Los chilenos votaron en masa el domingo para decidir si se debe redactar una nueva constitución. La consulta se dio como respuesta a las protestas sociales que estallaron hace un año. Por abrumadora mayoría, los votantes decidieron que el país reemplace la carta magna redactada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y a la que se le han hecho unas treinta enmiendas.
El lunes, el Servicio Electoral de Chile había escrutado el 99,85% de la votación. La opción “Apruebo” alcanzó un 78,27% de los sufragios. En el plebiscito también se preguntaba qué órgano deberá escribir el nuevo texto. Aquí, el 78,99% se decantó por una convención constitucional, que estará integrada solo por ciudadanos elegidos para ese fin.
El rechazo al cambio constitucional recibió un 21,07% de los votos. Mientras, la opción de que la nueva constitución la elabore una convención mixta -formada por parlamentarios y ciudadanos electos- obtuvo el 20,94 % del apoyo.
De ahora en adelante
La votación fue solo el primer paso. El 11 de abril se realizará una segunda consulta. Entonces serán elegidas las 155 personas que integrarán la convención ciudadana que redactará el nuevo texto constitucional. A partir de su instalación, tendrán un margen de nueve meses, prorrogables una vez por tres meses más, para elaborar la propuesta. Esta será sometida a otro referéndum en 2022. El voto será obligatorio y los ciudadanos decidirán si la aprueban o rechazan.
Entre la esperanza y la cautela
“Hasta ahora la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro. Hoy hemos demostrado otra vez la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, dijo el presidente Sebastián Piñera.
Será la primera vez desde 1833 que la constitución la redactará una convención ciudadana elegida en votación popular.
La carta magna actualmente vigente fue aprobada durante la dictadura. Por esta razón, muchos ven su cambio como una forma de sepultar la herencia dictatorial. Sus críticos, aseguran que el texto permitió al general Augusto Pinochet y a sus colaboradores evadir la justicia por los crímenes cometidos.. También apuntan a que facilitó que se mantuvieran privilegios para los miembros de las Fuerzas Armadas. Un ejemplo, es el sistema de prestaciones sociales, que para la población civil es uno, y otro muy distinto el sector castrense.
Ya ha habido cambios
Es cierto que la Constitución le dio un «seguro» a Pinochet y sus aliados, pero precisamente por ello facilitó la transición. El politólogo Robert A. Dahl explicaba que para salir de un régimen totalitario juegan dos factores primordialmente: el «coste de la salida» y el «coste de la represión».
Dahl señala que quienes detentan el poder en un régimen totalitario se mantienen allí destinando cada vez más esfuerzo y recursos para reprimir a la población. Pero abandonar el gobierno le acarrearía un coste mayor, en términos de tener que enfrentar la justicia por los excesos cometidos.
De tal modo que la transición se logra cuando a la jerarquía de la dictadura le resulta «más rentable» abandonar el poder que mantenerlo. En el caso de Pinochet, la Constitución le permitió reducir el «coste de la salida». De no ser así, el cambio a la democracia hubiese sido más difícil.
Por otro lado, la Constitución en realidad tiene poco contenido de la época militar. Ha sido modificada numerosas veces desde 1990. La más profunda alteración ocurrió en 2005 con la reforma de 58 artículos. En ese momento, el entonces presidente Ricardo Lagos aseguró: “Tenemos hoy por fin una constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile”.
Necesidad de un avance en lo político
Aún así, estas reformas son una prueba de que, desde el punto de vista político, había expectativa de un cambio en la Constitución. Es lógico que, como herencia de la dictadura, hubiese un rechazo a esta carta magna.
También hay otras razones, más allá de lo político. Las diferencias entre las prestaciones sociales de militares y civiles, no solo generan inequidad e injusticias, sino que además acrecientan el malestar. En términos prácticos, se traduce en un alto coste de los servicios de salud y de la educación, además de que el sistema de prestaciones sociales resulta insuficiente para un retiro tranquilo al terminar la vida laboral. De hecho, Chile es el país con el mayor índice de desigualdad dentro de la OCDE. Estos contrastes redundan en que haya muy poco reconocimiento a los avances en lo económico.
El modelo económico
A su favor, la «Constitución de Pinochet» cuenta con una importante aval en lo económico. El texto «blindó» por muchos años la permanencia de un modelo abierto que se comenzó a construir, efectivamente, bajo la dictadura militar. No es totalmente de libre mercado, pero contiene un alto componente de apertura, que ha tenido un efecto positivo. Desde 1975, el ingreso per cápita de Chile se ha cuadruplicado, lo que lo convierte en el país más próspero de América Latina.
La tasa de pobreza en esa nación era de más del 45% en la década de los ochenta y ahora es del 8,6%. El aporte de la pequeña empresa ha sido crucial para combatir la pobreza. Un 78% de las compañías son de propiedad familiar y generan el 60% de las ventas.
Cifras favorables
La propuesta económica que se inició con la dictadura -y continuó en la democracia bajo el amparo de la Constitución- planteó la necesidad de liberar los precios internos, disminuir el volumen del sector público, fijar un tipo de cambio realista, bajar los aranceles externos, formar un competitivo mercado de capitales, modernizar la agricultura y abrir el mercado de tierras.
La propuesta es simple: reasignarle al mercado un rol fundamental como proveedor de los recursos naturales y productivos y reducir el tamaño del Estado. El modelo sirvió para ordenar las finanzas públicas, devolver los activos expropiados durante el gobierno socialista de Salvador Allende, además de privatizar la gran mayoría de las empresas estatales o nacionalizadas por ley.
Como efecto de estas iniciativas, se logró incentivar la inversión en capital humano, infraestructura, salud, educación y telecomunicaciones: crear una nueva institucionalidad laboral e implementar un fuerte ajuste fiscal. Así, se alcanzaría una estabilidad macroeconómica que permitiese una progresiva recuperación de la alicaída economía nacional. Y en muchos sentidos se logró.
Las razones para el cambio
Pero estos logros no son suficiente para evitar que una mayoría desee una nueva constitución. Buena parte de la propuesta del cambio se basa en la oferta de que resultará en mejores pensiones, mejor salud y más oportunidades. En ese sentido, se han alimentado exponencialmente las expectativas en la población. Pero no se ha dicho cómo se lograrán esas mejoras ni a qué costes.
El sector político que más ha apuntalado la necesidad de una constituyente ha sido la izquierda. Su propuesta de cambio va más en línea con la tesis de la llamada economía social, que se basa en una distribución equitativa de la riqueza. No se habla de generar riqueza, sino de distribuirla. Y no se puede distribuir lo que no existe. Y para que exista, hay que generarla. Trabajar, prepararse y correr riesgos. La realidad no es simple, la riqueza no cae del cielo.
Se ha alimentado un discurso igualitario que no ha sido suficientemente respondido ni contrastado por los defensores del liberalismo económico. Si bien el actual sistema ha traído prosperidad al país, las desigualdades que todavía arrastra representan un punto de apoyo para quienes tienen como meta la destrucción de la democracia. Fue el caso del chavismo en Venezuela. Distribuir la riqueza significó destruir sus fuentes de generación y lo que se distribuyó de manera igualitaria fue la miseria.
Lo que está en juego
Para Chile, para su futuro, no es poca cosa lo que está en juego. El principal peligro es que las expectativas que se están creando no puedan ser satisfechas con una nueva constitución. En ese caso la frustración podría llevar a Chile de un crisis a otra. La inestabilidad podría ser irreversible y permanente. Las protestas que estallaron el año pasado -génesis de esta nueva Constitución- son un ejemplo de su faz destructiva.
En lo económico, el regreso a un Estado sobredimensionado, dueño de empresas y distribuidor de rentas, inevitablemente echará por la borda los avances económicos. Incrementará la deuda pública, asfixiará el signo monetario y generará inflación. Sería el fin de la prosperidad. Ejemplos sobran en el mundo. La misma fórmula siempre da los mismos resultados.
En principio, el cambio constitucional conviene a los que se alcen como mayoría en la asamblea constituyente. Era la izquierda la que pedía y pide una asamblea constituyente; era y es la izquierda la que se verá favorecida.
Pero aún así, y siendo optimistas, el debate que viene podría ser una buena oportunidad para Chile en su conjunto. Pese al dominio de la izquierda, es probable que haya una composición diversa, con representantes de todas las tendencias políticas, como el actual Congreso. Se podría así lograr que la nueva Constitución sea producto del consenso y de la unidad nacional. Cuidado, en Venezuela los más votados contaron con menos votos en la asamblea por la manera como se trampeó la representación proporcional de las minorías. No basta que la asamblea sea democrática, también su elección debe ser justa y transparente.
La hora de la verdad
En política, la última palabra nunca está dicha. En Chile se abre una oportunidad para cambiar su futuro. Una nueva Constitución podría servir para avanzar aún más en la senda de la democracia y en una economía próspera, sustentada en la libertad empresarial e individual, como palanca para el crecimiento económico y social.
Por el otro lado, pudiera servir para retomar el modelo socialista que, de la mano de Salvador Allende, generó una crisis económica y social que sirvió de plataforma para el sangriento golpe de 1973 y la larga dictadura que le sucedió. Además, no necesariamente significaría el riesgo de volver a una dictadura sino que se implante un régimen delincuencial como el que existe en Venezuela, se consolida en Nicaragua y tuvo su momento de auge con Lula en Brasil que construyó una cadena de corrupción multinacional.
La «Constitución de Pinochet» sirvió para abrir la puerta a la transición democrática, a través de un proceso de negociación y acuerdos. Algunos de los que hoy la rechazan olvidan este importante detalle y la acusan de ser una herencia de la era militar. Lo que pase de ahora en adelante, puede ser una gran lección para los países que, tras una larga dictadura, olvidan cómo se logró avanzar en la transición. Los chilenos son dueños de actos y también de sus consecuencias.
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