Chile es una nación de contrastes en lo económico y lo social. Hay una gran diferencia, entre lo que dicen los indicadores y lo que se critica en las calles. Con una de las economías más sólidas de América Latina, vive desde hace más de un año una agitada situación social, plagada de manifestaciones violentas que abogan por un cambio del sistema político. Posee además el sistema de pensiones mejor posicionado en la región. Y también allí el rechazo popular es casi total.
Entender esta profunda disparidad tiene como punto de partida la compleja historia reciente del país austral. En las últimas décadas del siglo XX Chile vivió un intento de establecer un sistema comunista bajo el ala cubana. El experimentó inició la destrucción del aparato productivo y abrió la puerta a una férrea dictadura militar. Sus políticas económicas lograron importantes avances en los indicadores. Un plebiscito permitió el retorno a la democracia. Pero con la libertad vino el uso (y abuso) del derecho a la protesta. El año pasado el país se encendió y las llamas aún no se apagan.
Protestas cada vez más violentas
Los manifestantes volvieron a las calles el domingo pasado, aniversario de las protestas del 18 de octubre del año pasado. Las acciones se vieron empañadas por la violencia a medida que avanzaba el día. Algunas personas saquearon e incluso quemaron dos iglesias y bombardearon una comisaría de policía.
Las demandas de los manifestantes varían. Muchos han pedido un cambio en el sistema de pensiones y un aumento del salario mínimo. Otros exigen la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Aunque el mandatario ha abordado los temas de los sueldos y las pensiones en sus planes de reforma, los manifestantes están frustrados porque sus propuestas tienen un costo para el Estado, más que para las industrias privadas.
El hermano de Piñera, José Piñera, es el autor intelectual del actual sistema de pensiones privatizado, que se introdujo durante la dictadura. Hay llamados a cambiar completamente de modelo a un esquema más social. También hay demandas de una nueva constitución, ya que «la actual se redactó en la dictadura».
Cambio de Constitución
Las protestas de Chile van logrando su cometido desestabilizador. Han llevado al país a una encrucijada histórica: un referéndum el 25 de octubre para reescribir la Constitución . Fue la principal concesión que hicieron los políticos en noviembre pasado, cuando intentaron tranquilizar a los manifestantes con un «acuerdo por la paz».
La izquierda argumenta que la constitución de 1980, redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet, está implícitamente diseñada para proteger el modelo de Chile: minimizar el papel del Estado, limitar las opciones políticas de los votantes y dificultar que los gobiernos chilenos amplíen el bienestar social o interfieran con las empresas.
Después de que el general Pinochet tomó el control de Chile en 1973, derrocando al presidente comunista Salvador Allende en un golpe militar, comenzó a reformar la economía. Siguiendo un conjunto de principios ideados por economistas educados en Estados Unidos —contenidos en un libro de políticas conocido como «El Ladrillo» – la administración redujo drásticamente el papel del Estado, recortando los presupuestos para vivienda pública, educación y seguridad social, y vendiendo algunas de las empresas de propiedad estatal.
La dictadura terminó en 1990, luego de que el 56% de los chilenos votaran por la transición a la democracia en un referéndum. Pero la Constitución que dejó el régimen limitó la capacidad de los futuros gobiernos para desviarse del rumbo trazado por Pinochet.
Crecimiento económico
El modelo impulsado por el libre mercado implementado bajo Pinochet disparó la economía, no solo durante su mandato, sino también en la democracia. El PIB per cápita de Chile en 2019 fue el segundo más alto de América del Sur. Fue casi un 50% más alto que el de la vecina Argentina y casi duplicó al de Colombia.
El crecimiento económico de Chile, impulsado por un exceso de inversión extranjera en su modelo favorable a las empresas y los fuertes precios de sus exportaciones, también le ha permitido reducir las tasas de pobreza. La proporción de chilenos que viven con 5,50 dólares al día cayó del 30% en 2000 al 6,4% en 2017.
Por otro lado, el Índice Global Melbourne Mercer de sistemas de pensiones publicado este martes, destacó que Chile ocupa el primer puesto en América Latina (el 13 en el mundo), seguido por Colombia (21), Perú (24) y Brasil (26). Y aún así, las protestas buscan un cambio de modelo económico y también del sistema de pensiones.
Las desigualdad interna
Para tratar de explicar esa aparente contradicción, los especialistas apunta al hecho de que, a medida que la riqueza de Chile ha crecido, también lo ha hecho el costo de vida y la brecha entre quién puede y quién no puede cubrirlo. Chile es uno de los países más desiguales del grupo de países desarrollados de la OCDE. Según el Instituto Nacional de Estadística, la mitad de los chilenos ganan menos de 500 dólares al mes y para el 60% de los hogares, los salarios no alcanzan para cubrir los costos mensuales. Los sistemas de pensiones, salud y educación están parcial o totalmente privatizados.
En educación, Chile se desempeña mejor en métricas de pruebas internacionales que el resto de la región. Pero un informe de la OCDE de 2016 sobre la desigualdad educativa encontró que el estatus socioeconómico tuvo un mayor impacto en los logros de los estudiantes en ciencias en Chile que en cualquier otro de los países estudiados.
Las pensiones en la mira
En el caso de las pensiones, el principal «enemigo» es el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). De acuerdo con la ley, el objetivo del sistema es proveer ingresos de reemplazo para los trabajadores que dejan la vida activa o laboral y cubrir los riesgos de invalidez (total o parcial) y de muerte del trabajador (sobrevivencia), de manera de proteger al afiliado y a su grupo familiar.
El sistema se basa en el ahorro y la capitalización individual. Los trabajadores dependientes cotizan obligatoriamente en las AFP y los independientes lo hacen en forma voluntaria. Las críticas a las AFP tienen varios orígenes. Por un lado, lo rechazan porque fue impuesto en dictadura. Pero lo que más molestas es que no se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes disfrutan de un sistema distinto.
Para los críticos, el sistema no es en realidad el fondo de pensiones, sino que se ha convertido en un fondo de acumulación de capital. Estiman que en la práctica ha permitido a la banca y a otras instituciones financieras crecer de una manera que habría sido imposible sin esa inyección de capital fresco. Aseguran que no ha sido beneficiosos para los trabajadores, y por eso no se aplica a los militares.
Retiros parciales
También aquí las protestas lograron su cometido. Las Administradoras de Fondos de Pensiones publicaron una ley que permite el retiro de hasta un 10% de los fondos acumulados en las cuentas individuales. La iniciativa fue aprobada por el Congreso. Un total de 9.800.000 personas han solicitado sus ahorros, de las cuales un 94,37% ya cuenta con el pago de sus recursos previsionales.
Es la primera vez que se permite sacar parte de los fondos administrados por las aseguradoras privadas, creadas bajo el régimen de Augusto Pinochet. La llamada «Ley del 10%» se aprobó en el Congreso, en medio del aumento del desempleo y la contracción económica causada por la pandemia.
Ahora, la Cámara de Diputados busca realizar una nueva modificación con el objetivo de realizar un segundo retiro del 10% de los AFP, en el marco de la crisis económica producto de la pandemia de la COVID-19.
A pesar de su férrea postura en contra de un eventual segundo retiro del 10% de las AFP, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, informó que desde La Moneda no se cierran a la posibilidad de apoyar un «autopréstamo», pero solo en casos particulares.
La violencia exacerbada
Pero hay un elemento adicional en las protestas: la violencia sin sentido. El fin de semana, durante las manifestaciones, dos iglesias históricas fueron incendiadas completamente. Resulta difícil explicar cómo la destrucción de un templo religioso puede contribuir a hacer una sociedad más justa.
Estas manifestaciones de violencia se suman a la destrucción de bienes públicos y privados, como instalaciones del Metro de Santiago, estaciones de policía, vehículos y comercios, entre otros. La virulencia de estos actos han puesto en duda la verdadera intención de la protestas.
Las imágenes recuerdan los saqueos que se dieron en Venezuela en 1989, con mucha frecuencia utilizados por Hugo Chávez como la «génesis» de la llamada Revolución Bolivariana, que ha sumido a ese país en la peor crisis humanitaria en tiempos de paz que conozca la historia moderna.
En ese momento, Venezuela tenía también índices económicos envidiados por el resto de la región. Tal como ocurre ahora en el caso chileno. Las semejanzas son, cuando menos, perturbadoras. Algo más: Venezuela cambió su Constitución mediante un referéndum en 1999. Chile se apresta a hacer lo mismo el 25 de octubre.
Lea también:
Conforme a los criterios de 
Saber más
