Por Cambio16
14/07/2017
La Generalitat de Cataluña optó por borrar las dudas y a los dudosos y movió la palmera para encarar el tramo final de su apuesta por un referéndum secesionista, iniciativa que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, calificó de «purga» de discrepantes y «deriva autoritaria».
Así, este viernes, Carles Puigemont ha anunciado la remodelación de su Ejecutivo, con el relevo de tres consejeros del PDeCAT –Neus Munté (Presidencia), Jordi Jané (Interior) y Meritxell Ruiz (Enseñanza)- y del secretario del Govern, Joan Vidal de Ciurana. El presidente de la Generalitat ha comunicado estos cambios, que afectan a tres consellerias del PDeCAT y a ninguna de ERC , junto al vicepresidente Oriol Junqueras en rueda de prensa conjunta convocada en el Palau de la Generalitat.
Para el nuevo Ejecutivo catalán, Puigdemont ha fichado a Jordi Turull, que ocupará Presidencia y será portavoz, Joaquim Forn (Interior) y Clara Ponsatí (Enseñanza). La Secretaría recaerá ahora en Víctor Cullell. La «remodelación» se hace efectiva este mismo viernes con la toma de posesión de los nuevos miembros del Ejecutivo.
La salida de esos tres responsables se debe a que han preferido «dar un paso al lado» en el actual momento, según admitió Puigdemont, que al frente de una coalición nacionalista gobierna desde enero de 2016 esa región de 7,5 millones de habitantes que supone cerca del diecinueve por ciento del PIB español.
Eso implica que tienen algún tipo de duda acerca del proceso, algo que ya supuso hace unos días el cese del consejero de Empresas, Jordi Baiget, quien en una entrevista dijo estar dispuesto a ir a la cárcel por su separatismo pero no a perjudicar a su familia si pierde su patrimonio personal para afrontar sanciones.
La actitud de Baiget se explica porque algunos impulsores de una consulta popular en 2014 no sólo fueron inhabilitados varios años para ejercer cargo público, sino que afrontan el riesgo de tener que sufragar con su patrimonio personal el gasto público de cinco millones de euros (más de 5,5 millones de dólares al cambio actual).
Todo ello porque en noviembre de 2014 ya tuvo lugar un intento de referéndum que quedó en una iniciativa popular sin valor legal, puesto que había sido anulado por el Tribunal Constitucional.
En sustitución de los tres consejeros entran otros tantos políticos que son partidarios del proceso independentista, lo que la prensa ha interpretado como un «cierre de filas» en torno a Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras.
«Deriva autoritaria»
Para Mariano Rajoy esos cambios son una «purga» y una «deriva autoritaria» del Gabinete de Puigdemont, que está «ensimismado en sus propias rencillas».
En rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, Rajoy se preguntó qué tipo de diálogo desea Puigdemont con esa actitud que «quiebra el interés general, va contra los catalanes y contra Cataluña», porque «rompe cada día las leyes y las normas que nos hemos dado entre todos».
El Gobierno autonómico de Cataluña se mantiene en una deriva autoritaria que presiona hasta a su propio partido y quiebra el interés general pic.twitter.com/A77f5PUwGE
— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) July 14, 2017
El Gobierno de Cataluña está integrado por una coalición de políticos de partidos de centroderecha y de izquierda republicana, así como independientes, y en el Parlamento local está apoyado por un partido (CUP) anticapitalista y antisistema.
Ese Ejecutivo quiere convocar un referéndum de independencia el 1 de octubre de manera unilateral, sin el consenso del Estado, ya que el Gobierno de Madrid subraya que la Constitución prohíbe ese tipo de consultas.
Frente a los independentistas el Ejecutivo de Rajoy cuenta con diferentes apoyos, entre ellos el primer partido de la oposición, el PSOE (socialistas), cuyo líder, Pedro Sánchez pidió hoy al jefe de Gobierno que abandone el «inmovilismo» y haga propuestas políticas para evitar la confrontación.
«Si la política solo fuera el respeto escrupuloso a la ley, gobernarían los jueces. Los políticos no se pueden esconder detrás de tribunales», afirmó Sánchez, partidario de crear en el Congreso una comisión que estudie una reforma constitucional y avanzar en un Estado federal.
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