Por Cambio16
27/04/2018
La cuestionada condena a La Manada desvela un nuevo elemento polémico. Se trata de lo establecido en la Ley Penitenciaria en relación al derecho penitenciario y los permisos de salida. Fundamentalmente, en el caso de la condena a La Manada, los miembros del grupo -condenados a nueve años de cárcel por un delito de abusos sexuales y absueltos del delito de agresión sexual- llevan en prisión preventiva desde julio de 2016. Con esta circunstancia, y dado que la Ley establece que la prisión preventiva debe descontarse de la condena- los miembros de La Manada cumplirían un cuarto de la condena en octubre de este año. Especialmente relevante cuando éste es el tiempo que establece el derecho penitenciario -bajo ciertas condiciones- para que un condenado pueda solicitar permisos de salida de prisión.
Los permisos de salida son una excarcelación temporal de la persona presa. El objetivo de los permisos de salida, según la Ley, es que el preso, antes de estar en libertad condicional, vaya retomando su contacto con la sociedad de manera progresiva. Y al mismo tiempo se atenúen los efectos nocivos del internamiento prolongado en prisión. No obstante, debe cumplir con ciertas condiciones para obtenerlo. (buena conducta en prisión y que el tribunal no haya expresamente ordenado la no concesión de ese derecho). Asimismo, éstos permisos sólo se podrán pedir una vez que la condena impuesta sea firme. Algo que, en el caso de la condena a La Manada, no se producirá hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación.
La condena a La Manada abre una batalla judicial
Cabe destacar que los abogados de los cinco acusados ya han anunciado nada más conocerse la condena a que van a recurrir el fallo judicial. Asimismo, manifestaron que van a pedir la puesta en libertad de los encausados. Las partes tienen un plazo de diez días para recurrir la sentencia conocida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). Una vez que reciba los recursos,el TSJN suele tardar alrededor de otro dos meses en dictar sentencia. Este proceso suele durar alrededor de dos meses.
Frente a ello, la Fiscalía de Navarra anunció que recurrirá el fallo de la condena a La Manada. Principalmente, el ministerio público mantiene que la calificación de los hechos probados debería ser la de agresión sexual. Por ende, la pena de prisión, que ya había pedido en sus escritos, debe ser superior a los 20 años. La sentencia ha sido muy polémica debido a que la diferencia entre abuso y violación está en si hay o no violencia o intimidación. La narración que hace la sentencia de los hechos probados es interpretada mayoritariamente como la definición de intimidación. Pero los dos magistrados que firmaron la condena los han interpretado como delito menor.
Y siguen las protestas
Por su parte, el portavoz del Gobierno, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, ha declarado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, va a valorar si la tipificación de los delitos relativos a abuso y agresión sexual está convenientemente reflejada en el ordenamiento jurídico español o si es preciso una actualización de la misma. Y mientras esta batalla judicial apenas empieza, las manifestaciones en todo el país siguen su curso. Los manifestantes han llevado sus protestas a la sede del Ministerio de Justicia. Asimismo, a la Audiencia de Navarra. En todas se pide la modificación de la sentencia.