Por Cambio16
21/09/2017
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El Tribunal Constitucional ha acordado este jueves imponer una multa diaria de 12.000 euros diarios a los miembros de la sindicatura electoral catalana (el equivalente a una junta electoral) y al considerado su responsable, Josep Maria Jové, el número dos del conseller de Economía Oriol Junqueras.
También Monserrat Vidal y Roca, Jefa de Área de Procesos Electorales de la Generalitat, será sancionada con un multa de 6.000 euros al día, al igual que los síndicos de las demarcaciones territoriales.
En un comunicado, el Tribunal explica que las multas se impondrán con periodicidad diaria hasta que «justifiquen ante el Tribunal que han revocado las resoluciones adoptadas, paralizado por completo toda actuación considerada como incumplimiento de la suspensión del referéndum y comunicado a los destinatarios de dichas resoluciones que las mismas han quedado sin efecto».
Asimismo, el Tribunal asegura que la «finalidad» de las multas «no es la de sancionar», sino la de «obligar al cumplimiento de sus resoluciones».
Así, las multas «solo empezarán a imponerse, en caso de persistir el incumplimiento, a partir de las diez de la mañana del día siguiente a la publicación en el BOE – Boletín Oficial del Estado – de la presente resolución».
Josep María Jové fue detenido este miércoles en la operación ordenada por un juez de Barcelona para impedir la celebración de la consulta. Es el número 2 de la conselleria de Economía, el organismo de Cataluña que se ha encargado de los preparativos, la organización y la coordinación de la consulta.
Es la primera vez en su historia que el Constitucional hace uso de esta medida, de la que se dotó en 2015, junto a la herramienta de la suspensión de funciones, para hacer cumplir sus resoluciones a través de una reforma de su propia ley.
La Abogacía del Estado se dirigió la semana pasada al tribunal para denunciar la desobediencia.
Los detenidos
Junto a Jové, número dos de la Consellería de Economía de Cataluña, han sido detenido el secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó; Josué Sallent Rivas y David Franco Martos, ambos del CTTI, y Xavier Puig Farré, de la Oficina Asuntos Sociales. También ha sido arrestado Pau Furriol, propietario de una nave industrial en Bigues i Riells. En esa nave los agentes se han incautado de papeletas impresas para votar.
A falta de su recuento definitivo, las fuentes consultadas cifran en millones las papeletas de votación intervenidas en esta nave. El almacén está en el municipio barcelonés a la que también está vinculada Mercedes Martínez, otra de las arrestadas. Otros dos detenidos son David Palancad Serrano, de la Oficina de Asuntos Exteriores; y Juan Manuel Gómez, de la Conselleria de Economía y Hacienda.
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