Una de las mejores maneras de identificar cuán democrática es una sociedad, es ver cómo maneja la libertad de expresión y la prensa independiente. Para los autócratas, la crítica es totalmente inaceptable. Nunca la atacan directamente, sino que utilizan subterfugios o artilugios legales o ideológicos para cerrarle el paso. Pero a veces, se valen de esa libertad para, a través del control de los medios, coartar la libertad de información desde allí. El Comité contra la Desinformación en España y bloqueo informativo en Estados Unidos plantean las dos caras de la moderna.
En el caso de los regímenes autocráticos, la mayoría de las veces, ponen de manifiesto una extraordinaria creatividad para encontrar estrategias de marketing que les permitan disfrazar la censura como si fuese un programa de defensa de los derechos de sus ciudadanos.
Ninguno tiene la honestidad de llamar a estos mecanismos por su nombre real: censura. En su lugar optan por «pseudónimos» atractivos como Responsabilidad Social de la Prensa, Defensa de la Verdad Ciudadana, Protección del Derecho a la Información Veraz, Ley Contra el Odio, Comité contra la Desinformación. Aunque finalmente, la sabiduría popular, en cada país donde surgen estos adefesios legales encuentra siempre el apodo más apropiado: Ley Mordaza o Ley de Censura. Estos, entre muchos otros, reflejan la verdadera intención de quienes los promueven.
Y en el caso de las «dictaduras de los medios», el manejo que estos hacen de la libertad de información, sirve en muchos casos para influir en la política y en la sociedad en su conjunto. A William Randolph Hearst, el magnate de la prensa estadounidense, se le atribuía la capacidad de decidir, desde sus periódicos, quién sería presidente y los ministros.
No estamos muy lejos
Si bien las medidas contra la libertad de expresión son comunes en regímenes abiertamente totalitarios, como ocurre en China, Corea del Norte, Nicaragua o Venezuela, se convierte en una tentación en sistemas democráticos. Y en España, el comité de actuación contra la desinformación, que aprobó el Consejo de Seguridad Nacional, ha encendido las alarmas.
El punto de partida será el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018 de la Unión Europea para contrarrestar cualquier campaña de fake news. Sin embargo, en esta ocasión el Gobierno estará a cargo de esta comisión. Las autoridades competentes para combatir la desinformación serán la Secretaría de Estado de Comunicación, la Presidencia del Gobierno (DSN), el Centro Nacional de Inteligencia, los Gabinetes de comunicación de los Ministerios y otros organismos. En concreto, la nueva estrategia gubernamental estaría liderada por Iván Redondo, asesor político de Sánchez, y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación. Y aquí surge la gran pregunta, cuando el Gobierno controla todo, ¿quién controla al Gobierno?
Proteger la verdad al Gobierno
Iván Redondo es el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. En consecuencia, es uno de los hombres clave de su equipo. Se encarga de enhebrar los hilos de la comunicación política del Gobierno, tanto del presidente y como de los ministros.
Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, tiene, como es de esperarse, un rol protagónico en la política comunicacional de la Moncloa. En medio de la pandemia, ha participado de forma activa en las comparecencias de Pedro Sánchez y Fernando Simón.
Se recuerda que los periodistas hace meses firmaron un manifiesto en contra de Oliver, por su sistema de las ruedas de prensa pandémicas, en las que algunos vieron censura previa, con la excusa del formato telemático.
Las primeras voces
El presentador de «Cuarto Milenio», Iker Jiménez, ha sido uno de los primeros en pronunciarse. Señaló el peligro de lo que calificó como un intento del Gobierno de controlar los medios. A través de su cuenta de Twitter, donde suma más de 600.000 seguidores, comparó el plan del Gobierno con las prácticas de las dictaduras comunistas en la época de la Guerra Fría. El sovietismo estalinista.
«En tiempos de la DemoKratikoPolizei de la RDA, se vigilaba a los periodistas y se les decía lo que debían decir. Una parte de la prensa, no pequeña, jaleaba estas actitudes. Les parecía muy bien. Para estos periodistas la política y la consigna era más importante que la libertad», escribió en la red social. El texto estaba acompañado con un fotograma de la película «La vida de los otros», que trata sobre el control ejercido por la Stasi, la policía secreta de Alemania del Este, sobre los círculos intelectuales.
La Asociación de Medios de Información (AMI) advirtió que el comité contra la desinformación podría vulnerar el artículo 20 de la Constitución, que reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) dijo que la disposición «deja en el aire varios aspectos importantes» que suscitan «una profunda preocupación por las eventuales consecuencias que pueda acarrear al libre ejercicio del periodismo».
La FAPE, además, recuerda al Gobierno que son los periodistas y los medios «los que deciden qué es y qué no es noticia y qué es lo que se publica o no» y denuncia que un comité gubernamental «nunca podrá decidir sobre la libertad editorial de un medio».
Revuelo en la oposición
El presidente del PP, Pablo Casado, informó que recurrirá ante las instituciones europeas el plan «orwelliano» del Gobierno. Lo considera un «ataque a la democracia». Apuntó que la función del Gobierno no es «velar por quién dice una mentira», sino «decir él la verdad».
Ciudadanos considera que este plan del Gobierno, con el pretexto de perseguir la desinformación, constituye una forma de censura. Es, por tanto «un mazazo a la democracia». Inés Arrimadas critica la pretensión «de un Gobierno que no para de decir mentiras».
Igualmente Vox afirma que se trata de un «abuso» y promete acciones en Bruselas y en el Parlamento Europeo. Llevará el asunto ante la subcomisión de desinformación del Parlamento Europeo, de la mano del eurodiputado Jorge Buxade.
Análisis en la Unión Europea
La Comisión Europea comenzó a analizar a fondo el plan del Gobierno de España al conocer las críticas de la oposición. El Ejecutivo comunitario está «al tanto» de la medida que fue aprobada en el margen del estado de alarma. La Comisión ha reiterado y subrayado que vigila la aplicación de las medidas de emergencia durante la pandemia para evitar abusos y excesos que contradigan la democracia y las libertades elementales.
Esteban González Pons, eurodiputado por el Partido Popular, criticó duramente esta iniciativa del gobierno Podemos-PSOE. Dijo que está aprovechando la preocupación de la Comisión Europea por la interferencia extranjera en procesos electorales o en decisiones vitales de los estados europeos para halar la brasa para su sardina.
«Creo que utilizan a la UE como pantalla y que deberían, si quieren luchar de verdad contra las noticias falsas, encuadrarlo adecuadamente y no hacerlo depender de la presidencia del Gobierno porque transmite mas inseguridad que seguridad», aseguró.
A su juicio, no tiene sentido controlar a los medios de comunicación nacionales en España. Agregó que «lo sorprendente es que sea creado como una dependencia del gabinete del presidente del Gobierno y se incorpore al secretario de Estado de Comunicación».
La eurodiputada Maite Pagazaurtundua envió una carta al comisario de Justicia, Didier Reynders, para advertirle del trasfondo del comité contra la desinformación y pedirle una reunión.
Al otro lado del charco
El caso de los Estados Unidos plantea la otra cara de los problemas en torno a la libertad de prensa. El presidente Donald Trump, inmerso en una disputa electoral que todavía no termina, ha sido objeto de bloqueos por parte de las redes sociales, ataques de los medios de comunicación y hasta un abrupto corte de la transmisión de uno de sus discursos por las cadenas nacionales de televisión.
El candidato demócrata, Joe Biden, cuenta con el apoyo mayoritario de los principales periódicos, señales de televisión y radio. Algunos han roto su tradición de autonomía editorial. Habría que recordar que en los comicios de 2016 Hillary Clinton tenía más de 200 medios de su lado, mientras que Donald Trump tenía solo 6. Él venció. Ese ejemplo expone las dudas de si los apoyos de medios ayudan o perjudican a los candidatos- Pero en el caso de 2020, la historia podría ser diferente.
Lo cierto es que el magnate convertido en político ha sido quizás el más «impopular» de todos los presidentes para los medios de comunicación. Y estos lo han atacado tanto como han podido. Las redes sociales le han bloqueado cuentas a él y a sus colaboradores. La lista es larga.
Cese de la transmisión
El más reciente capítulo ocurrió este jueves en la noche. El presidente Donald Trump emitió un pronunciamiento sobre las irregularidades en el proceso electoral. Sin embargo, la transmisión de esta conferencia de prensa fue cortada abruptamente por las cadenas de noticias. ABC CBS y NBC le quitaron la señal. ¿El argumento? Consideraron que el discurso presidencial fomentaba la desinformación.
El canal MSNBC cesó su transmisión en vivo. «Bueno, aquí estamos nuevamente en la posición inusual de no solo interrumpir al presidente de Estados Unidos, sino también corregir al presidente de Estados Unidos», dijo el presentador Brian Williams con su cara bien lavada.
CNN emitió totalmente la declaración en vivo, pero el presentador Jake Tapper arremetió contra el mandatario. «¡Qué noche más triste para Estados Unidos de América ver a su presidente acusar falsamente a la gente de intentar robarse las elecciones!», señaló.
Esta acción, plantea dos discusiones. La primera tiene que ver con la responsabilidad del presidente de no desinformar al país. La segunda sobre si los medios de comunicación deberían o no tomar acción cuando se presentan este tipo de situaciones.
Crisis entre los republicanos
Las acusaciones de Trump hicieron mella no solo en los medios de comunicación, sino que también provocaron grietas en el Partido Republicano. «Contar cada voto es el corazón de la democracia», dijo Mitt Romney, senador y excandidato presidencial republicano en 2012.
Asimismo, Marco Rubio, senador por Florida y uno de los más cercanos a Trump, remarcó que el hecho de que «tome días para hacer el cómputo de votos no es fraude». El gobernador de Maryland, Larry Hogan, subrayó que «no hay defensa para los comentarios» de Trump, que consideró que «socavan el proceso democrático».
De tener una Comisión contra la Desinformación, como la que plantea el Gobierno de España, Donald Trump tendría la potestad de acusara los medios por «desinformación» y realizar campañas de comunicación pública dirigidas para contradecirla. Quizás no lo pensó antes.
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