Por el perjuicio realizado a la Hacienda Pública, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, fue condenada junto a siete miembros de su equipo a pagar 26,7 millones de euros, por vender 18 promociones inmobiliarias por debajo del precio de mercado.
Según una sentencia del Tribunal de Cuentas, el precio de venta de todos estos inmuebles fue “inferior al mínimo jurídicamente exigible”.
La negociación se realizó en octubre de 2013 entre el Ayuntamiento de Madrid y “dos fondos buitre”, que formaban parte del conglomerado de Blackstone, el mayor casero de España.
Las 18 promociones inmobiliarias totalizaban 5.315 inmuebles, entre ellos 1.860 viviendas de protección públicas, además de garajes, trasteros y otros locales.
La operación se hizo dando información privilegiada a los fondos, “sin pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial”.
La resolución hace referencia a la venta total de los inmuebles que realizó la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) al grupo Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone.
Fidere compró las viviendas por 70.000 euros cada una. Una cantidad que el Ayuntamiento de Botella fijó muy a la baja por las prisas derivadas del gran agujero económico que presentaba la EMVS.
“Solo por la transacción, Fidere habría sacado un beneficio de 127 millones de euros resultante de la tasación pactada con el Consistorio con respecto al valor de mercado que, en 2013, presentaban esas viviendas y que la actual corporación municipal lo fija en 145.600 euros por piso”, reseñó El Mundo.
Según el Tribunal de Cuentas esto provocó “un menoscabo injustificado en el patrimonio público”.
Negociación sin pliegos y estudios técnicos
Junto a la exalcaldesa Ana Botella (del PP), los otros condenados son Fermín Oslé, exconsejero delegado del EMVS; Concepción Dancausa, exdelegada del Gobierno en Madrid; Diego Sanjuanbenito, actual viceconsejero de la Comunidad de Madrid; Pedro Corral, actual concejal municipal del PP; María Dolores Navarro Rey, concejal de Transparencia en Torrejón de Ardoz; José Enrique Núñez, que ejerce ahora de viceconsejero de Justicia en el Gobierno regional, liderado por Ángel Garrido; y Paz González, exconcejal de Urbanismo y Vivienda. Tres de los condenados ostentan actualmente cargos públicos.
“Además del perjuicio económico por haber realizado una venta a la baja, el Tribunal identifica otras irregularidades en la operación, como la ausencia de pliegos y de estudios técnicos, así como que en los concursos no se garantizó la libre participación. En definitiva, concluye que eran procesos ideados para que hubiera un beneficiado”, destacó El País.
El Tribunal de Cuentas dio 15 días para recurrir la sentencia.
Cada uno de los condenados debe cancelar 2,8 millones de euros, excepto Fermín Oslé, que al ostentar el cargo de consejero delegado de la EMVS cuando se realizó la venta, debe abonar otros tres millones de euros.
Desde la EMVS confirman que la resolución es el resultado de la denuncia por el agravio financiero, pero avisan: «Esta sentencia es solo por el delito contable, pero hay otras dos vías abiertas: la penal y la administrativa«. La vía administrativa busca la nulidad de la venta realizada ya que, en base a las pruebas aportadas, fue fraudulenta.
Recurrirán la condena
La demanda contra Ana Botella y su equipo la introdujo el pasado año el Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena reclamaba un daño patrimonial superior a los 55 millones de euros.
Botella y los miembros de su equipo anunciaron que recurrirán la condena.
«La decisión acordada por el Tribunal de Cuentas será recurrida en tiempo y forma por todos los miembros de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid», reseñó Europa Press.
Los concejales condenados indicaron que la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid «no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas«, solo «en su calidad de Junta General de Accionistas de la citada mercantil».
Asimismo explicaron que solo ratificaron “el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la EMVS había aprobado previamente”.
Los acusados confirman que van a recurrir la sentencia recordando que “la Fiscalía del propio Tribunal de Cuentas solicitó la desestimación de esta demanda al no apreciar responsabilidad contable”.
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