Nicolás Maduro y sus cómplices están acostumbrados a lograr victorias jurídicas en Venezuela, donde son dueños de los tribunales. Pero fuera de las fronteras, con una justicia imparcial, las cosas son muy diferentes. A pesar de todos los esfuerzos, las ofertas y las visitas de cortesía hechas por funcionarios de la dictadura chavista a La Haya, la fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó que «existe fundamento» para creer que el régimen cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El anuncio de la CPI se suma a una larga cadena de reveses que la dictadura socialista ha sufrido en los escenarios internacionales. Hay evidencia de que en Venezuela, donde se violan los derechos humanos de manera recurrente, los altos jerarcas del régimen han cometido crímenes de lesa humanidad.
De una u otra manera, con mayor o menor vehemencia, lo han denunciado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y, ahora, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
A esto se agregan las causas que se le siguen a Maduro y sus más cercanos colaboradores en tribunales de Estados Unidos. Se les acusa por crímenes que van desde el terrorismo hasta el narcotráfico. Adicionalmente, son más de 50 los países alrededor del mundo que desconocen el régimen de Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Motivos suficientes
La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, concluyó que hay fundamentos razonables para incidir en que las fuerzas policiales y militares del régimen de Nicolás Maduro son responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“La Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional».
Las denuncias incluyen tortura, violación u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable. También persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.
El reporte aclara que la información recabada no excluye otros potenciales crímenes cometidos en el país suramericano. Destaca que el objetivo de este reporte es establecer “que si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones”.
Excesos policiales y persecución política
La CPI enumera como presuntos responsables de estos crímenes de lesa humanidad a miembros de la “Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.
Agrega que “la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.
Crecen las denuncias
La determinación de la CPI coincide con las de otros organismos internacionales como la ONU y la OEA. El más reciente reporte de la Organización de Estados Americanos arrojó estremecedoras cifras sobre los crímenes cometidos por la tiranía de Maduro. Entre ellos sobresalen las más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas por sus fuerzas desde 2014. También las más de 15.000 detenciones arbitrarias y cientos de casos de tortura. No obstante, aseguran que esta última cifra es probablemente mayor.
La Oficina de la Alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que dirige Michelle Bachelet, también incluyó las denuncias de tortura en su reporte de mediados de 2019.
“En la mayoría de los casos se sometió a las mujeres y hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”.
Hasta la fecha, la alta comisionada ha ido presentado actualizaciones periódicas de su informe. “Me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso. asimismo alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”, expresó.
Defensa ante las críticas
Sin embargo, la Corte Penal Internacional ha recibido fuertes críticas por la lentitud con que ha llevado el caso de Venezuela. Desde hace 16 años la CPI ha recibido denuncias, informes y casos documentados de violaciones de derechos humanos cometidas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue solo a principios de noviembre pasado cuando la fiscal Fatou Bensouda consideró que existen “fundamentos razonables para creer” que se han cometido crímenes de lesa humanidad.
En su informe de 153 páginas sobre el caso de Venezuela, la OEA, critica lo que considera la inacción de la Corte Penal Internacional ante las denuncias elevadas contra la dictadura chavista. En respuesta, la CPI reiteró en un comunicado su rechazo al reporte de la OEA. También se defiende de las declaraciones del secretario general del organismo, Luis Almagro criticó la lentitud por parte de la Corte, indicando que el retraso solo beneficiaba a Nicolás Maduro.
“La Fiscalía lamenta el tono y la forma del informe emitido por la Secretaría General de una organización internacional con la que la Fiscalía y la Corte como un todo esperan cooperar en un espíritu de buena fe y de colaboración mutua”, puntualizó.
Una causa abierta
La Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar sobre las innumerables denuncias contra la dictadura de Maduro. La acción se inició luego de que recibiera una remisión por parte de un grupo de países que forman parte del Estatuto. Entre otros, están Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
“Los Estados remitentes solicitaron a la Fiscal que inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, a fin de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas”.
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