Por Cambio16
25/07/2017

Las sospechas de corrupción vuelven a apuntar directamente hacia el Govern del expresident de la Generalitat catalana Artur Mas.

Una investigación realizada desde noviembre de 2015 y desvelada este lunes por el portal El Español, bajo el nombre de CatLeaks, denuncia que durante el mandato del exdirigente de Convergència se creó una supuesta red para amañar contratos públicos de forma sistemática y entregar así hasta 500 millones de euros en cinco años (2011-2015).

Siempre según la información a la que ha tenido acceso el medio mencionado –que ha podido consultar cientos de miles de documentos secretos que han sido filtrados–, muchos de los contratos supusieron adjudicaciones a empresas cercanas a los dirigentes de la Generalitat que, posteriormente, financiaron a Convergència, hoy transformado en el PDeCat, con suculentas cantidades de dinero.

En el centro de esa red llamada CatLeaks la investigación sitúa al exconseller de Justicia Germà Gordó, imputado también por el caso del 3%.

Y como cabecilla de la red se menciona a Andreu Viloca, tesorero del partido.

La información apunta a que fue el expresidente de Infraestructuras de la Generalitat Joan Lluís Quer el que en 2011 decidió crear la Oficina Técnica de Adjudicaciones (OTA) sobre la que se sostiene esa supuesta red de amaño de contratos.

Se trataba de un mecanismo pensado para revisar las valoraciones de los técnicos y evitar que estos fueran comprados por las constructoras. Pero, sin embargo, lo que se creó fue un sistema para modificar cualquier licitación tal y como les interesaba al entonces partido en el Govern.

Modificación de puntuaciones

Así, y siempre según los datos recabados por El Español, desde esta oficina se modificaron puntuaciones para beneficiar a constructoras que estaban en realidad hasta 40 puestos por debajo, facilitándoles así ganar un contrato, y eso que por delante de ellas había competidores cuya oferta era más ventajosa para la Generalitat.

Las revelaciones salen a la luz en plena polémica entre el Gobierno y la Generalitat después de que el Ejecutivo central decidiera el viernes exigir a la administración catalana la contabilidad de sus cuentas para cerciorarse que ningún euro se destinará a la consulta independentista del 1 de octubre.