Afirma de Nicolás Maduro carece de legitimidad para gobernar otra vez
El viernes 10 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional juramentó a Nicolás Maduro Moro para que ejerza por tercera vez la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, sin haber mostrado nada que indique que ganó las elecciones del 28 de julio, mientras que la oposición y el Centro Carter colectaron las actas de todas las mesas y dan como ganador a Edmundo González , a quien una mayoría de países reconoce como presidente electo.
Contra toda legalidad y pisoteando la Constitución, Maduro asumió como como comandante en jefe de las fuerzas armadas en medio de protestas, detenciones, amenazas y militarización de las principales ciudades.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, con la mayoría de sus miembros afines al régimen, declaró a Maduro ganador horas después de cerradas las urnas. Sin embargo, a diferencia de elecciones presidenciales anteriores, las autoridades electorales no proporcionaron recuentos detallados de votos, alegando»un hackeo» del sitio web.
La oposición, liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, recopiló las actas de escrutinio del 85% de las máquinas de votación electrónicas del país y las publicó en línea. Afirmó que los registros de votos detallados mostraban que González Urrutia ganó las elecciones con el doble de votos que Maduro.
Entonces la jefa de la misión del Centro Carter que estuvo en Venezuela para las elecciones acudió ante el Consejo Permanente de la OEA para presentar unas actas electorales, «originales» según dijo. Y, desde el 8 de enero permanecen bajo custodia del gobierno de Panamá.
Ilegítima la reelección de Maduro
El informe «Venezuela, graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral» de la CIDH se difundió horas antes de la investidura presidencial en Caracas. Señala que antes, durante y después de las elecciones del 28J, el régimen implementó una estrategia represiva coordinada, con tres etapas, para perpetuarse ilegítimamente en el poder.
En el marco de esta estrategia, precisa, “se ejecutaron prácticas de terrorismo de Estado que tuvieron como propósito impedir la participación política de la oposición. Obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía”.
La primera etapa se desarrolló durante el período preelectoral y tuvo como objetivo impedir la participación política de la oposición, lo que constituyó una violación a su derecho a la igualdad de oportunidades. El Estado recurrió al poder de instituciones y las fuerzas de seguridad para llevar a cabo detenciones arbitrarias de personas opositoras, defensoras de derechos humanos y con liderazgo social bajo acusaciones vagas.
Durante la elección presidencial se procedió a la segunda etapa. “El gobierno implementó una estrategia destinada a manipular los resultados para llevar a Maduro a la reelección sin transparencia. Con este propósito, el CNE detuvo la transmisión de datos bajo el pretexto de un supuesto ciberataque. Suspendió las auditorías al proceso electoral y se negó a publicar las actas que respaldaban los resultados anunciados”.
La percepción de fraude en los venezolanos desencadenó cerca de “300 manifestaciones, lideradas principalmente por hombres jóvenes en situación de pobreza”, adolescentes y madres. En respuesta, el régimen implementó una tercera etapa de represión sistemática, incrementando el terror como herramienta de control social.
Represión, detenidos, torturas
Las autoridades movilizaron grupos de civiles de choque contra las manifestaciones y lanzaron la “Operación Tun Tun”. Aludiendo al sonido característico de agentes tocando puertas antes de realizar detenciones. Esta operación dejó al menos 25 asesinatos.
Decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión.
La detenciones y secuestros fueron ejecutadas por individuos encapuchados, sin identificación visible, que se desplazaban en vehículos sin placas, obviamente pertenecientes a los cuerpos de represión policial. Incumpliendo sus obligaciones, las autoridades se han rehusado proporcionar información sobre las personas detenidas, a pesar de los esfuerzos de los familiares por obtener respuestas.
Detenidos en la últimas horas
Carlos Correa, director de la organización Espacio Público y usuario del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; Rafael Tudarez, yerno de Edmundo González Urrutia; Enrique Márquez, ex candidato presidencial; Marianela Ojeda, coordinadora de Activismo Municipal de Vente Venezuela en el municipio Pampanito; Francisco Graterol, secretario político municipal de Vente Venezuela en el municipio Pampanito; Alejandro Briceño, en el estado Trujillo; Francisco Cariello, dirigente de Alianza Bravo Pueblo y Jeremy Santamaría, concejal opositor, entre otros muchos detenidos.
La CIDH argumenta que la crisis política y de derechos humanos en Venezuela “es el resultado de la cooptación de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder”. Y llevar a Maduro a posesionarse el viernes 10 de enero de manera ilegal e írrita.
La Comisión Interamericana destaca que “el caso venezolano ilustra claramente la relación intrínseca entre los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Estos tres elementos conforman una tríada en la que cada uno se define, complementa y cobra sentido en función de los otros. El colapso de esta tríada, provocado por la cooptación de los poderes públicos por parte del Poder Ejecutivo, facilita el establecimiento de un régimen de facto”.
El informe concluye que las circunstancias que rodearon la elección presidencial configuran una alteración del orden constitucional. “La opacidad electoral y las restricciones a los derechos políticos registradas en este documento impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”. El informe también concluye que la represión llevada a cabo por el Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas a infundir terror en la ciudadanía.
MCM beneficiaria de medidas cautelares
La CIDH condenó las “persistentes prácticas de terrorismo de Estado” en Venezuela y recordó que la líder de la oposición María Corina Machado es “beneficiaria de medidas cautelares”.
Hizo alusión a la detención de Machado, luego de reaparecer en una concentración pacífica tras 133 días en la clandestinidad. “Ante estos hechos, la Comisión recuerda que la lideresa es beneficiaria de medidas cautelares. Otorgadas para garantizar que pueda desempeñar sus actividades de participación política sin ser objeto de amenazas o actos de violencia en el ejercicio de estas”.
El organismo resaltó que en repetidas ocasiones instó al régimen a frenar las “detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas” que -según dice- han sido llevadas a cabo días antes de las manifestaciones pacíficas de la oposición “en rechazo a la ilegítima reelección de Maduro”.
Organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación denunciaron que, desde el 7 de enero, al menos 18 personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Reitera el llamado a la comunidad internacional a activar todos los canales diplomáticos e institucionales a fin de lograr la liberación de las personas detenidas arbitrariamente. A priorizar un enfoque de derechos humanos en el diálogo hemisférico sobre la crisis política y social en Venezuela. Y a apoyar al pueblo venezolano a retornar a la democracia.
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