Al político mexicano Benito Juárez se le atribuye la frase «El derecho al respeto ajeno es la paz«. La sentencia es clara. No se puede lograr una verdadera convivencia si los derechos de unos se colocan por encima de los derechos de los otros. Se trata de una premisa que, con frecuencia, se olvida cuando se habla de los derechos de un sector de la sociedad al que se representa, obviando al resto de los colectivos. Un ejemplo claro sucede cuando se prima el llamado derecho a la vivienda por encima del derecho a la propiedad.
Okupaciones, invasiones, recuperación de espacios, recuperadas, expropiaciones. En distintas latitudes recibe diversos nombres. Pero en el fondo, el asunto es el mismo: habitar una vivienda ajena sin pagar nada a cambio. La excusa: si el espacio está desocupado, el propietario no lo necesita. Palabras más, palabras menos.
Algunas estimaciones calculan en más de 12.000 el número de propietarios que sufren cada año en España la okupación de sus viviendas. El Partido Popular habla de unas 40 usurpaciones diarias. Por ello, presentó una proposición de ley en el Congreso para endurecer las penas y agilizar los desahucios.
La ley tiene muchos resquicios que los okupas conocen bien. Y saben cómo aprovecharlos. Si pasan desapercibidos al menos durante 72 horas después de la okupación, las fuerzas de seguridad necesitarán una orden judicial para desalojarlos. En cambio, si les pillan durante las primeras 48 horas pueden ser expulsados sin más. Se les hace más fácil cuando se trata de casas vacías propiedad de Hacienda, de las administraciones, de bancos o de fondos de inversión. En este caso, los trámites de expulsión, de por sí muy lentos, se ralentizan aún más.
Propietarios piden protección ante los okupas
Es cierto que el Gobierno de España aprobó en junio de 2018 una ley de desahucio exprés, que ha agilizado en alguna medida la desokupación. Sin embargo, la primera notificación del juzgado suele llegar a los seis meses de inicio del procedimiento. Demasiado tarde, porque los okupas ya llevan ese tiempo en la vivienda.
Además, las penas para los infractores son bastante laxas. El delito de usurpación está castigado en el Código Penal con prisión de 1 a 2 años, cuando la okupación se lleva a cabo con violencia e intimidación. En caso de una usurpación «pacífica», será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.
El sector inmobiliario ya ha mostrado su preocupación por el auge de la okupación en España. Es por ello que reclaman al Gobierno «medidas contundentes» para frenar este fenómeno con celeridad. Ya consideran de extrema necesidad defender la propiedad privada.
Esta laxitud y los vacíos legales han permitido que la okupación haya aumentado un 58% en los cinco últimos años, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. Y se trata de un problema que no deja de crecer. A las justificaciones por los desorbitados precios de los alquileres, especialmente en las grandes ciudades, se suma ahora la crisis económica provocada por la alerta sanitaria de la COVID-19.
A grandes males, grandes remedios
Vacíos legales, retardo procesal, laxitud en las penas y estado de necesidad han formado una «tormenta perfecta» para el crecimiento exponencial del fenómeno de okupación. Por esta razón, los dueños de viviendas han decidido defenderse pagando con la misma moneda. Se está convirtiendo en okupas de sus propias viviendas.
Sin embargo, la solución no es tan sencilla. Los abogados no recomiendan desafiar a los okupas. Ni siquiera de forma pacífica. En España es muy conocido el caso de Manuel Vázquez. Intentó recuperar su vivienda en Mataró (Barcelona), mientras los invasores estaban de vacaciones en Baleares. Cuando regresaron de su descanso, los okupas denunciaron al propietario, quien tuvo que declarar ante los Mossos d’Esquadra.
Pero así como los okupas han «estudiado» las leyes para aprovechar los vacíos que les permitan entrar en las viviendas y quedarse allí, los propietarios se han dado cuenta de que puede ser un arma de doble filo, de la cual se pueden aprovechar.
En lugar de entrar en sus viviendas para recuperarlas, se buscan un okupa «contratado». Una persona que entre en la vivienda cuando los los okupas «originales» estén fuera varios días. Por ejemplo, si han salido de vacaciones. Este punto es importante, ya que deben pasar 72 horas después de la okupación para que las fuerzas de seguridad no puedan desalojarles sin una orden judicial.
Otros propietarios han optado por tener un dispositivo de alarma que alerte cuando alguien ha entrado a su casa. Si se avisa a la policía de inmediato, se puede aducir que ha sido una tentativa de robo o un allanamiento de morada.
Una solución legal
Esta lucha de buscar vacíos legales para defender la propiedad o hacerse de una vivienda parece ser, por ahora, la única herramienta con la que cuentan unos y otros para defender lo que consideran justo. Para evitarlo, se debería lograr el consenso político y así buscar una solución jurídica a largo plazo. Sin embargo, esa salida luce poco probable, al menos por ahora.
Y es que las cinco fuerzas parlamentarias con mayor representación en el Congreso (PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Cs) tienen ideas muy distintas acerca de cómo resolver el problema. Las formaciones de la llamada centro derecha se pronuncian por el endurecimiento de las penas para los okupas. Pero aún entre ellos hay divergencias en cuanto a la dureza de las acciones.
Mientras, los que se consideran de centro izquierda priman la necesidad de resolver primero la necesidad de vivienda de los okupas. Solo entonces se podría hablar de expulsarlos.
Celeridad y mayores penas
Ciudadanos, PP y Vox han registraron hasta cuatro proposiciones de ley el pasado mes de julio, que se debatirán ahora en septiembre. En el caso de Ciudadanos, la propuesta hecha el 10 de julio en el Congreso de los Diputados busca endurecer el delito de usurpación, regulado en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.También plantea agilizar las expulsiones de los okupas que se adueñen de una casa ilegalmente.
La proposición del Partido Popular es muy similar a la de la naranja. Tiene como objetivo principal “agilizar la desokupación de las viviendas” y “dar fuerzas a los tribunales ante una demanda de un particular”. Con esto buscan frenar las okupaciones. Aseguran que se producen hasta 40 acciones de este tipo cada día en España.
También proponen endurecer el delito de usurpación, eliminando la sanción de multa para las okupaciones sin violencia. Sería modificada por una pena de prisión de uno a tres años.
La posición de Vox es la más radical de todas. Apuestan por la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que se estaría cometiendo un delito flagrante, incluso pasadas las 48 horas actuales. Así, defienden que la casa okupada debería poder ser desalojada “inmediatamente”. Defienden el uso la fuerza policial como una solución fundamental para la desokupación exprés. También proponen aumentar la pena de dos a seis años de cárcel para el delito de usurpación sin violencia, actualmente sancionado con una multa.
La vivienda social
El PSOE se ha pronunciado menos respecto al problema de la okupación. Evade el tema y se concentra en la promoción de la vivienda de alquiler social. Su socio de Gobierno, Unidas Podemos, defiende prohibir el desalojo de usurpadores “sin una alternativa habitacional”.
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