La paralización de la economía durante el confinamiento y la crisis subsiguiente han provocado un desplome casi sin precedentes del mercado inmobiliario en España. Con los primeros aires de la desesclada están llegando también las primeras esperanzas de una reactivación pospandemia. Y en Madrid ha dado algunos pasos la simplificación de los trámites urbanísticos que apalanquen el repunte del sector.
La Comunidad de Madrid apuesta por el Pacto Regional por la Vivienda, con el que el Gobierno regional marca las pautas de actuación a seguir en este sector. También están preparando una serie de modificaciones de la Ley del Suelo. Anuncian que ello redundará en la flexibilización de los usos del suelo no protegido de la región.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid terminó la redacción de la nueva Ordenanza de Simplificación de Trámites Urbanísticos (OSTUM). Con esta normativa, elaborada por el Área de Desarrollo Urbano, la autoridad local ofrece menos trabas, mayor celeridad, más seguridad y, además, menores costes.
Reglas de juego claras
La profunda crisis económica generada por las condiciones de confinamiento ha provocado dudas en los inversores. Por ello, las iniciativas de la Comunidad Autónoma de Madrid, en materia urbanística, buscan «eliminar y simplificar los requisitos que complican los cambios de uso de suelo no protegido, a fin de dinamizar la actividad inmobiliaria».
Tal es el caso de la propuesta de introducir una serie de modificaciones de la Ley del Suelo. La iniciativa busca permitir la flexibilización de los usos del suelo no protegido de la región. La meta es que «los espacios urbanizados puedan reconvertirse de forma sencilla y rápida, en función de las cambiantes circunstancias que impone la demanda». En resumen, menos burocracia y más celeridad.
En la actualidad, la normativa estatal, regional y local complica este tipo de operaciones de reconversión. Aunque existen procedimientos que permiten alterar el uso que se da al suelo, lo más habitual es que la autorización de dichas operaciones se demore en el tiempo y quede sujeta a todo tipo de trabas burocráticas.
La CAM quiere agilizar este tipo de operaciones, «especialmente cuando los cambios propuestos están pensados para usos comerciales, residenciales, dotacionales y de oficinas». Se trata, por ejemplo, de facilitar los procesos mediante los cuales una vivienda pasa a operar como oficina, una oficina pasa a tener uso residencial, etc.
Pacto Regional por la Vivienda
Así mismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidió este lunes en la Real Casa de Correos la firma del Pacto Regional por la Vivienda. El acuerdo cuenta con colaboración con los principales agentes inmobiliarios de la región. De esta manera, el Gobierno regional marca las pautas de actuación a seguir en este sector, clave para la recuperación económica madrileña como consecuencia de la crisis originada por el COVID-19.
Se trata «del pilar de otros futuros pactos» para paliar «los efectos económicos y sociales de la pandemia, impulsar el sector inmobiliario y facilitar un derecho institucional, el acceso a la vivienda», dijo.
El Pacto se asienta sobre siete pilares que buscan contribuir a crear empleo y riqueza en la Comunidad de Madrid a través de un sector que genera el 7% del empleo directo, el 15% del indirecto, y aporta hasta el 10% del PIB madrileño:
- Ahondar en la fórmula de colaboración público-privada para movilizar todos los recursos disponibles que reactiven el sector.
- Desarrollar políticas fiscales que bonifiquen y promuevan la vivienda.
- Fomentar un mayor apoyo a la vivienda social.
- Modernización administrativa, para evitar los trámites que retrasan y encarecen los proyectos
- Establecer un marco regulatorio, estable, transparente y equilibrado que favorezca la atracción de nuevas inversiones y la implantación de nuevos negocios y proyectos.
- Propiciar un sistema financiero e hipotecario que posibilite su promoción, tanto en régimen de compra como de alquiler.
- Llevar a cabo una transformación y actualización, propiciando la consolidación definitiva de su profesionalización.
Simplificación de Trámites Urbanísticos
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid también se apunta a la búsqueda de propuestas innovadoras que impulsen el desarrollo urbanístico como vía para la recuperación económica. Con este objetivo en mente, presentó la nueva Ordenanza de Simplificación de Trámites Urbanísticos (OSTUM).
Se trata de una norma que aúna en un único texto las dos que existen en la actualidad para la obtención de licencias. Estas son la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas (OMTLU) y la Ordenanza de Apertura de Actividades Económicas (OAAE).
Las autoridades dijeron que el cambio va más allá de integrar ambas normas. La propuesta incluye un nuevo marco normativo que ofrece «seguridad jurídica, proporcionalidad de los procedimientos en relación con las diversas actuaciones urbanísticas y que acorta los tiempos de tramitación».
Esta herramienta «va a revolucionar la forma en la que la administración se relaciona con los ciudadanos», dijo la vicealcaldesa, Begoña Villacís. El delegado del Área, Mariano Fuentes, presentó las principales novedades de la normativa.
Mayor celeridad
El nuevo texto reduce casi en un 40% el volumen de artículos que regulan las licencias en Madrid. Pasa de los 136 actuales a 87. Esto la convierte en una normativa «más concisa y sencilla».
El impulso a esta ordenanza es, además, una de las medidas incluidas en el Plan de Choque de agilización de licencias del Área de Desarrollo Urbano para ayudar a la recuperación de la ciudad tras la crisis sanitaria por la COVID-19. Entra ahora en la fase de solicitud de los informes internos.
Los objetivos principales de la ordenanza son los siguientes:
- Eliminar la dispersión normativa actual y unificar criterios.
- Reducir y simplificar los procesos y la documentación exigible en cada caso.
- Potenciar la información y el asesoramiento al ciudadano.
- Reforzar los mecanismos de control de la administración.
- Revisar los procedimientos de disciplina y los procedimientos sancionadores.
- Lograr mayor celeridad y eficacia ante actuaciones ilegales.
- Definir el ámbito de actuación de las Entidades de Colaboración Urbanística (ECU).
Todo ello redundará en una nueva forma de tramitar procesos urbanísticos y en un mejor funcionamiento de la ciudad, dijeron las autoridades.
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