POR CAMBIO16
05/07/2017
La Ley del Referéndum presentada por los independentistas catalanes este martes prevé una independencia de Cataluña en 48 horas si gana el «Sí» y unas elecciones autonómicas si gana el «No». Una ley a la medida, que no prevé una participación mínima para validar el resultado, amparándose en las indicaciones de la Comisión de Venecia, según han explicado este martes la coalición conformada por Junts pel Sí (JxSí) y la CUP durante la presentación de la ley en el auditorio del Parlamento de Cataluña. Una «secesión exprés», sin ir más lejos.
Así, Carles Puigdemont y los independentistas amenazan al Gobierno que van a por todas. En el marco de la presentación, el presidente catalán aseguró que el 1° de octubre, día en que tienen planteado realizar la consulta, «no habrá ningún choque de trenes, habrá un tren que quedará en vía muerta, que es el tren del actual sistema, del actual statu quo, y habrá otro que continuará su camino. Incluso si gana el ‘no’, nada volverá a ser igual».
La normativa que ampara el referéndum ha sido redactada por JxSí y la CUP con ayuda de «multitud de expertos» y ha sido presentada este martes en un acto al que se había invitado a todos los diputados pero al que finalmente han acudido los de Podem y EUiA, además de los diputados de los dos grupos impulsores.
Por otra parte, no se han dado detalles sobre la participación mínima establecida. El Govern usará su propio censo electoral.
Bien…pero con España
Aunque aseguran que estan amparándose en los estándares de la Comisión de Venecia, la ley no fija una participación mínima para dar por válido el resultado de la consulta, pero tanto JxSí como la CUP han insistido en la necesidad de que la afluencia sea «un éxito». De la misma manera, obvía cualquier tipo de pacto con el Estado español y apuestan por la unilateralidad.
Cabe destacar que el propio presidente de la Generalitat remitió el lunes la carta comprometida con el Parlament a la Comisión de Venecia en la que informaba de la voluntad del Gobierno catalán de celebrar un referéndum «acordado con el Ejecutivo del PP» y contar con la colaboración del organismo europeo.
La respuesta de Gianni Buquicchio, presidente de la Comisión, daba cuenta del buen ver de ese organismo que Cataluña tenga a bien adherirse al Código de Buenas Prácticas para los Referéndums, pero también deja claro el marco de trabajo de la Comisión y lo hace recordando su denominación oficial: “sin duda, consciente de que no sólo el referéndum como tal, sino también la cooperación con nuestra comisión, tendrá que llevarse a cabo de acuerdo con las autoridades españolas«. Así lo constata la misiva, a la que tuvo acceso La Vanguardia.
«Nos bastarían 24 horas»
Desde el Gobierno, la respuesta no se hizo esperar. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido este martes, ante la pretensión de los soberanistas catalanes de aprobar una ley que en 48 horas permita la declaración de la independencia, que «al Estado le bastan 24 horas para recurrirla» y obtener su paralización.
Sáenz de Santamaría ha lanzado esta advertencia en declaraciones a Efe tras la presentación en Cataluña de esa ley de referéndum que ampara la posibilidad de declarar la independencia si gana el sí, sin fijar un mínimo de participación.
«La Generalitat puede pasarse ahora 30 días explicando la ley del referéndum o la de transitoriedad jurídica y puede decir que en 48 horas puede declarar la independencia, pero una cosa está clara -ha subrayado-, que el Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización».
Por ello, ha garantizado que el referéndum independentista «no se va a celebrar ni a las 48 horas va a pasar absolutamente nada«.
Además, ha instado a la Generalitat a dejar de «sembrar división» entre los catalanes porque cree que lo único que cosecha es división en el propio Gobierno de Carles Puigdemont y de los partidos que le sustentan. Ha añadido que los únicos actos preparatorios en serio que ha hecho la Generalitat han sido amenazar a los medios de comunicación, presionar a los funcionarios, «tratar de endosar su responsabilidad a los alcaldes, neutralizar a la oposición y cesar a los disidentes».
«No se aplicará»
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido de que la futura Ley de Referéndum presentada por los independentistas este martes es «manifiestamente antidemocrática» y se ha mostrado convencido de que no entrará en vigor porque es contraria a la Constitución y al Estatuto de Cataluña.
En declaraciones a los periodistas en Barcelona, Catalá ha dicho que «no hay democracia» al margen de la ley y de la Constitución y ha lamentado la «deriva profundamente autoritaria y antidemocrática» que, a su juicio, impulsan JxS y la CUP en Cataluña, donde «parece que son las minorías las que gobiernan», en alusión a los anticapitalistas.
Catalá, que ha asegurado que la Fiscalía evaluará si debe intervenir a raíz de la presentación pública de la futura Ley del Referéndum, ha lamentado que en Cataluña se están produciendo, en el marco del proceso soberanista, manifestaciones «muy preocupantes de movimientos totalitarios y antidemocráticos».
Antes de que se conociera el contenido de la ley de referéndum, el Gobierno ha enviado una carta a los ayuntamientos catalanes para advertirles de «la obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria«, de modo que no pueden colaborar en su organización, ante la intención de un número destacado de municipios de participar en la organización de la consulta. El Ejecutivo, a través del secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha remitido la carta a 993 entidades locales de Cataluña ante la posibilidad de que participen en una consulta de la que «reiterados pronunciamientos» del Tribunal Constitucional han dicho que vulnera la Carta Magna.
En concreto, la carta del Gobierno va dirigida a los secretarios generales y a los interventores económicos de los ayuntamientos de municipios con más de 500 habitantes. Son ellos los destinatarios porque, en la escala funcionarial de la administración local, son los responsables jurídicos y económicos de los ayuntamientos y a ellos el Gobierno apela para recabar su colaboración, asegurar el cumplimiento de la Constitución y «preservar el adecuado destino de los fondos públicos».
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