Por Andrés Tovar
23/10/2017
.
Para usar un simil boxístico, en las dos esquinas del cuadrilátero se mantienen firmes en sus intensiones mientras los legisladores se preparan para lo que puede ser el campanazo final -o inicial, dependiendo de los movimientos-.
El Senado votará el viernes sobre la aplicación del 155 en Cataluña y ya el gobierno ya ha puesto en vigor los poderes constitucionales para destituir a los funcionarios catalanes y convocar elecciones. Dos pronunciamientos, el del Fiscal General, José Manuel Maza, y el de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, resumen en clave la determinación del Ejecutivo de no dar espacio para la radicalización.
Mientras tanto, la CUP pide una «desobediencia civil masiva» en toda la zona para responder a las últimas medidas españolas. Y los estudiantes pro-independencia convocaron a una huelga en las universidades catalanas el jueves para instar a los funcionarios a avanzar con una DUI.
“No voy a elucubrar lo que va a hacer Puigdemont. Nosotros vamos a sustituir un gobierno para garantizar la ley (…) nosotros estamos preparados para responder y el Senado tiene la capacidad de adaptarse a cualquier cosa que haga la Generalitat en cada momento” zanjó Santamaría el lunes en una entrevista a Onda Cero, precisando que Puigdemont se ha caracterizado “por hacer lo que le han ido aconsejando los más radicales, no los moderados” y ha insistido en que si tiene que decir algo, que lo diga en el Senado.
No obstante, no todos los ruidos son de guerra. Carles Puigdemont estudia comparecer ante el Senado cuando le cite para presentar las alegaciones contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Eso si, el Senado ha dejado claro que el único momento previsto para ello es en la sesión de la Comisión convocada para el jueves a las cinco de la tarde, no en el Pleno del viernes.
Situación dificil para el president. La elección de Puigdemont de intentar equilibrar a medias puede costarle su carrera política. Los separatistas de línea dura en Cataluña están enojados y la tremenda incertidumbre sobre el futuro de la región continua teniendo impacto en los negocios. Con los bancos y las corporaciones multinacionales fuera de Cataluña y las empresas que quedan en una suerte de «animación suspendida», las noticias del lunes no calmarán esa ansiedad económica en el corto plazo.
Temblor en la casa grande
Pero la tensión no es sólo dentro de casa, la crisis de Cataluña está elevando las preocupaciones en toda la Unión Europea. Los funcionarios de la UE temen que movimientos similares a favor de la independencia puedan desarrollarse en otras áreas.
El domingo, dos de las zonas más ricas de Italia, Véneto y Lombardía, celebraron sus propios referendos de autonomía. Aunque fueron autorizado por el Tribunal Constitucional italiano y los resultados de la votación no son vinculantes, las autoridades de esas regiones dicen que las voces de la gente les darán más poder cuando los funcionarios comiencen las conversaciones con el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni.
Los líderes de ambas regiones desean mantener más dinero de los impuestos y tener mayor influencia sobre la educación local, la inmigración, la seguridad y el medio ambiente.
Y en otros países hay un ciclo de acción-reacción en marcha: el Reino Unido en proceso de Brexit; el gobierno escocés busca una forma diferente de salida, aumentando la tensión con el centro; los republicanos en Irlanda espían una apertura para organizar el referéndum sobre la unidad de Irlanda que se les prometió en la década de 1990, cuando todos asumieron que la economía resolvería el problema.
Es por esta razón -y con razón- que la Comisión Europea ha avalado la decisión del Gobierno de España de activar en Cataluña el artículo 155 de la Carta Magna. “Nuestra posición es bien conocida. Siempre hemos dicho que respetamos la disposición constitucional y legal de España”, ha afirmado el lunes el portavoz del organismo comunitario, Margaritis Schinas.
El panorama se muestra complicado y la cuestión catalana ya no sólo es catalana. es Europea. La cuestión nacionalista está resurgiendo, pero no en el espíritu de aquellos principios del artículo 1 de la fundación de la ONU -la autodeterminación de los pueblos- o Versalles; sino con la intensión de aturdir a las democracias modernas y confundir la tradición política. Es un debate obligatorio para el bloque que, más temprano que tarde, deberá abordar con mucha seriedad.