La polémica sobre el uso y abuso de las tierras y aguas del Amazonas ha acompañado al gobierno de Jair Bolsonaro. Una decisión trascendente de la Corte Suprema de Brasil arroja importantes implicaciones climáticas para ese país, al reconocer el Acuerdo de París como un tratado de derechos humanos. Es la primera en el mundo y podría impactar en otras naciones.
La declaración se hizo como parte del primer fallo sobre cambio climático de la corte, que ordenó al gobierno brasileño reactivar completamente su fondo nacional para el clima. El Acuerdo de París, que establece el compromiso de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C, tiene ahora en Brasil el estatus de una enmienda a la Constitución, ya que se equipara con un tratado de derechos humanos.
“Los tratados sobre derecho ambiental son una especie de tratados de derechos humanos y, por ello, gozan de rango supranacional. Por lo tanto, no existe una opción legalmente válida para simplemente omitir para combatir el cambio climático”, precisó el fallo.
La sentencia fue la culminación de una demanda presentada hace dos años contra el gobierno de Bolsonaro por cuatro partidos políticos: el Partido de los Trabajadores, el Partido Socialismo y la Libertad, el Partido Socialista Brasileño y la Red de Sostenibilidad.
Argumentaron entonces que el fondo climático (Fundo Clima) creado en 2009 como parte del plan nacional de política climática de Brasil estuvo inoperativo en 2019. No se habían elaborado planes anuales ni aportado dinero para apoyar proyectos que mitiguen el cambio climático.
El tribunal celebró una audiencia pública en septiembre de 2020, en la que participaron científicos, académicos y representantes de la sociedad civil y grupos indígenas.
La Corte Brasil respalda el Acuerdo de París
La sentencia de la Corte Suprema de Brasil sobre el Acuerdo de París y su espaldarazo al combate de la crisis climática fue respaldada por diez de los once jueces presidentes. El juez Luís Roberto Barroso señaló el enorme aumento de la deforestación en la Amazonía brasileña en 2021. Un problema que no ha mostrado signos de desaceleración.
Brasil es el quinto mayor emisor de carbono del mundo y la deforestación es su mayor fuente de emisiones.
El fallo de la Corte Suprema obliga al gobierno brasileño a reactivar su fondo climático y tiene implicaciones para el derecho internacional.
La alta instancia judicial reconoció el fondo climático como la principal herramienta disponible para reducir las emisiones de Brasil. Por lo tanto, no usarlo fue una violación “por omisión” de la constitución nacional, que requiere que el estado proteja el medio ambiente para las generaciones actuales y futuras, recoge Climate Home News.
La sentencia señala que el gobierno reanudó “a toda prisa” algunas de las actividades del fondo climático después de que se presentó la impugnación legal, pero no todas. Ordenó al Estado reactivar adecuadamente el fondo, preparar y presentar planes anuales para la asignación de recursos y desembolso de fondos para proyectos.
Brasil es uno de los puntos críticos mundiales para los litigios climáticos fuera de EE UU, Australia y Europa, pero este fue el primer caso que llegó a la Corte Suprema del país. El tribunal aún tiene que pronunciarse sobre al menos otras dos demandas climáticas.
Decisión que exige compromiso climático, recursos y seguimiento
La primera de las demandas climáticas llama a la implementación adecuada del Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía. Esto es, de un paquete de medidas y directrices financieras acordado en 2004 por el gobierno para combatir la deforestación y la degradación amazónica.
Mientras que la otra cuestiona la incapacidad del gobierno para administrar adecuadamente el Fondo Amazonía, una iniciativa de preservación forestal creada en 2008.
La financiación internacional ha disminuido desde la elección de Jair Bolsonaro como presidente.
Todos los casos han sido presentados por partidos políticos. Es la única forma en que las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales pueden ser escuchadas directamente en la Corte Suprema.
Esta es la primera vez que un tribunal constitucional, como la Corte de Brasil, equipara el Acuerdo de París con un tratado de derechos humanos. En el sistema legal brasileño, esto significa que el acuerdo climático (2015) ahora tiene un estatus privilegiado, ocupando una posición superior a las leyes ordinarias y otras.
Luís Roberto Barroso, ministro del Supremo Tribunal Federal y colaborador académico de la Harvard Kennedy School, señaló que en 2021 la deforestación aumentó en más de 22%. Y alcanzó una superficie de 13.235 km2, la mayor en 15 años, lo que representa un aumento de 76% en la deforestación anual respecto a 2018.
Estos resultados indican que el país va en dirección opuesta a los compromisos internacionales asumidos y la mitigación del cambio climático. “Esta es la situación preocupante y persistente en la que se encuentra la lucha contra el cambio climático en Brasil. Pone en riesgo la vida, la salud y la seguridad alimentaria de su población, así como la economía en el futuro”, refirió
Acuerdo climático es un derecho humano
Caio Borges, gerente de cartera de derecho y clima del Instituto Clima e Sociedade (iCS) en Brasil, dijo que la declaración de la corte de que el Acuerdo de París es un tratado de derechos humanos le otorga un estatus legal por encima de la ley nacional. “Entonces, en casos futuros, si hay una impugnación de una política o una ley en relación con el Acuerdo de París, los tribunales aplicarán este entendimiento. Y habrá una presunción de que el gobierno deberá demostrar que la ley de impugnación no es en conflicto con (eso)”, comentó a Climate Home News.
Esta decisión ocurre en momentos en que la Corte Suprema de EE UU obstaculiza el poder de su Agencia de Protección Ambiental para regular las emisiones de carbono. El fallo brasileño también podría tener implicaciones fuera de sus propias fronteras.
Borges indicó que las organizaciones de derechos humanos estaban descontentas con el texto final del Acuerdo de París, que relegaba la mención explícita de los derechos humanos al preámbulo. “Entonces, tener un tribunal constitucional que califique el Acuerdo de París como un tratado de derechos humanos puede impulsar un movimiento global para que los tribunales hagan lo mismo en ese reconocimiento”.
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