esto quiere «decir que el examen preliminar pasa a la siguiente etapa en la que se debe determinar si se han juzgado en el país a los responsables de esos crímenes». Se trata de “un enorme paso hacia la justicia», agregó.
Hasta el momento, no se ha producido pronunciamiento oficial alguno por parte de los voceros de la dictadura venezolana.
Próximos pasos
Suju explicó que con este anuncio se pasa de la Fase II a la Fase III del proceso. La Fase II, sirvió para determinar que hay fundamentos razonables de que en Venezuela se han cometido crímenes de de lesa humanidad. Los crímenes que están siendo investigados por la Corte son los asesinatos, las detenciones arbitrarias, las torturas, la violencia sexual y la práctica de desapariciones forzadas temporales, que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido en Venezuela.
En la Fase III, la Corte indaga si el sistema de justicia venezolano ha investigado y ha juzgado, de forma imparcial.
La Fiscal Bensouda reiteró que ambas situaciones (Venezuela I y II) permanecen en examen preliminar. Una vez finalizado, se tomara una decisión, sobre si se abre una investigación. Los detalles adicionales estarán disponibles en el próximo Informe de fin de año sobre las actividades del examen preliminar (2020).
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