La diatriba acerca de la libertad de expresión en Estados Unidos, vinculada a los recientes incidentes políticos, sigue escalando. Ya no se trata solo del bloqueo de las cuentas en redes sociales de Donald Trump y sus seguidores. Ahora, son los patrocinadores corporativos de los legisladores quienes han decidido hacer uso de medidas de presión contra quienes expresaron opiniones contrarias a lo que un sector de la sociedad considera «correcto».
La información fue desvelada por The Washington Post. La mayor parte de los patrocinadores corporativos de los 147 legisladores republicanos que se opusieron a la certificación de las elecciones presidenciales decidieron dejar de apoyarlos. El resto estudia tomar una acción similar.
Una medida sorpresiva
El Post contactó a los 30 empresas que más dieron dinero a los Comités de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) para financiar las campañas de los legisladores que objetaron la certificación de las elecciones. De ellas, 20 dijeron que suspenderán, total o parcialmente, los pagos de sus PAC y 9 empresas dijeron que revisarían sus aportes políticos o no se comprometieron a tomar ninguna medida. El otro donante consultado no respondió.
Esta medida, si bien evidencia que no existe consenso entre la gerencia privada estadounidense en cuanto a los hechos del Capitolio y sus efectos, envía un mensaje de las consecuencias que, para los legisladores, tendrán sus opiniones en el futuro.
El impacto de los PAC
Los Comités de Acción Política son organizaciones creadas para promover los puntos de vista de sus miembros sobre determinados asuntos y recaudar fondos para financiar a un candidato. Debido a que las leyes electorales limitan lo que ciertas personas e instituciones pueden donar a título individual, muchas grandes corporaciones y gremios forman un PAC para tratar de promover las candidaturas de quienes consideren más cercanos a sus posiciones ideológicas o a sus intereses empresariales.
Los PAC existen desde 1944. Son una herramienta para que los estadounidenses canalicen fondos que los permitan influir en las elecciones. Además, ejercen el derecho que les da la Primera Enmienda de la Constitución. «Reunirse pacíficamente en asamblea y pedir al gobierno la reparación de agravios». Sin embargo, muchos desconfían de los dineros corporativos metidos en las campañas políticas.
Según el Center for Responsive Politics, los PAC patrocinados por corporaciones contribuyeron con 360 millones de dólares en el ciclo electoral de 2020. Una pequeña porción de los 13.900 millones estimados gastados en total en la campaña. Pero los dólares donados por los comités de acción política vinculados a intereses comerciales tiene un papel enorme en la Cámara de Representantes. De acuerdo con un análisis de Bloomberg, esos fondos pueden ser un factor decisivo en quién asciende en la escala de liderazgo.
Una medida de presión
Bloquear los medios de financiación han sido una manera en la que corporaciones, grupos de interés, asociaciones y el público en general ejercen presión para que medios de comunicación, entes gubernamentales o empresas, apoyen o rechacen determinadas políticas. La comunidad LGBTI, por ejemplo, ha realizado boicots a los productos de anunciantes en programas de televisión que, a su juicio, discriminan al colectivo que representan.
Del mismo modo, ha sido utilizado por organizaciones ambientalistas para forzar a los congresistas a rechazar leyes que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente. Es allí donde los PAC se convierten en una herramienta de presión política. En este caso, que afecta a 147 legisladores republicanos, tiene un trasfondo esencialmente político. No se tata de defender el derecho a la igualdad de las personas, o de avanzar en la lucha contra el cambio climático o defender los derechos humanos. Se trata de un veto, en función de la posición que se asuma, con respecto a un hecho político.
La justificación
Quienes defienden esta posición de veto, argumentan que los legisladores que pidieron posponer la certificación de los resultados electorales están «propagando peligrosos mitos» sobre las elecciones. También les acusan de «provocar la violencia», así como ser los responsables por el asalto a la sede del capitolio el 6 de enero.
Lo peligroso en este caso es que la acción se toma sobre la percepción generalizada de lo que sucedió en la sede del Parlamento. Pero no obedece a una decisión que haya emanado de algún poder público y, mucho menos, a un proceso de investigación profundo.
Hay una notable diferencia entre la decisión del Congreso y el Senado, que finalmente permitió la certificación de los resultados electorales, a la condena exprés de redes sociales, medios de comunicación y ahora financistas. En el primer caso, el Legislativo actuó, luego de un debate y una votación. No encontró evidencia de fraude y, por lo tanto, certificó los resultados.
Sin embargo, las acciones de veto contra los legisladores que se oponían a la certificación, se produjo así, sin más. El mensaje es claro: si los medios y la opinión pública perciben que estáis equivocados, no hay razón para investigar. Simplemente se les da la razón.
Es probable que una investigación rigurosa determine algún grado de responsabilidad de Donald Trump y sus seguidores en algunos de los hechos que se produjeron en el Capitolio. Pero no hay certeza de que sea así. Mientras tanto, lo más prudente esperar que la Justicia siga su camino. Las turbas que linchaban a cuatreros y asesinos en el Lejano Oeste son cosas del pasado. Pero en el mundo digital podrían hallar un nuevo espacio.
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