En China han modulado los índices de fecundidad como un indicador que ajusta conforme varían otros valores económicos y sociales. En su opulencia, pese a la pandemia originada, ahora fomenta el aumento de nacimientos en la mayor parte de su extenso territorio. Salvo en la región de Xinjiang, donde sucede lo contrario. El gobierno comunista aplica un control de natalidad entre uigures y otras minorías étnicas, que forman parte de su población musulmana.
Es parte de una amplia y represiva campaña de reingeniería social por parte del Partido Comunista, dirigido por el presidente Xi Jinping. Toman medidas para someter a los uigures y otras minorías en Xinjiang, al colocar a cientos de miles de personas en campamentos marginados y vigilados. A los residentes los ponen a trabajar en fábricas cercanas y a los niños los llevan a internados.
Pero las medidas se han extrapolado, con un control de natalidad forzoso, que es más extendida y sistemática de lo que se creía. La campaña de los últimos cuatro años en la región occidental de Xinjiang está provocando lo que algunos expertos los describan como “genocidio demográfico”.
El estado suele emplazar a las mujeres de minorías a pruebas de embarazo e impone la implantación de dispositivos intrauterinos (DIU) y esterilizaciones. Incluso abortos a cientos de miles de personas, según entrevistas y datos recogidos por The Associated Press. Mientras el uso de estos dispositivos y las esterilizaciones caen en el país, crecen de forma drástica en Xinjiang.
China aplica control de natalidad a uigures
Las medidas de control de natalidad en China se ven reforzadas por detenciones masivas, ya sea como amenaza o como castigo por desobediencia. Tener demasiados hijos es un motivo común para ser enviado a campos de detención. Los padres de tres o más hijos son alejados de sus familias a menos que puedan pagar enormes multas.
Después de que Gulnar Omirzajh, una kazaja nacida en China, tuviera a su tercer hijo, el gobierno le ordenó que se implantara un DIU.
Dos años después, en enero de 2018, cuatro hombres con ropa militar de camuflaje llamaron a su puerta. Le dieron a Omirzakh, esposa de un verdulero detenido, 3 días para pagar una multa de 2.685 dólares por tener más de dos hijos. Si no lo hacía, advirtieron, seguiría los pasos de su esposo y de un millón de miembros de minorías étnicas encerrados en campos de internamiento, a menudo por tener demasiados hijos.
“Impedir que la gente tenga hijos está mal”, dijo Omirzakh, que se endeudó mucho para reunir el dinero y después huyó a Kazajistán. “Quieren destruirnos como pueblo”.
La tasa de natalidad en las regiones de Hotan y Kashgar, de mayoría uigur, se desplomó en 60% entre 2015 y 2018. Los cientos de millones de dólares que China dedica al control de natalidad han transformado a Xinjiang. De ser una de las regiones donde más rápido crecía la población, a una de las más lentas en pocos años, dijo el experto en China, Adrian Zenz
Sin embargo, el académico estima que las tasas de natalidad en áreas minoritarias probablemente continuaron disminuyendo en 2019 en poco más del 50% desde 2018. Esto ocurre, mientras la comunidad internacional rechaza esta acción deliberada del gobierno. Donald Trump lo cuestionó y el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo aseguró que se estaba produciendo un genocidio en Xinjiang.
En violación a la Convención contra el Genocidio
El Newlines Institute for Strategy and Policy publicó un documento en el que destaca la «responsabilidad de China de cometer genocidio» en su trato de control de natalidad a los uigures en la región de Xinjiang.
En el documento, elaborado por esa organización con sede en Washington e integrada por expertos no partidistas, también cooperó el Centro Raoul Wallenberg de Derechos Humanos,
«La intención de destruir a los uigures como grupo se deriva de una prueba objetiva. Consiste en una política y práctica estatal integral que el presidente Xi Jinping, la máxima autoridad en China, puso en marcha», señaló el informe.
Además, China habría violado la Convención contra el Genocidio de la ONU en su trato a la minoría uigur. Esta instancia fue firmada por 152 países, entre ellos China, en diciembre de 1948. Y comprende cinco actos a tomar en cuenta para evaluar si una nación está cometiendo genocidio contra su población.
Estos contemplan las siguientes acciones: matar a miembros de un grupo, causar daño físico o mental grave a los integrantes de un grupo. Así como infligir al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción total o parcial. Asimismo, imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro del grupo y trasladar por la fuerza niños a otros grupos. Bajo esa premisa, el Gobierno chino habría violado todas las disposiciones previstas en la Convención, de acuerdo con el informe.
Mirando a los lados
El canciller de China, Wang Yi, habló en el mes de marzo sobre los señalamientos de control de natalidad por parte del gobierno. Dijo en la única rueda de prensa del año que es «ridículamente absurdo».
De esta manera salió al paso de las acusaciones de genocidio contra la etnia musulmana uigur en la región de Xinjiang, en el oeste del país.
«El llamado ‘genocidio’ en Xinjiang es ridículamente absurdo. Es un rumor con motivos ocultos y una gran mentira», defendió Wang
La ONU ha advertido que al menos 1 millón de miembros de la minoría musulmana están encerrados en los mencionados campos. Los mismos que China defiende como centros de formación vocacional con el objetivo, asegura, de erradicar el extremismo.
Entretanto, el ministro consideró que los políticos de Occidente escogen creer mentiras de lo que está pasando en Xinjiang. Y aseguró que China daría la bienvenida a que la gente visitara la región. A pesar de que las autoridades restringen e incluso bloquean las visitas de medios internacionales a la zona.
«Cuando se habla de ‘genocidio’, la mayoría de personas piensa en los nativos norteamericanos en el siglo XVI. Los esclavos africanos en el siglo XIX, los judíos en el siglo XX. Y los indígenas australianos que siguen luchando hoy en día», comentó, en referencia a situaciones de derechos humanos en algunos de los países más críticos con Pekín.
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