En el II Congreso Mundial de Derecho Ambiental, realizado en Sao Paulo (Brasil), juristas y magistrados mostraron el lado oscuro, o poco claro, de la justicia ambiental. En el centro de discusión se colocó el papel de los abogados al momento de interceder o mediar por los defensores ambientales y sus limitaciones al momento de impartir justicia. También la necesidad de implementar un estado de derecho ambiental.
Este encuentro ha sido promovido por la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (WCEL-IUCN en inglés). Así como del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Instituto Judicial Mundial sobre el Medio Ambiente (GJIE), entre otras organizaciones.
El debate mostró la vulnerabilidad por la que atraviesan los defensores ambientales y también sus abogados, en el cumplimiento de sus respectivos trabajos. Christina Voigt, presidenta de WCEL, señaló que el cambio climático, el multilateralismo ambiental y la sostenibilidad, se han desplazado gradualmente hacia los tribunales.
“Aquí es donde se encuentra el tema en este momento”, dijo. “Ya no existen incertidumbres científicas sobre la degradación natural o el declive de la biodiversidad. Entonces, la ciencia es clara, pero la política no”.
Sostiene la experta, que la ley es bastante clara, ya que existe una gran cantidad de reglas y regulaciones tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, las leyes no necesariamente se cumplen ni se hacen cumplir. Es aquí donde deben librarse estas batallas, a la luz de la falta de acción o de ineficacias.
“Lo que se necesita es una implementación a gran escala y mejorada del estado de derecho ambiental”, recalcó durante su intervención. “Necesitamos abogados y jueces que estén bien informados, que comprendan la ciencia, la urgencia y las implicaciones de la inacción».
Estado de derecho ambiental mejorado
Mucho se ha avanzado en la defensa del medio ambiente y del hombre. Y la IUCN ha contribuido a impulsarla. En septiembre de este año, en Marsella (Francia), aprobó incluir a los pueblos indígenas como miembros con derecho a voto por derecho propio, en lugar de la categoría de ONG.
Tras ese paso tan importante, quedan cabos sueltos por atar. Es el caso de los defensores ambientales o activistas locales que, en su mayoría, son indígenas u originarios de las zonas que custodian, y son hostigados, perseguidos e incluso asesinados. En ocasiones, el jurista carece de formación para auxiliarlos y dirimir tan complejos asuntos.
Esta, si se quiere indefensión, podría encontrar un asidero en un estado de derecho ambiental ampliado y mejorado, como lo planteó Voigt.
Durante el II Congreso Mundial de Derecho Ambiental, en Sao Paulo, la magistrada Wendy Martínez Mejía comentó que se necesita formación. “A veces el juez no ve el ilícito. No solo en el caso medioambiental sino en tantos otros. El juez debe documentarse, formarse, involucrarse y conocer el ámbito en que se desenvuelven” los presuntos delitos ambientales. Sean tierras o poblados alejados o centros urbanos.
Estos defensores ambientales reciben ataques y son investigados y tratados como criminales. En ocasiones resulta difícil ponerlos a salvo, indicaron los panelistas, debido a las presiones políticas y económicas tan feroces. Además, de que los fiscales y jueces se encuentran sin pruebas para demostrar quién o quienes produjeron los daños al ambiente. e
Caso contrario ocurrió en El Salvador. El magistrado Samuel Lizama, conocedor de leyes y del impacto ambiental, fue removido de su cargo al frente de la Cámara Ambiental de San Salvador. Por su beligerancia frente a atropellos medioambientales. Allí, comentó el delegado chileno, las presiones políticas se trasladaron a la instancia judicial.
Derechos ambientales y humanos en línea
Los ponentes de la primera etapa de este segundo congreso, organizado por WCEL-IUCN, insistieron en la necesidad de formar a los defensores ambientales y a los jueces sobre las herramientas que cuentan. Y en convencerse y convencer a las comunidades de que vivir en un medio ambiente limpio y apto es un derecho humano.
En octubre de este año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reconoció que “vivir en un medio ambiente limpio es un derecho humano”. Sin estas condiciones “difícilmente se pueden disfrutar de otros derechos, como a la salud o incluso a la vida”.
Los magistrados que intervinieron coincidieron en la urgencia de analizar el alcance de esa resolución, a los fines de defender a los activistas, juristas y sociedades del maltrato ambiental. Resaltaron que debe borrarse la línea divisoria entre lo que es un problema ambiental y uno de derechos humanos. Sin embargo observaron asimetrías entre quien causa el problema y quien lo sufre, hay una desconexión causa-efecto. ¿Cómo conciliar esta situación en que los más vulnerables sufren, en mayor proporción, las consecuencias de los daños al ambiente?, se preguntaron.
En el debate se hicieron comentarios sobre el estado de derecho ambiental y los requerimientos para mejorarlo. Así como la vigencia del Acuerdo de Escazú, cuyos preceptos, podría ser utilizados para prevenir a los ambientalistas de presiones y coacciones,
Ese acuerdo fue elaborado para la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Busca garantizar el acceso a la Información y la la justicia en asuntos ambientales en América Latina.
La delegada mexicana comentó que “es increíble que se ataque a los defensores del ambiente por hacer su trabajo. Pero es una realidad. No podemos perder de vista la parte preventiva de esos ataques y el Acuerdo de Escazú es una herramienta para evitarlo”.
Mayor capacitación e interrelación entre abogados ambientales
Christina Voigt, presidenta de WCEL, reiteró la necesidad de implementar a gran escala y mejorada del estado de derecho ambiental.
Voigt es la primera copresidenta del Comité de Cumplimiento e Implementación del Acuerdo de París. Fue asesora legal y negociadora de Noruega en las negociaciones climáticas de la ONU.
“Soy una abogada internacional, ahí es donde radica mi pasión. Pero también veo cómo el derecho internacional tiene un impacto importante en el desarrollo legal nacional”, indicó.
Entre sus planes al frente de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional desea reforzar y expandir la ayuda a los abogados y juristas en materia ambiental. “Quiero que la Comisión sea un espacio para la creación de redes y reuniones donde diferentes expertos en el campo puedan compartir experiencias, lecciones y competencias”.
Asimismo, que impulse el desarrollo legal, tanto a nivel nacional como internacional. Y a la vez, fomente seminarios y conferencias en los que podamos apoyar la educación jurídica y la alfabetización en derecho ambiental.
WCEL es una red voluntaria de expertos en derecho y políticas ambientales de todo el mundo que actúa como la principal fuente de asesoramiento jurídico técnico para la UICN.
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