Por Andrés Tovar
11/09/2017
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El hombre en el centro de la crisis política que ha mantenido agitada a España acaba de intentar sacar lo imposible: Primero dice que Cataluña tiene derecho a separarse de España y luego aclara de inmediato que en realidad no iba a separarse. En cambio, pidió negociar con el gobierno central español antes de exigir la independencia. El «si pero no» se hizo popular en horas y seguro será recordado por mucho tiempo.
Si eso suena vago, eso es porque lo es. La declaración del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, fue como una rama de olivo y un potencial suicidio político. Y aunque, junto a los 72 diputados independentistas firmó anoche una «declaración formal de independencia», el president dejó un amargo sabor de boca entre sus radicales apoyos, lo cual puede tener sus consecuencias: La CUP tiene sólo 10 de los 135 escaños en el parlamento regional de Cataluña, pero sin ellos el gobierno pro-independencia no tiene mayoría y se anticipa una posibilidad más clara de unas nuevas elecciones.
El #president @KRLS signant la declaració d'independència #10OCT pic.twitter.com/1yTRjeKOgn
— Govern de Catalunya (@govern) October 10, 2017
Pero, más allá de lo anterior, lo cierto y real es que ahora la pelota está del lado del Gobierno. El Gobierno de Mariano Rajoy ha convocado para hoy (11 de octubre) un Consejo de Ministros a las 9.00 tras la declaración de Puigdemont, adelantando que «el Gobierno no va a ceder a ningún chantaje, no lo va a permitir» y que «tampoco es admisible hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita».
Pero el escenario en Madrid no es menos complicado. Y la clave está en cómo se ha interpretado el discurso al interior del Gobierno, que puede revisar opciones para iniciar ese «período» de diálogo por el que aboga Puigdemont o, con pleno derecho a subir el calor en el gobierno catalán y desencadenar el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de la región, convocar nuevas elecciones regionales y girar más multas o arrestos a los altos funcionarios catalanes, con los posibles efectos que ésto pueda tener en las calles y en la opinión pública. Pero no puede decirse que el el gobierno catalán no fue advertido.
Y mientras tanto, Cataluña se comprime. La tremenda incertidumbre ya ha tenido un severo impacto en los negocios, con los bancos y las corporaciones multinacionales con sede en Barcelona activando sus respectivos proceso de reubicación de sus sedes sociales en otros lugares de España.
Los líderes de la Unión Europea han dicho repetidamente a los catalanes que retrocedan. Y hasta la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también ha pedido a Rajoy y Puigdemont que regresen del borde y encuentren una manera de llegar a un acuerdo mediado. «No tome ninguna decisión que dinamite el espacio para el diálogo y la mediación».
Y tras el martes, ha quedado más plausible que una Cataluña independiente tendría pocos amigos. Unos por respaldo a España y al Estado de Derecho, otros por «respeto a los asuntos internos» y otros porque, hay que decirlo, también temen que una reacción ligera al tema catalán sea un aliciente para futuros movimientos de ruptura. En cualquier caso, de acuerdo con las normas de la UE, Cataluña no sería un miembro de la UE por sí sola y tendría que solicitar su adhesión fuera del bloque.
Muchos observadores piensan que a pesar de las crudas relaciones entre los funcionarios de Barcelona y Madrid, ambas partes podrán negociar un acuerdo que podría dejar Cataluña con más autonomía y un mayor control sobre sus propias finanzas. Aun así, la incertidumbre y la inquietud pública en los próximos días (o meses) podrían causar un gran daño en la economía y un antes y después en lo político. Esto apenas comienza.
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