La Comisión Europea, una vez más, emplaza a España a cumplir con la normativa ambiental comunitaria. Incluso, amenaza con llevarla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no incorpora a su ordenamiento legal los últimos cambios en las directivas de residuos.
Entre los cuatro expedientes remitidos a España en este mes, la Comisión Europea le da una última oportunidad para que solvente el precario tratamiento de aguas residuales en 300 aglomeraciones urbanas. Si mantiene la inacción, su próximo paso será elevar el caso a la justicia europea.
En el seguimiento a la normativa ambiental y sus aplicaciones, la CE envió al Ejecutivo una carta en la que le exige mejorar la prevención y la gestión de la propagación de especies invasoras. En el cuarto expediente, Bruselas advierte los fallos al momento de transponer al ordenamiento jurídico nacional, la normativa sobre protección frente a las radiaciones ionizantes.
A fines del año pasado, la CE señaló que el Gobierno español no ha trasladado a la legislación nacional la disposición que obliga a realizar consultas transfronterizas. Cuando sea necesario en el proceso de diseño, adopción y aplicación de programas nacionales para combatir la contaminación atmosférica.
Antes, en octubre 2020, Bruselas también abrió procedimientos de infracción a España que la instaba a mejorar sus normas contra la polución del aire. Y adaptar su normativa a la legislación comunitaria sobre evaluación de impacto medioambiental.
CE con el foco en España y su normativa ambiental
Los requerimientos y llamamientos de atención no son nuevos. Sin embargo, el último procedimiento llevó al Ejecutivo a acelerar la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que solventaría las cuestiones sugeridas por la CE. Actualmente el texto está en el Congreso de los Diputados para la tramitación parlamentaria.
La CE, en esta ocasión, insiste con la normativa ambiental de España y el tema de las aguas residuales que data de 2012. Ahora le da una ‘última oportunidad’ para que corrija el “deficiente tratamiento de aguas residuales en más de 300 aglomeraciones urbanas”.
Bruselas abrió un expediente para que los municipios recogieran y trataran sus aguas residuales de forma adecuada. El primer ultimátum ocurrió en 2015 y ahora en 2021 con el propósito de que se pliegue a la sugerencia. De contrario, España podría ser llevaba al Tribunal de Justicia.
España sigue incumpliendo, en términos generales, sus obligaciones en materia de recogida y tratamiento en 332 aglomeraciones. Un total de 30 aglomeraciones carecen de sistemas colectores para sus aguas residuales urbanas. Esto implica que su tratamiento depende “parcial o completamente” de sistemas individuales que “no pueden alcanzar el mismo nivel de protección medioambiental que un sistema colector”.
Protección frente a las radiaciones ionizantes
En la tercera objeción, la CE pide a España adecúe su normativa ambiental. Especialmente a que supere las deficiencias en la prevención y gestión de la propagación de especies invasoras. Este exhorto se hizo también a otros 17 Estados miembros.
Las autoridades comunitarias estiman que no se ha implantado “con éxito” el plan de acción para abordar las vías de introducción y propagación de estas especies y da 2 meses de plazo a los 18 países para que expliquen las medidas que adoptarán para subsanar las deficiencias. En caso de que la respuesta no satisfaga las aspiraciones de la Comisión, el Ejecutivo podrá emitir un dictamen, el paso previo a elevar el caso al tribunal.
La Comisión recuerda que tanto la Estrategia para la Biodiversidad 2030 como el Pacto Verde inciden en la “importancia” de frenar la pérdida de biodiversidad. Y que las especies exóticas invasoras tienen “graves consecuencias ambientales y económicas”.
El último expediente es también espinoso. España reincide en los fallos a la hora de trasponer una directiva al ordenamiento jurídico nacional. En este caso, sobre la normativa de protección frente a las radiaciones ionizantes.
Dice la CE que si España no se adapta de “manera completa” la directiva que moderniza los estándares de seguridad nuclear, podría ir al TJUE. Ni Austria, ni Bélgica ni España han traspuesto totalmente estas normas aprobadas en 2018. A consecuencia de las modificaciones realizadas para reforzar la seguridad nuclear a raíz del accidente en la central nuclear japonesa de Fukushima Daiichi en 2011.
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