El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso planteado por el Gobierno contra la reprobación del Rey, y en la que aboga por la abolición de la monarquía, que fue resuelto por el Parlamento catalán el pasado 11 de octubre. Para el Ejecutivo, el Parlament invadió competencias que no le corresponden y por ello impugnó la moción.
En su resolución el Parlament rechazaba “el posicionamiento del Rey y su intervención en el conflicto catalán” y abogaba por la abolición de la monarquía. La iniciativa salió adelante con los votos de los comunes Junts per Catalunya y ERC.
Los doce magistrados que componen el Pleno del Tribunal admitieron el recurso contra la resolución del Parlament pero todavía no implica su suspensión automática. El Ejecutivo no aplicó el artículo 161.2 de la Constitución, en el cual se puede suspender una resolución antes de entrar en el fondo del mismo.
20 días para alegaciones
Así, el pleno del Tribunal analizará si la resolución del Parlament es compatible con la Constitución pero su decisión tardará semanas en llegar. Mientras tanto, el Parlamento catalán, presidido por Roger Torrent, tiene un plazo de 20 días para formular alegaciones.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en contra del criterio del Consejo de Estado, explicó que es “absolutamente oportuno” que el Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de la resolución contra el Rey. El Gobierno considera que la reprobación está en contra de cinco artículos de la Carta Magna y dos del Estatuto de Autonomía catalán.
De igual forma, el Gobierno argumenta que la resolución del Parlament no es una declaración política, sino que implica su aprobación en sede parlamentaria genera directrices que pueden producir efectos jurídicos.
El Gobierno recurrió en concreto dos apartados de la iniciativa. Primero, el que condena la toma de posición del rey en el “conflicto catalán”, el que considera como una forma de justificar la violencia policial del 1-O.
Segundo, el punto en el que se “reafirma el compromiso con los valores republicanos” y se apuesta por la abolición de la institución monárquica, tachada de “caduca y antidemocrática”.
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