La comunidad internacional respalda mayoritariamente las denuncias hechas por la alta comisionada Michelle Bachelet en su informe sobre las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela. El documento de 15 páginas fue encargado por el Consejo de Derechos Humanos.
«La independencia del sistema de justicia de Venezuela se ha socavado considerablemente, alimentando la impunidad y las violaciones de los derechos humanos», destaca el informe.
El documento también denuncia que algunas minas de oro, diamantes y bauxita en la selva venezolana están controladas por organizaciones criminales que explotan, golpean e incluso asesinan a trabajadores.
Respaldo de Europa
España comparte la postura de la Unión Europea: «Las últimas decisiones electorales demuestran que el Poder Judicial no es independiente. Estamos comprometidos con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para atender la crisis en Venezuela. Insistimos la necesidad de abordar de forma urgente la mejora de los derechos humanos, en paralelo con una solución negociada que derive en elecciones presidenciales y legislativas democráticas».
Portugal expresó su preocupación la situación de Venezuela. Instó al régimen de Nicolás Maduro a respetar los derechos humanos. Luxemburgo, Eslovenia, Georgia y la República Checa detallaron su alarmante inquietud por la grave violación de los derechos humanos del régimen de Maduro. Denunciaron los constantes atropellos contra los miembros de la Asamblea Nacional y contra los que no comulguen con los ideales políticos de la camarilla instalada en Miraflores.
Elecciones libres
La representación del gobierno de Colombia manifestó que el sistema judicial venezolano viene acompañado de «restricciones de las libertades fundamentales». Urgió a un llamado a elecciones presidenciales libres y justas con un sistema comicial imparcial.
Asimismo, recordó que Colombia recibido al menos 1,8 millones de venezolanos que escapan de la crisis humanitaria. Reiteró que, pese a la pandemia, no han claudicado en la atención de migrantes. Tomás Guanipa, embajador de Venezuela en Colombia por el gobierno interino, agradeció al gobierno de Iván Duque por su posición a favor de la defensa de los derechos de los venezolanos.
Perú aprovechó para condenar las últimas decisiones del régimen de Maduro, con especial énfasis en la designación de un ilegal Consejo Nacional Electoral. También reiteró su apoyo a «una salida pacífica a la crisis, liderada por los propios venezolanos, a través de elecciones generales, presidenciales y parlamentarias, que sean libres, justas y creíbles».
Argentina expresó su profunda preocupación por las violaciones incluidas en el nuevo informe. Instó al régimen de Nicolás Maduro a cumplir con las recomendaciones de la ONU. Además, pidió elecciones justas y creíbles.
«Coincidimos en que solo el orden constitucional, la democracia y el Estado de Derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela», dijo Federico Villegas, el embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra.
Asesinatos y ecocidio en la selva venezolana
Nada al-Nashif, la segunda autoridad en ACNUDH, presentó los resultados de su investigación sobre el Arco Minero del Orinoco. Los trabajadores en la zona, rica en recursos minerales, están sometidos a crueles abusos y violencia.
El informe denuncia que 149 personas han sido asesinadas dentro o alrededor de las minas desde marzo del 2016 hasta este año. Las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en la mitad de los hechos.
«De acuerdo con las versiones recibidas, cadáveres de mineros son lanzados a las excavaciones que utilizan como tumbas clandestinas. Las autoridades deben tomar medidas para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y el tráfico de personas, además de desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras», dijo Bachelet sobre el informe.
ACNUDH llamó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a regularizar las actividades mineras y a garantizar que se realicen bajo los estándares internacionales y medioambientales.
Informe tras informe
El 4 de julio del año pasado, Michelle Bachelet presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe con fuertes críticas al gobierno venezolano. Denunció y documentó las «graves violaciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales«. Desde entonces, la alta comisionada ha actualizado su reporte cuatro veces. Primero en septiembre y luego en diciembre de 2019.
Hizo otro en marzo de este año, antes de la declaratoria de la pandemia. Y, finalmente, la semana pasada, cuando precisó que su oficina ha seguido documentando restricciones en Venezuela al espacio cívico y democrático .
El documento denuncia la estrategia oficial «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición y a quienes critican al gobierno». También declaró que la profunda crisis económica ha privado a la población de los medios para satisfacer su alimentación y cuidados médicos.
Tras entrevistar a 558 víctimas y testigos de las violaciones, el documento incluyó 23 recomendaciones al régimen de Maduro para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos y servicios de atención de la salud.
Así, otras peticiones fueron poner fin a las torturas y ejecuciones extrajudiciales, así como liberar a todas las personas privadas de su libertad. Del mismo modo, propuso detener y condenar la persecución y represión por motivos políticos, así como disolver las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional.
Bachelet afirmó que las recomendaciones servirían para «frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas».
Pocos avances
El régimen de Nicolás Maduro ha atendido parcialmente solo 2 de las 23 recomendaciones. Lo aseguró Provea, una ONG defensora de derechos humanos en un balance del crítico informe y sus cuatro actualizaciones.
De la misma manera, entre las indicaciones desatendidas, Provea reclama la garantía de acceso de la ayuda humanitaria bajo las normas de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa.
Liliana Ortega, abogada y fundadora de Cofavic, la ONG defensora de derechos humanos de más experiencia en Venezuela, destaca que las actualizaciones del informe de la alta comisionada evidencian “la poca cooperación” del régimen madurista.
Respuesta del régimen
En la reunión en Ginebra, el embajador de Maduro ante la ONU, Jorge Valero, rechazó el reporte. Sin embargo, no mencionó específicamente la minería ilegal: «Está claro que existen manipulación y doble estándar con la intención de atacar a un estado soberano y exponerlo».
Por su parte, el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, calificó el informe de hace un año como “errático”. También lo vilipendió por no tener “rigor alguno”. El propio mandatario opinó que “repite mentiras” y denunció que Bachelet expresó su “envidia” al redactarlo.
El llamamiento de Bachelet
En su último informe ante el Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet dijo que las decisiones recientes del Tribunal Supremo de Justicia sobre el nuevo poder electoral y los principales partidos de oposición «disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos».
Insistió en que la población «sigue padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, la escasez de combustible y la precariedad de los servicios de salud».
Lea también:
Conforme a los criterios de 
Saber más
