Cada vez son más las personas que salen de su país buscando otro rumbo y una mejor calidad de vida. En Latinoamérica el panorama migratorio es escalofriante. Actualmente, más de 43 millones de personas viven fuera de su país natal y esta situación parece no acabar. Los países que reciben migrantes tienden a verlos como una carga, a pesar de que la experiencia internacional muestra que todos ellos pueden contribuir al desarrollo de sus países de acogida.
La crisis migratoria de la región se ha intensificado en parte por la situación actual de Venezuela, la cual mantiene a más de 5,4 millones de venezolanos alrededor del mundo. 85% de los venezolanos que huyeron por la crisis económica, social, política y de desarrollo en el país se han mudado a otro país de la región. Principalmente a Colombia, donde hay alrededor de 1,7 millones. Le sigue Perú, con más de un millón de venezolanos y Chile con más de 457.000.
Chile es uno de los destinos más atractivos para los venezolanos por varias razones. Actualmente es uno de los países de Suramérica más cerca del desarrollo. Su economía es pequeña, pero constante y va en crecimiento. Al elegir un país como Chile para buscar nuevas oportunidades, los venezolanos con menos poder adquisitivo buscan rutas remotas y peligrosas para cruzar caminando o en bus. Estando allí, esperan conseguir un trabajo lo más pronto posible para poder mantener a sus familias en Venezuela.
Aumento del flujo de migrantes en Chile
Las cifras de extranjeros en Chile aumentaron de 305 mil en 2010 a casi 1.500.000 personas en 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Departamento de Extranjería y Migración de Chile. Para tratar de adecuar sus políticas de integración hacia los migrantes, el Gobierno de Sebastián Piñera comenzó a adoptar medidas a contrarreloj.
La primera decisión llegó cuando Chile se propuso exigir un visado a los migrantes provenientes de Venezuela y Haití. Posteriormente, el 20 de abril de 2021 comenzó a regir una nueva ley de migraciones. Desde ese momento, solo se les permite regularizar su situación migratoria a quienes ingresaron por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020. Momento en el que el Gobierno cerró las fronteras por la pandemia del coronavirus.
La legislación también señala que quienes entraron de manera clandestina por pasos no habilitados tenían un plazo de 180 días para abandonar el país, sin sanción. «No queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y aquellos que no respetan nuestras leyes», dijo Piñera, al promulgarla.
Datos del INE señalan que, aunque los venezolanos son el grupo más grande en Chile, con un 30,5%, también hay un número importante de migrantes peruanos (15,8%). Mientras que hay un 12,5% de haitianos. Y a pesar de las nuevas legislaciones, las personas siguen ingresando al país, pero en vez de como turistas y quedando en irregularidad, lo hacen clandestinamente.
Chile continúa expulsando migrantes
A raíz de las nuevas leyes chilenas contra los migrantes, se facilitó el proceso de «expulsiones administrativas». Ahora, para que uno de ellos sea expulsado de Chile ya no es necesario que haya una denuncia penal en su contra. Las autoridades solo deben constatar que una persona ingresó de manera irregular para poder expulsarla.
A finales de abril comenzó la expulsión masiva de migrantes en Chile. El primer avión llevó 55 personas a bordo, todas vestidas con overol blanco por la crisis sanitaria de la COVID-19. Su destino: el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas. En ese momento, las autoridades señalaron que contrataron más de 15 aviones comerciales con el objetivo de devolver a sus países a un total de 1.500 personas en todo 2021.
En lo que va de año, el gobierno de Piñera ha deportado en cinco vuelos a 547 inmigrantes de Venezuela, Colombia, Bolivia y Perú. La expulsión más reciente se llevó a cabo la semana pasada, cuando las autoridades de Chile deportaron a 77 extranjeros, entre presos y migrantes irregulares de Perú, Bolivia y Venezuela.
Hasta la fecha son 185 los venezolanos, 105 colombianos, 99 bolivianos, 26 dominicanos, 24 peruanos y 31 de otras nacionalidades que tuvieron que abandonar el «sueño latinoamericano». Durante 2020 fueron expulsados 1.365 extranjeros, pero este año la meta es más alta.
ONU insta a suspender las expulsiones
Las acciones del Gobierno chileno han sido fuertemente criticadas y rechazadas por diversas organizaciones pro migrantes. Especialmente por las Naciones Unidas, que se pronunció exigiendo «detener inmediatamente los planes de expulsiones colectivas de migrantes». Aseguran que todos ellos tienen derecho «a una evaluación individual de sus casos, y a quedarse en el país mientras se considera su situación migratoria, de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos», según afirma un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos.
“Las deportaciones de migrantes no se pueden llevar a cabo de manera sumaria, sino que requieren una evaluación individual de sus necesidades de protección internacional. Teniendo en cuenta además las consideraciones humanitarias de arraigo, vínculos familiares u otras que puedan existir”, destacó el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales.
González Morales también considera indispensable que se cumpla “con las garantías del debido proceso” y que se garantice a los migrantes disponer de “acceso efectivo a la justicia” para presentar sus reclamos “contra una orden de deportación”, y que se les permita permanecer en el país “mientras se resuelve el fundamento de estos reclamos”.
El Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU además llamó previamente al Gobierno a considerar una suspensión temporal de las deportaciones o devoluciones forzadas de migrantes. Sobre todo en el contexto de la pandemia del COVID-19, ya que, sin las debidas precauciones de salud y seguridad, «pueden poner en peligro a los migrantes».
Estallido social contra los inmigrantes
Este fin de semana estalló el rechazo al inmigrante en la localidad chilena de Iquique. Decenas de manifestantes quemaron carpas, colchones, bolsos y hasta juguetes en un campamento de inmigrantes indocumentados. Las fuerzas del orden tuvieron que intervenir para controlar a los chilenos que querían agredir a venezolanos en las calles.
Todo esto ocurrió en el marco de una marcha que reunió a unas tres mil personas al grito de «No más inmigración ilegal» y en la que abundaron las banderas chilenas y donde reinó la violencia y xenofobia.
Un manifestante chileno expresó que siempre ha vivido en la zona y ahora «están viviendo algo terrible». Asegura que el problema es que en Venezuela han abierto sus cárceles y parte de esa gente son los migrantes que han llegado a Chile. “Lo peor es que este gobierno de Chile ha dejado que esto crezca. Los que han llegado no son refugiados políticos ni inmigrantes que aportan con su trabajo, aquí han llegado muchos delincuentes”, agregó.
Desde hace aproximadamente un año unas cien familias, la mayoría venezolanas, pernoctaban en carpas en la Plaza de Brasil. A las seis de la mañana del sábado pasado llegaron los oficiales a desalojarlos de sus carpas «y aquí estamos, en una esquina, viendo para donde agarramos y donde pasamos la noche con nuestros niños», relata una inmigrante venezolana. Muchos de ellos no tienen papeles, sobreviven vendiendo dulces, limpiando vidrios o pidiendo limosna en los semáforos.
En el desalojo también se perdió un niño venezolano de 4 años llamado Jeremy, que no encontraron hasta un día después. “Menos mal encontraron al niño, pero esto resume la mala gestión de todo este drama humanitario, el gobierno cree que esto es solo deportar a algunos y desalojarlos de una plaza”, se quejó un transeúnte chileno.
Maduro activa su plan «Vuelta a la Patria»
Un día después de lo sucedido en la Plaza de Brasil, la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, anunció la activación del Plan Vuelta a la Patria para la repatriación de ciudadanos venezolanos en Chile. “El presidente Nicolás Maduro ordenó activar el Plan Vuelta a la Patria de nuestros hermanos”, dijo Rodríguez en su cuenta de Twitter. También aprovechó para compartir un video de los hechos violentos en la localidad de Iquique.
El gobierno chavista además expresó que «rechaza la xenofobia y las agresiones en contra de los migrantes venezolanos». Además, exigió a las autoridades de Chile que «garanticen el respeto a la integridad física y psicológica de los connacionales».
Hasta ahora se desconocen los detalles del plan ordenado por el régimen de Maduro, con el que se buscan repatriar a miles de los venezolanos que han huido de su país en los últimos años por la crisis.
Por otro lado, la Fiscalía Local de Iquique confirmó que se aplicarán medidas de protección a favor de los afectados. La fiscal Jócelyn Pacheco anunció medidas de protección para las víctimas y solicitó a la Policía de Investigaciones realizar las primeras diligencias. Además se tomó contacto con las víctimas para individualizar y determinar si hay lesionados, junto con realizar el avalúo de daños.
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