Propuestas y estrategias de acción para una el uso responsable de la tecnología digital
¿Los presupuestos públicos no deberían atender a la crisis eco-social en vez de crear nuevas necesidades de dependencia tecnológica incompatibles con la salud, el medio ambiente y el clima? ¿La felicidad de nuestras vidas reside en la acumulación interminable de objetos conectados? ¿Qué sentido tiene todo ello si acelera nuestra trayectoria de colapso ecosocial? ¿Para qué nos servirá la supuesta liberación (de tiempo, de necesidad de organización) que nos ofrece esta hiperdigitalización si por el camino se erosiona toda posibilidad de una vida libre, o simplemente, pone en juego la salud del planeta?[1]
Stefan Armborst/Marisa García Mareco (Asociación BONA ONA) / bonaona@bonaona.org
Desde su creación hace casi un año, Bona Ona (asociación de información y divulgación sobre radiaciones no ionizantes), una asociación registrada en las Islas Baleares en defensa de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito de la tecnología, ha publicado casi 40 artículos en Cambio16.[2] En ellos hemos dilucidado, desde múltiples ángulos, argumentos consolidados por qué es urgente una moratoria y un amplio debate político, social y científico sobre las nuevas tecnologías inalámbricas “5G-New Radio”, “Internet de las Cosas” (IoT) y el proyecto terrestre-espacial del “Wifi Global”, que se nos imponen para una completa digitalización de la economía y de la sociedad.
En nuestro modo de ver el futuro de la sociedad, esta digitalización dista mucho de ser consecuencia “lógica y necesaria” de un supuesto progreso técnico neutral. Tampoco respeta nuestros derechos.
Frente a los inminentes peligros socio-ecológicos y de salud por la creciente contaminación de los hogares con irradiaciones no ionizantes, nos enfocaremos obviamente a la necesidad de aumentar la protección de nuestras viviendas –sobre este aspecto ya hemos informado exhaustivamente.[3]
Un mayor conocimiento y una conciencia lúcida sobre estos aspectos, también nos inducen a una actitud de consumo responsable que busca mitigar las múltiples huellas ecológicas globales del “mundo de la nube”. Las tecnologías de la información y la comunicación no son inmateriales, sino que inciden ineludiblemente en el calentamiento global y la catástrofe climática que aceleran.
Las siguientes líneas quieren aportar propuestas de acción para elevar la conciencia ciudadana a nivel municipal y para reclamar el pertinente accionar responsable de las autoridades municipales.
Practicando la moratoria 5G en nuestros hogares y en nuestras relaciones
La introducción de la tecnología 5G (incluidas antenas, 20.000 satélites iniciales y nuevos terminales telefónicos) y su Internet de las Cosas (millones de objetos y dispositivos conectados), multiplican las elevadas demandas extractivistas de la industria digital y de sus consecuencias ambientales, climatológicas y sociales, así como “acortará” inevitablemente la vida útil, entre otros dispositivos, de los llamados teléfonos “inteligentes”.[4]
📣 En nuestra vida diaria, renunciemos conscientemente a la tecnología 5G y a toda la parafernalia de aparatos, dispositivos y electrodomésticos relacionados con el Internet de las Cosas. En la manera de lo posible, hagamos un alto en el camino de la desenfrenada “modernización” de nuestros equipos informáticos y digitales para mitigar la obsolescencia programada. Asumimos la reutilización, la reparación, el compartir y la compra de segunda mano en una práctica diaria solidaria con el presente y el futuro del planeta.
📣 No nos enganchamos en el tren de la supuesta “necesidad” del 5G. Nos negamos a ser parte de las estrategias mercantilistas de las empresas operadoras. Un ejemplo es la «vía Movistar al 5G» que busca integrar los enrutadores de banda ancha fija de sus 6 millones de clientes, en España, como plataformas para su red móvil 5G. Si al router, dentro del hogar, se le añade una pequeña antena, llamado picocelda o femtocelda, la compañía necesita instalar menos cantidad de las celdas pequeñas 5G en marquesinas, farolas o mobiliario público. Las consecuencias: nuestro hogar se convierte en un sumidero de microondas por captar las señales de un circuito en red de 100 metros a la redonda.
📣 Contrarrestamos las prácticas de ocultación o desinformación utilizadas por las empresas operadoras para que nos enganchemos a la avalancha de nuevos dispositivos digitales 5G. Cambiamos a compañías locales alternativas que no participan en la instalación del 5G.
📣 En nuestra vida personal e incluso profesional, en nuestras relaciones, en nuestras familias y comunidades, demos pasos concretos para reducir la dependencia del wifi y del mundo digital. Redescubrimos el valor del encuentro en persona, de los intercambios que no pasan por las redes sociales, de las actividades recreativas que no dependen de lo digital, de los juegos y los beneficios que nos aporta el acercamiento al mundo natural.
📣 En nuestras relaciones, sobre todo con los niños y la juventud, nos liberamos de la influencia abrumadoramente adictiva de la mayor parte del entretenimiento digital, así podremos redescubrir la riqueza de la observación, del JAM (jugar-afuera-en movimiento), de las actividades que desarrollan las inteligencias múltiples, de los juegos cooperativos y de recursos educativos holísticos que nos hacen crecer en valores y nos ayudan a descubrir nuestros potenciales y los dones y talentos que nos permiten aportar para una vida de calidad.
¿Queremos una sociedad dependiente que invierta en la tecnología digital cada espacio-tiempo de nuestras vidas, en beneficio de los fabricantes que además de vendérnosla podrán explotar la gran cantidad de datos que nos conciernen?[5]
📣 Buscamos emplear alternativas tecnológicas con menos contaminación electromagnética, más controlables y más descentralizadas. El despliegue global de los servicios y tecnología 5G (que son elitistas y excluyentes, con dispositivos más caros), lejos de reducir la brecha digital y social, la aumenta en detrimento de utilizar otras tecnologías algo más biocompatibles (igual o más rápidas y más seguras, como el cable de fibra óptica), y de otros modelos de consumo, como las redes comunitarias.
📣 Optamos por una moratoria personal en la compra de tecnologías con conexión inalámbrica. Optamos por el do-it-yourself (¡hazlo tú mismo!) y el sabio decrecer (porque ha hemos sobrepasado el límite de la capacidad de carga del planeta). El Internet de las Cosas y el 5G crean nuevas necesidades que solo se pueden permitir las capas privilegiadas de la sociedad. Lejos de mejorar las condiciones sociales de la comunidad, el 5G nos obliga a una carrera consumista y potencia la dependencia tecnológica. Introduce en nuestra vida cotidiana millones de dispositivos inalámbricos interconectados de dudosa utilidad (móviles de alta gama; ropa y pañales monitorizados; electrodomésticos, relojes, persianas, etc. conectados a Internet) Y es la puerta de entrada para sofisticados sistemas y prácticas de vigilancia (a través del bigdata) y de control alienante sobre nuestras mentes y nuestros cuerpos que convierten la libertad del individuo definitivamente en un imposible.
En los municipios alrededor del mundo crecen las resistencias y el reclamo de una moratoria 5G
Es a nivel local donde cada vez más personas pertenecientes, sobre todo, a los colectivos vulnerables sufren las consecuencias de la nueva infraestructura 5G. Y es donde está surgiendo un movimiento que insta a los gobiernos municipales a pronunciarse a favor de una moratoria 5G y de que en todos los niveles (estatales, autonómicos, municipales) se aplique el requisito necesario del Principio de Precaución.[6] Dos ejemplos:
En Italia, al menos 600 municipios se declararon contra el despliegue del 5G, y 3 regiones aprobaron mociones de precaución apoyándose en la Resolución de Vicovaro de 2019, patrocinada, entre otros, por el Instituto Ramazzini (colaborador de la OMS en el estudio del cáncer), asociaciones médicas de medio ambiente (ISDE Italia y ASSIMAS), la Comisión Internacional de Seguridad Electromagnética (ICEMS).
En Francia, la Convención Ciudadana por el Clima, órgano consultivo/representativo, propuso al Gobierno una moratoria del 5G “en la espera de los resultados de la evaluación del 5G en el ámbito de la salud y del clima”, apoyada por las principales organizaciones ecologistas francesas (Agir pour l’Environnement, Amis de la Terre, Greenpeace, Extinction Rebellion), por 40 alcaldes y alcaldesas y una treintena de diputadas y eurodiputadas de diferentes formaciones políticas, por más de 35 plenos municipales (Hendaya, Lyon, Lille, Bergerac, Rchirolles, L’Ìlle-Saint-Denis, la supramunicipalidad de Burdeos, …), y por la Asamblea parlamentaria de Córcega.[7]
Y en España: Una nueva Ley General de Telecomunicaciones que infringe los derechos constitucionalmente establecidos de la autonomía local
En las semanas antes del 13 octubre de 2020 –plazo final para la entrega de alegaciones al anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones y a la Memoria de Impacto Normativo[8]– surgió un debate social sobre las consecuencias que tendría para la autonomía de los municipios la aprobación de este proyecto de ley, el cual claramente había sido redactado “por y para los intereses de la industria de las telecomunicaciones, en detrimento de los derechos a la salud de las personas que habitamos en el Estado español”.[9]
En sus alegaciones que entregó la Asociación Bona Ona consta que este proyecto de ley:
📣 Infringe tanto el artículo 148.1 de la Comunidad Europea que establece las competencias de las comunidades autónomas, como la estipulación de las competencias locales establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley 7/1985, en los cuáles consta explícitamente “el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones”.
📣 Incumple los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Este proyecto de ley establece que no se requerirá ningún tipo de comunicación previa (ni por supuesto de concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o declaración responsable) para la instalación o explotación por los operadores de puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas (las llamadas “celdas pequeñas”). Esto impedirá a las administraciones públicas disponer de información sobre la existencia de estos puntos con vistas a su necesaria inspección y control, lo que a su vez implicará que la ciudadanía tampoco podrá acceder a información
📣 Aumenta al máximo las competencias del Estado eliminando en todo lo posible las respectivas competencias a las comunidades autónomas, a los municipios y a la ciudadanía. No permite expresamente a las comunidades autonómicas ni a los entes locales aplicar límites de exposición precautorios, como los solicitados por la propia Resolución 1815 de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, reducción de límites que, como constata el defensor del pueblo, incumple el Estado español. De esta manera anula lo dispuesto en el Título VIII de la Constitución, la Carta Europea de la Autonomía Local y la normativa básica de régimen local, por los que los Municipios disponen de competencias propias en materia urbanística, de salud y medio ambiente.
📣 Impide que las entidades locales puedan establecer límites a las emisiones electromagnéticas que mejoren, para proteger más a la ciudadanía, lo establecido en la Recomendación del Consejo 1999/519/CE (que pueden mejorarse, como la propia Recomendación señala, lo que se ha hecho en diversos Estados de la Unión Europea y en otros Estados externos).
El artículo 43 de la Constitución Española establece el derecho a la protección de la salud, y la obligación de los poderes públicos de controlar y tutelar a través de medidas preventivas la instalación de cualquier elemento que potencialmente pueda afectarla. Cabe acotar que si cualquier nueva instalación de telecomunicaciones debería estar sujeta a esta evaluación ambiental, sería condición imprescindible que cualquier nuevo despliegue tecnológico que se lleve a cabo en cualquier dominio público o privado haya presentado previamente un Plan de Despliegue. Dicho plan no consta en el anteproyecto de Ley y es imposible saberse si la desregulación es absoluta y si ni tan siquiera es necesario un permiso o una declaración de responsabilidad para instalar nuevas antenas 5G (artículos 49.9, 49.10 y 49.11).
El anteproyecto debería incluir en su articulado la obligatoriedad de que, antes de su aprobación, cualquier norma, estrategia, plan, proyecto u otros instrumentos análogos relativos a las telecomunicaciones sea objeto de evaluación ambiental y de evaluación sobre la salud.
La primera moción municipal en el desarrollo de 5G en las Islas Baleares
Los 5 puntos de la solicitud de moción presentada por la Plataforma Stop 5G de Artà (Mallorca) en favor de una “moratoria en el desarrollo de la tecnología 5G hasta que no se demuestre su inocuidad mediantes estudios científicos independientes” siguen la propuesta de Ecologistas en Acción y la Asociación Bona Ona:
📣 Se pronuncia a favor de una moratoria al desarrollo del 5G ante el insuficiente debate público y de estudios independientes sobre sus impactos potenciales en ámbitos como la salud, el ambiental y el climático, y a favor de iniciar un debate sobre esta tecnología que sea amplio, pluralista y con transparencia informativa, que no sucumba al conflicto de intereses.
📣 Rechaza el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones porque atenta contra la autonomía municipal y autonómica en el desarrollo, control y seguimiento de las redes de telecomunicaciones. Se propone, además, “elevar al Gobierno central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales y autonómicas deberá contar con la participación de éstas”.
📣 Comunica al Gobierno central la necesidad de que cualquier reforma de la Ley de Telecomunicaciones debe atender criterios de salud, ambientales y climáticos, por encima de los beneficios económicos y no atender solo los intereses especulativos de la industria.
Siguiendo el ejemplo del municipio de Artá, la Asociación Bona Ona ha iniciado una campaña ciudadana cuyo objetivo consiste en conseguir que el mayor número de parlamentos locales (tanto dentro como fuera de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares) aprueben esta declaración política en favor de una moratoria en la implementación de la tecnología 5G.
La actitud ciudadana y política a nivel local resultará decisiva para que los municipios empiecen a ejercer sus derechos de actuación y responsabilidad que les fueron otorgados por derecho constitucional, leyes orgánicas estatales y legislaciones supranacionales de obligado cumplimiento.
Propuestas de posibles actuaciones por parte de las autoridades locales
En este sentido, el memorándum que la Asociación Bona Ona elaboró para los municipios surge porque entendemos que las autoridades locales están en la obligación de
📣 Acordar la investigación y determinación de las administraciones públicas competentes en el control de la implementación de la tecnología 5G.
📣 Defender los intereses de la población municipal por encima de los intereses económicos de las grandes operadoras privadas, en el sentido de proteger los intereses de los consumidores, ya que es su obligación como administración pública.
📣 Ejercer de forma inmediata y en beneficio de la población del municipio, todas las competencias municipales en relación a la tecnología 5G.
El memorándum entiende que la actuación de los municipios puede incidir en las siguientes cuestiones:
📣 Asociarse en entidades supramunicipales para ejercitar competencias de más amplio alcance, logrando competencias relacionadas con el número de habitantes que cada municipio no tiene en materias de inspección, así también tiene efecto sancionador.
📣 Requerir al organismo competente toda la información detallada relativa a la situación y actividad de las estaciones, antenas, emisiones y estudios de seguridad y salud respecto a las emisiones de radiación electromagnética en su municipio.
📣 Promover y llevar a cabo una consulta popular sobre la implementación de la tecnología 5G en el municipio.
📣 Organizar, promover, favorecer y entregar toda la información posible existente respecto a la tecnología 5G, especialmente todo aquello que permita a los habitantes su propia autoprotección.
📣 Requerir a los organismos de salud competentes la realización de estudios epidemiológicos relativos al estado de salud de los habitantes por zonas, especialmente enfocados hacia la situación de antenas, estaciones, transformadores y otras instalaciones de radiación electromagnética.
📣 Solicitar estudios independientes respecto del impacto en la salud y medio ambiente de la tecnología 5G y que sean publicados en la web del municipio.
📣 Emitir bandos relativos a las materias de competencia municipal en contaminación electromagnética.
📣 Acreditar mediciones de actividad electromagnética de antenas y estaciones de telecomunicaciones en los municipios revisando su adecuación a la normativa vigente.
Conscientes de la importancia de que nuestros gobiernos municipales protejan nuestro derecho a una comunidad sana, nuestro derecho a la privacidad, nos unimos con nuestra comunidad para promover urgentemente esta moción de moratoria del 5G.
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