Los nueve líderes políticos privados de libertad por la sentencia del procés, seguirán en prisión sin ningún tipo de permisos ni concesiones, como pretendían los condenados. Las juntas de tratamientos de las tres cárceles catalanas en las que están recluidos los dirigentes independentistas, han llegado a la conclusión de no conceder ningún privilegio.
Por ahora, los condenados por el cargo de sedición deberán cumplir su pena en un estatus de «segundo grado», lo que significa que estarán encarcelados en un módulo con otros internos y con posibilidad de recibir visitas y de tener comunicación con el exterior. No obstante, no podrán salir del recinto.
¿Qué supone el segundo grado penitenciario?
Este régimen no prevé salidas, aunque puede flexibilizarse con la aplicación de artículos del reglamento penitenciario que les permitiría, por ejemplo, ir a trabajar o ejercer voluntariado https://t.co/tYr7MLtVXI
— 24h (@24h_tve) December 11, 2019
Los privados de libertad habían solicitado ser presos de calificación de «tercer grado», condición que les permitiría disfrutar de permisos para salir de la cárcel en fechas como Navidad.
No obstante, la posición de las juntas de tratamientos de las cárceles podría cambiar de un momento a otro.
ERC abordó el tema en las negociaciones con el PSOE
A pesar de la decisión de las juntas de tratamiento de las prisiones, los nueve líderes independentistas condenados por el procés, que son Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, aún tienen posibilidad de que le concedan los permisos.
La decisión de las tres prisiones debe ser ratificada por el Departamento de Justicia de la Generalitat, donde los sectores independentistas son mayoría. Para ello existe un plazo máximo de dos meses.
.@martavilaltat: «Anirem a la pròxima reunió amb 3 objectius: 1⃣ concretar la mesa de negociació entre Catalunya i Espanya, 2⃣ exigir respecte a les institucions catalanes i els seus màxims representants, i 3⃣ reiterar que cal posar fi a la via repressiva» pic.twitter.com/4FwAbFxSXf
— Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) December 9, 2019
Una vez haya una sentencia de la Generalitat, las defensas de los nueve condenados por el procés podrán introducir un recurso al juez de vigilancia penitenciaria, reclamando el tercer grado.
Este aspecto fue abordado por ERC en sus negociaciones con el PSOE. De hecho, el permiso de los privados de libertad e incluso el indulto se ha convertido en una de las condiciones para que los republicanos no obstaculicen la investidura de Pedro Sánchez.
Otro recurso para los condenados del procés
Los independentistas privados de libertad por la sentencia del procés cuentan con otro recurso para obtener el estatus de «tercer grado» si la vía de la Generalitat o la negociación de ERC se ven frustradas.
Se trata de la aplicación del artículo 100.2 del reglamento, que les permitiría salir cada día a realizar un voluntariado social o a cuidar de familiares enfermos.
🇪🇸 Proponemos que las competencias penitenciarias vuelvan a ser del Estado.
📡 @InesArrimadas «No pueden ser los compañeros de partido de Junqueras los que decidan los privilegios de los presos del ‘procés’ en las cárceles» en @CsCongreso pic.twitter.com/DzIjYUhPtU— Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) December 11, 2019
Sin embargo, esta acción solo la podrían emplear luego de dos meses, ya que antes la Generalitat debe emitir su resolución final sobre el caso.
Conceder el artículo 100.2 depende exclusivamente de las juntas de tratamiento de las cárceles.
Debate intenso
El secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat, Amand Calderó, aseguró que que hubo un «intenso debate» dentro de las juntas de tratamiento, sobre considerar entre la concesión del segundo y el tercer grado a los condenados por el procés.
Según Calderó los miembros de las juntas de las prisiones se mostraron divididos y no hubo unanimidad en el asunto. Además, ha añadido que se ha realizado la propuesta de clasificación de los presos de forma individual.
Asimsimo, Calderó recordó que las juntas pueden evaluar cada seis meses una revisión de la clasificación en función de los programas individuales de tratamiento de cada interno.
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