La crisis política en Perú se agudizó este lunes por la tarde cuando el presidente Martín Vizcarra anunció el cierre del Congreso y convocó elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020. Esta medida, contemplada en el artículo 134 de la Constitución, no fue bien recibida por casi dos tercios de los congresistas, de oposición fujimorista, que suspendieron al mandatario “por incapacidad temporal” y lo sustituyeron por la vicepresidenta, Mercedes Aráoz.
Vizcarra decidió cerrar el Congreso horas después de que los parlamentarios designaran de forma polémica a uno de los seis miembros del Tribunal Constitucional que deben ser reemplazados por el fin de su período. La votación se realizó después de que se descartó debatir primero una moción de confianza anunciada por el Ejecutivo el viernes pasado para modificar el sistema de designación de los jueces del Alto Tribunal.
“Ante la negación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución política del Perú he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República”, dijo Vizcarra, que ya había advertido que estaba contemplando el cierre del Congreso. «Es claro que la obstrucción y blindaje no cesan y no habrá acuerdo posible», aseguró Vizcarra, mientras centenares de manifestantes se congregaron afuera del edificio del Parlamento para celebrar la decisión del presidente.
Conflicto de intereses
Vizcarra considera que el Congreso se ha encargado de dificultar la labor del Ejecutivo con interpelaciones a ministros y presiones para que renuncien miembros del gabinete utilizando el voto mayoritario del partido de derecha Fuerza Popular liderado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori, que se encuentra detenida mientras la investigan por supuesto lavado de dinero.
«Que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón: si a la mayoría parlamentaria que hoy disuelvo y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría”, dijo Vizcarra. La última vez que un presidente ordenó el cierre del Congreso en Perú fue en 1992, cuando Alberto Fujimori, padre de Keiko, alegó obstrucción en temas de seguridad y economía. Sin embargo, sus detractores afirman que fue para tapar investigaciones de corrupción.
Pero esta vez 86 legisladores de 130 miembros del Congreso se negaron a dejar el parlamento y aprobaron en una sesión suspender a Vizcarra durante 12 meses por “incapacidad temporal”. En su lugar, asumió el cargo la vicepresidenta Mercedes Aráoz, que se juramentó como “presidenta encargada».
. @MecheAF es la presidenta encargada del Perú. Se levanta la sesión. pic.twitter.com/sgnBWIJEul
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 1, 2019
Según señala el diario El País, el exoficial mayor del Congreso José Elice indicó en declaraciones a la emisora Radioprogramas que no existe «ninguna previsión constitucional ni reglamentaria» para que se pueda llevar a cabo esa sustitución. Por su parte, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú reconocieron ayer en un comunicado a Vizcarra como presidente legítimo de Perú.
El Jefe del @CCFFAA_PERU y los Comandantes Generales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú reafirman en Palacio de Gobierno su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente @MartinVizcarraC como Jefe Supremo de las FF.AA y PNP. pic.twitter.com/EvbF0XfEBf
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 1, 2019
La corrupción, principal escollo
La semana pasada, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la poca transparencia en el proceso de selección de los magistrados para el Tribunal Constitucional. “La Comisión observa que este proceso de selección se realiza en un contexto político marcado por denuncias e investigaciones iniciadas sobre la participación de funcionarios de diversas entidades del sistema judicial en actos de corrupción, a través del tráfico de influencias, favorecimiento personal, abuso de poder y prevaricato, entre otros», aseguró el jueves en un comunicado.
Precisamente, esta semana está previsto que el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declare ante los fiscales por el caso «Lava Jato» y se espera que hable sobre otros políticos peruanos inmersos en la trama por recibir sobornos y fondos ilegales para financiar la campaña electoral.
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