El Congreso de Brasil, de predominio conservador, aprobó una ley que amenaza los derechos de los pueblos indígenas a la mayor parte de la tierra que habitan o reclaman. La decisión abre potencialmente vastos territorios a la deforestación, la agricultura y la minería.
Con una mayoría de votos de 321 diputados y 53 senadores, el parlamento anuló un veto del presidente Lula para poder restaurar un proyecto de ley que suprime protecciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. La decisión podría marcar el inicio de una nueva batalla entre los legisladores y el máximo tribunal del país. Lula vetó en octubre algunos trechos del texto, incluido el «marco temporal». La tesis defendida por las empresas de agronegocio sólo reconoce el derecho de las personas indígenas -que totalizan 1,7 millones de los 203 millones de habitantes de Brasil- a reivindicar los territorios que ocupaban en 1988, cuando se promulgó la Constitución.
Sin embargo, las comunidades indígenas argumentan de que muchos pueblos originarios fueron expulsados a lo largo de la historia de sus territorios ancestrales, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985). El grupo de derechos Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) informó que llevaría el caso de nuevo al Supremo Tribunal Federal. Los legisladores de izquierda señalaron lo mismo.
“Los derrotados son los que no luchan. El Congreso aprobó la ley de marco temporal y otros crímenes contra los pueblos indígenas”, manifestó la agrupación. “Seguiremos impugnando esto. El objetivo es pedir la ‘inconstitucionalidad’ de toda la ley”. La misma corte declaró en septiembre inconstitucional el «marco temporal».
Decisión del Congreso de Brasil y las comunidades indígenas
Con los ánimos exaltados y sorprendidos por el resultado de la votación del Congreso de Brasil y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, se sucedieron varias reacciones.
«El marco temporal premia al ladrón de tierras indígenas», deploró la diputada indígena Celia Xakriabá durante la sesión.
Contrariamente, el senador Ciro Nogueira celebró la decisión. «Otro revés anulado (…) garantizamos la seguridad jurídica al agro brasileño», escribió en sus redes el ex jefe de gabinete del expresidente derechista Jair Bolsonaro (2019-2022).
Mientras tanto, la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, lamentó la decisión. «Es absurdo que mientras el mundo ya reconoce a los pueblos indígenas y sus territorios como una de las últimas alternativas para contener la crisis climática, el Congreso actúe a contramano», indicó en un video difundido en sus redes sociales.
Numerosos científicos consideran que las reservas indígenas son barreras contra la deforestación y, por lo tanto, claves en la lucha contra el calentamiento global.
Guajajara recurrirá a la Abogacía General de la Unión (AGU) para presentar una acción en el Supremo Tribunal y reafirmar la «inconstitucionalidad» del «marco temporal».
Según datos de la Funai, ente gubernamental de defensa de las poblaciones originarias, las reservas ocupan 13,75% del territorio del país.
Entretanto, el vicepresidente del Consejo Indígena Misionero (Cimi), Luis Ventura Fernández, afirmó que las entidades habilitadas para presentar una impugnación ante el STF tomarán esta decisión «en las próximas horas o días». Fernández consideró que la tesis trae inseguridad jurídica a los territorios indígenas del país y amenaza la supervivencia del pueblo.
También resaltó que la anulación de los vetos representa «lo que significa hoy el Poder Legislativo en el país, es decir, viola la Constitución”.
Historia reciente en defensa de los pueblos originarios
Desde que asumió su tercer mandato, Lula ordenó la demarcación de ocho nuevas reservas. En contraste con Bolsonaro, que cumplió su promesa de no homologar un «centímetro» de tierra durante su gestión.
Un poco de historia reciente sobre la defensa indigenista de Lula.
En octubre, el presidente brasileño vetó varios de los artículos de un proyecto de ley aprobado en septiembre por el Congreso sobre la demarcación de territorios indígenas. Incluyendo el más importante que limitaba el derecho de los pueblos originarios a las tierras de sus ancestros.
El veto del líder progresista, dejaba provisionalmente sin validez el llamado «marco temporal». Una tesis defendida por propietarios rurales y que limita los derechos de las personas indígenas a las tierras que ocupaban al día 5 de octubre de 1988, cuando fue promulgada la actual Constitución brasileña.
Dicha tesis fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo a mediados de septiembre, pero una semana después el Senado ignoró la decisión de la máxima corte. Y la incluyó como su principal propuesta en el polémico proyecto de ley, ahora vetado parcialmente.
El jefe de Estado tenía plazo hasta este viernes para sancionar la iniciativa legislativa o vetarla. Y, en el tiempo límite, decidió vetar tan solo algunos artículos con el fin de no contrariar a los influyentes partidos oficialistas que apoyan la tesis del «marco temporal» ni a congresistas que defienden los intereses de las personas con propiedades rurales.
«Veté hoy varios artículos del proyecto de ley 2903 de 2023 para dejarlo acorde con la decisión del Supremo Tribunal Federal sobre el asunto», afirmó el octubre el mandatario.
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