Francisco José Lloreda Mera
El 29 de mayo pasado, los 17 embajadores de la Unión Europea en Colombia enviaron un mensaje en Twitter en el que decían que respaldaban los diálogos y la negociación como «la única vía para una salida sostenible a la crisis», en clara oposición al uso legítimo de la fuerza para el levantamiento de los bloqueos y detener el vandalismo.
Fue noticia de primera página y apertura de los noticieros radiales y televisivos y en las redes sociales. Los que están a favor del mal llamado paro nacional —pues es impuesto y no voluntario— están felices e igual varios opositores al Gobierno. Qué mejor para sus fines que algunos países de la Unión Europea veten al uso de la fuerza. Los adalides de los derechos humanos, el diálogo y la negociación, con una historia prístina y libre de violencia, abusos y exterminios aleccionan a Colombia sobre lo que se debe hacer.
Olvidan los embajadores que, por respeto, no se opina sobre los asuntos internos del país en el que se desarrolla la misión diplomática y que sus países son especialmente celosos de tal principio.
Y olvidan, también, que las protestas con violencia y vandalismo, y el uso legítimo de la fuerza para restablecer el orden, no son exclusivos de Colombia. Procedo a recordarles, a manera de ejemplo, algunos casos recientes, seguramente olvidados.
Francia tiene una larga reseña de protestas y enfrentamientos con la policía. Emanuel Macrón tuvo su primera protesta masiva tan pronto se posesionó. Desde entonces, van nueve. La más difundida, la de los “chalecos amarillos” en 2018, con imágenes dantescas. Y la más reciente, contra el nuevo Estatuto de Seguridad que restringe las libertades y fortalece a la policía. Terminó con 62 policías heridos y más de 100 civiles arrestados.
En Alemania, en mayo, hubo 20 manifestaciones contra el gobierno de Ángela Merkel. No fueron pacíficas. En medio de barricadas e incendios, hubo 93 policías heridos y 354 manifestantes detenidos. «La violencia contra los policías y la furia destructiva y ciega no tienen nada que con la protesta política», dijo el ministro del Interior de para aplacar los ánimos. Nadie habló, por supuesto, de «criminalización de la protesta”.
En Bruselas, capital de Bélgica, la sede de la Unión Europea, dos mil jóvenes salieron a protestar en abril contra el confinamiento. La policía los dispersó sin vacilar con agua a presión, gases lacrimógenos y a palo limpio. Dos ciudadanos resultaron heridos y una mujer fue atropellada por un policía a caballo.
En Suecia y Noruega, hace un año, la policía enfrentó con la fuerza a 300 personas que protestaban por la quema pública del Corán.
España conoció cuatro noches de violencia en abril luego de encarcelar a un rapero que glorificaba el terrorismo e insultaba a la realeza. «La democracia protege la libertad de expresión, pero no la violencia», dijo Pedro Sánchez, jefe de Gobierno. Saldo: 80 personas arrestadas.
¿Qué hizo el gobierno? ¿Dialogó? ¿Negoció? Hizo lo mismo que el francés, el alemán, el belga, el sueco y el noruego: garantizar el orden, haciendo uso de la fuerza. Que recuerde, ninguno de los embajadores de Colombia en esos países, puso un mensaje en Twitter diciéndoles a estos gobiernos qué hacer, y mucho menos, censurando el uso de la fuerza. No lo hicieron por respeto, y porque no es de su función opinar sobre asuntos internos.
Aquí en Colombia dicen lo que les place, como si fuéramos una de sus viejas y martirizadas colonias. Embajadores: Colombia se respeta. Y de opinar, por lo menos sean consecuentes con lo que sucede en sus países, y en cómo sus gobiernos garantizan y restablecen el orden.
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