La presión social por incrementar la asistencia dental a través del Sistema Nacional de Salud no ha disminuido; al contrario, en los últimos años ha ido creciendo. Escándalos como los de iDental, Funnydent y ahora Dentis han contribuido a que aumente esa demanda social. Lo que propició que en la última campaña electoral la mayoría de partidos políticos incluyesen en su programa un aumento de la cobertura pública de salud bucodental.
Desde 2016 unos cuantos escándalos han salpicado a Dentix, iDental, Funnydent y Vitaldent. Casos de estafas, ofertas falsas y demás hechos trajeron los lodos actuales. Así en los últimos Presupuestos Generales del Estado se agregaron 49 millones de euros, aproximadamente uno por español, para ampliar la prestación de salud dental..
Una cantidad que, a juicio de Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, es «totalmente insuficiente» y «ridícula» en comparación con la cantidad destinada con ese fin por otros países europeos.
Debates sobre ampliación de cobertura dental
El debate sobre los presupuestos en las últimas semana también se mezclaba con otra propuesta en el seno del Parlamento y las áreas de Sanidad de varias administraciones. Vitaldent, propiedad de un fondo de capital de riesgo, también conocidos como fondo buitre, había encargado a un grupo de expertos un informe independiente para estimar el coste de ampliación de la cobertura dental en España.
Una propuesta inesperada para el Consejo General de Dentistas, que mantiene una cruzada para que se modifique la Ley de Sociedades Profesionales y se prohíba que los fondos de capital de riesgo controlen las clínicas dentales. La organización emitió un comunicado tras conocer la propuesta de Vitaldent.
«La competencia en materia de representación oficial en la defensa de la profesión de dentistas y de sus colegiados ante las administraciones y la sociedad, así como la defensa de los consumidores y usuarios para conseguir una mejora en la calidad de los servicios odontológicos, recae en la organización colegial», especificaron.
Desde Vitaldent contestaron que su informe no tiene como fin representar a los profesionales. Alegan que su interés es aportar una propuesta «para ponerla en debate».
El informe de Vitaldent
Alberto Montero, exdiputado y responsable de Economía de Podemos, ha sido el encargado de dirigir ese informe. Que se ha presentado, entre otros, a los ministerios de Sanidad y Consumo. En el documento han participado asesores como Cristina Contel, representante de la Alianza Española por la Sanidad Privada y miembro de la CEOE. Además del decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Internacional de Cataluña, Luis Giner.
La propuesta incluye la asunción de parte de las coberturas en clínicas privadas y estima los costes de hacerlo en distinto porcentaje o de forma únicamente pública. Estos costes de las distintas opciones oscilan entre los 4.500 (con copagos del 50%) a 5.500 millones de euros sin copago.
Montero asegura que su informe se ha elaborado «sin presiones» y que la forma más lógica de hacerlo es contar con la estructura de las cadenas privadas, como en Francia, Alemania o el Reino Unido. De hecho, estima que en función de si hay o no copago, la demanda aumentaría entre un 23% si se asume un copago del 50% y un 47% si la financiación pública es total.
«Actualmente, el gasto del dentista, aunque hay una pequeña parte financiada, es un 98% privado», asegura. También apunta que aplicar su propuesta acabaría con estafas como la de iDental, porque los precios de las coberturas estarían fijados. Y el sistema público tendría que supervisar el cumplimiento de prestaciones.
Los costes que se generan al sistema
En el informe se aduce también que las enfermedades bucodentales son las terceras, tras cardiovasculares y diabetes, que más costes directos o indirectos generan al sistema. Moreno apunta que en Australia se estimó que los costes indirectos en pérdida de jornadas laborales de enfermedades bucodentales suponían 1.000 millones de dólares al año.
La propuesta con la que Vitaldent ha querido posicionarse llevaba en marcha desde antes de la pandemia, asegura Montero. Y ha coincidido en el tiempo con la quiebra de Dentix y la intención de Advent de hacerse también con ella. Es una propuesta que, en cualquier caso, parece que obtendría el beneplácito del Ministerio d Consumo, que realizó un comunicado asegurando que ha dialogado con compaías para favorecer la venta de clínicas quebradas.
España y su ausencia de cobertura pública dental
De acuerdo con una media de 2015, último año con cifras disponibles en el Instituto Nacional de Estadística, cada hogar español gastó 435 euros en el dentista. Una cantidad similar a la destinada a gafas, ortopedia o audífonos. Estos conceptos copan el grupo de lo que desembolsan en salud, unos 1.000 euros. Y de acuerdo con el Consejo de Dentistas, una de cada cinco personas no visita el odontólogo por motivos económicos.
Así, España es una rareza en su entorno, porque el grueso de los países de la Unión Europea sufraga al menos una parte de ese gasto. Alemania es la nación con mayor cobertura, pues soporta el 68% del coste; seguida de Croacia, que cubre el 61%; Eslovaquia, con 565% y Eslovenia, con 51%, de acuerdo con datos de la Comisión Europea.
Prácticamente todos los adultos mayores de 35 años de edad tienen o han tenido caries, de acuerdo con la Encuesta de Salud Oral en España de 2015. A los 12 años ya uno de cada tres niños está fichado por este mal y un 14% mantiene activas esas caries. A los 15 años, el 35% de los adolescentes padece o ha padecido caries y en quienes tienen menos recursos el problema es peor. La enfermedad periodontal y la carencia de prótesis empeoran en los más desfavorecidos.
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