Por Cambio16 | Efe
ACTUALIZADO 31/05/2016
Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han negado que durante sus mandatos se produjeran irregularidades en la Junta a la hora de conceder las ayudas para cursos de formación y han descartado que hubiera un fraude en el seno de la Administración en torno a su gestión.
Las comparecencias de los expresidentes Chaves (1990-2009) y Griñán (2009-2013), de alrededor de dos horas y media cada una, suponen la penúltima jornada de la primera ronda de comparecencias de la comisión de investigación sobre los cursos de formación, que mañana concluirá con la citación de la presidenta, Susana Díaz.
Ambos expresidentes, que también comparecieron hace más de tres años en la comisión de investigación de los ERE, han negado con rotundidad que durante sus mandatos impulsaran, permitieran o conocieran alguna ilegalidad en la concesión de ayudas para los cursos de formación y han descartado el fraude dentro de la Junta.
Chaves, que ha sido el primero en comparecer, ha admitido que es «posible» que «no todo» estuviera «bien» en la gestión de la formación profesional y las políticas de empleo, pero ha subrayado que «siempre» actuó dentro «de la más estricta legalidad».
Ha mantenido que hubo una ejecución y una gestión «razonablemente buena», aunque «seguramente no todo estaba bien, es posible que hubiera irregularidades, pero no creo que hubiera ninguna ilegalidad ni ningún tipo de fraude en el seno de la Administración, esa es mi opinión», ha dicho Chaves, que ha remarcado que «nunca» recibió ninguna «alerta» sobre «cualquier tipo de irregularidad».
«Lo repetiré hasta el fin de mis días: durante mis años de Presidencia, nunca he tolerado, impulsado o mantenido ninguna ilegalidad en ningún ámbito», ha enfatizado.
«Nunca, a lo largo de mi ejercicio de la Presidencia, firmé ninguna decisión ilegal», ha remarcado Chaves, que ha asegurado que tampoco tuvo conocimiento de irregularidades «en el supuesto de que hubieran existido», como tampoco dio «instrucciones ni recomendaciones» a nadie para que pudieran «alterar» la legalidad.
Ha expresado su convencimiento de que todas las ayudas siguieron «los trámites necesarios», de forma que «el posible fraude fue muy pequeño».
La mayoría de los portavoces de los grupos políticos han preguntado a Chaves por las exceptuaciones en la justificación de algunas ayudas, a lo que ha respondido que desconoce el número exacto porque «era exclusiva competencia del consejero» del ramo, de forma que «no pasaban por el Consejo de Gobierno».
Ha señalado que es «posible» que se pudieran haber cometido actos ilícitos pero «sería por parte de quien lo cometió, no de ningún directivo de la Administración», y ha reiterado que la ejecución fue «positiva, razonable, útil y eficaz».
En esa misma línea, Griñán ha mostrado hoy su convencimiento de que la Administración regional actuó de acuerdo con la legalidad y ha afirmado que «las deficiencias que han podido producirse no han sido de la Administración, sino contra ella».
Griñán, que ha explicado que la primera noticia que tuvo de posibles irregularidades en expedientes fue relacionada con UGT cuando ya no era presidente, no cree que las subvenciones se hayan otorgado ni irregularmente ni por «amiguismo».
En cuanto a las exceptuaciones, ha resaltado que el Interventor General definió el procedimiento como «garantista» y ha subrayado que «no existe en ninguna otra comunidad salvo en Andalucía».
«Era legal y no eximía de obligación de cumplimiento», ha defendido Griñán, quien ha añadido que «el fraude sería contra la Administración, y la Administración en todo caso debería perseguirlo, como lo hace con un defraudador en cualquier otro ámbito».
Ha señalado que es cierto que en la Junta «existía un problema de escasez de recursos humanos», del que ha dicho que no era «gratuito» ya que el Gobierno andaluz «estaba obligado a ello» en virtud de la ley de presupuestos, que «desde 2010 cierra la apertura a cualquier aumento de la plantilla» de las administraciones públicas.
El expresidente ha explicado que el traslado de las competencias de formación profesional para el empleo a la Consejería de Educación «tenía dificultades pero no más que otros» que se habían realizado y ha recordado que necesitó de un proyecto de ley que se elaboró «siempre bajo el principio de continuidad», por lo que el Servicio Andaluz de Empleo «continuó con la gestión» durante el traslado.
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