Este lunes, el Consejo de la Unión Europea prorrogó por un año más las sanciones contra Venezuela. Considera que en este país persisten las acciones que socavan la democracia y el estado de Derecho, en medio de una prolongada traba política.
Las medidas restrictivas son cinco en total. Contemplan el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, así como la prohibición de viajar y de movilizar bienes a 25 personas que son responsables de violaciones de derechos humanos.
Como las sanciones vencen el miércoles 13, la prórroga ha sido fijada hasta el 14 de noviembre de 2020, según el comunicado. Y se deciden en medio de la agitación política que vive Latinoamérica, la cual pone en riesgo las democracias de la región.
Este constituye otro intento de la UE por buscar una salida democrática a la crisis de Venezuela. El Consejo adoptó estas medidas por primera vez el 13 de noviembre de 2017, ante el deterioro continuo de la democracia y de los derechos humanos durante el régimen de Nicolás Maduro. Y esa situación aún persiste y se refleja en una inédita migración de venezolanos.
En 2017, más de 6 mil protestas ciudadanas contra Maduro fueron fuertemente reprimidas por funcionarios policiales y militares. La represión dejó 163 fallecidos, jóvenes en su mayoría, y otro centenar de heridos entre el 1 de abril y el 31 de julio.
Sanciones ante la falta de democracia
Entre las medidas contra el régimen de Maduro está la prohibición de exportación de armas, equipos para la represión interna y también aparatos para las telecomunicaciones. La medida abarca la asistencia técnica, financiera y de otros tipo de servicios relacionados con estas áreas vinculadas a cuerpos policiales y militares, según el mapa de sanciones de la UE.
En el caso de las telecomunicaciones, la medida prohíbe expresamente “la exportación de equipos, tecnología o software destinados principalmente para su uso en el monitoreo o intercepción de Internet”, por parte del régimen venezolano. También para el de las comunicaciones telefónicas en redes móviles o fijas en Venezuela”.
Además, proscribe proporcionar servicios de monitoreo o intercepción de telecomunicaciones o Internet y asistencia financiera y técnica relacionada.
En defensa de los derechos humanos
Las sanciones de los Estados miembros de la UE recaen también sobre 25 funcionarios de Maduro a quienes responsabilizan de graves violaciones. A estos y a personas jurídicas comprometidas con estos hechos se le congelan los activos y se le prohíbe poner fondos a disposición. Y además, a las personas se les evitará la entrada o el tránsito por sus territorios, «a través de las personas que figuran en el anexo I de la Decisión del Consejo (PESC) 2017/2074.
En septiembre, el Consejo amplió la lista de sancionados e incorporó a siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia implicadas en torturas y otros malos tratos que violan los derechos humanos. Con esta decisión, elevó a 25 el número total de personas sujetas a medidas.
Cuatro de estos funcionarios están vinculadas a la muerte, por torturas, del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrida el 28 de junio. El joven militar se encontraba en custodia del Digecim, el cuerpo de inteligencia militar del Estado, que lo detuvo arbitrariamente por supuesta conspiración contra Maduro. Su muerte causó indignación internacional.
Entre los funcionarios sancionados por el Consejo de la UE se encuentran la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, y el ex ministro Tarek El Aissami. Ademas, los directivos del Consejo Nacional Electoral que preside Tibisay Lucena; y del Tribunal Supremo de Justicia que encabeza Maikel Moreno.
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