Casos abiertos

Por Sagrario Ortega | Efe

La resolución «in extremis» del asesinato de Eva Blanco ha abierto una puerta a la esperanza para familias e investigadores que luchan contrarreloj para encontrar al asesino antes de que prescriba el caso o caiga en el olvido.

Imposible precisar el número de asesinatos sin resolver y a punto de prescribir, pero el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos (ANVDV), José Miguel Ayllón, asegura a Efe que en su despacho hay una carpeta repleta de casos, sobre todo de una época en la que las brigadas policiales no daban abasto.

El capitán Álvaro Montero pertenece al Grupo de Delitos contra las Personas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. A él y a sus compañeros llegan los casos más difíciles, aquellos que las unidades territoriales no han podido resolver.

Su grupo tiene activas en estos momento investigaciones de sucesos ocurridos en 2004, 2007, 2009… «Trabajamos sin calcular los años. No dejamos de investigar nunca», asevera tajante a Efe el capitán.

¿Deberían prescribir delitos graves como el asesinato?

Ayllón lo tiene claro y opina que España debería seguir el ejemplo de países de su entorno como Francia o Alemania, donde no prescriben, y cree que una reforma legal en este sentido sería muy fácil, pero «no hay conciencia social ni política ni presión popular».

A título personal, el capitán de la UCO también se muestra partidario de esa no prescripción. «Legalmente, el delito prescribe, pero para la Guardia Civil no» y, de hecho, «si descubriéramos al asesino a los veinte años y medio del delito (éstos prescriben a los 20), lo daríamos a conocer».

Mientras, tanto la ANVDV y el grupo de Montero acompañan a las familias en su particular calvario en espera de resultados. En el caso de las desapariciones, por esa necesidad de encontrar el cuerpo de su allegado para poder enterrarlo y saber dónde llevarle flores el 1 de noviembre, señalan ambos.

Hay muchas familias que desisten. No todas luchan como el «padre Coraje» de Jerez, Francisco Holgado, en busca del asesino o asesinos de su hijo antes de que el 20 de noviembre prescriba el delito.

«Se echan la culpa, no quieren revivir esos momentos, les cuesta mucho trabajo permitir que les ayudemos. Es una opción personal que respetamos al máximo», explica Ayllón.

Montero, por su parte, asegura que los agentes de su grupo son muchas veces «el paño de lágrimas» de las familias, que viven con «altibajos» esas largas investigaciones que en el caso de su unidad acaban casi siempre con la resolución del caso.

«Acabamos siendo lo único a lo que agarrarse. Siempre les cogemos el teléfono. Lo saben», continúa Montero, quien afirma que las familias agradecen que «nunca les dejemos de lado», aunque a veces se derrumban e, incluso, «critican nuestro trabajo, pero es lógico».

También entre los agentes cunde el desánimo cuando una línea de investigación no da frutos. Cuesta un poco superar ese momento, pero «no damos palos de ciego» y enseguida se abre otra en una labor constante que tiene un solo objetivo: poder presentar a la familia la resolución del caso, comenta Montero.

Cifras

No duda Ayllón del trabajo de los investigadores, pero aporta algunos datos que, a su juicio, dan idea de los expedientes sin resolver. Así, explica que en los últimos quince años se han cometido en España unos 20.000 homicidios. Sin embargo, y teniendo como base la población reclusa de 2012, según el INE, ese año cumplían condena por ese delito 3.358 hombres y 231 mujeres.

Quiere ser generoso y eleva hasta el 30% los homicidios resueltos, aunque sus cálculos arrojarían cifras peores.

Para Ayllón, en muchos casos «la investigación no se hace bien», en otros prescribe el delito, a veces «hay casos que se pierden entre los armarios de los juzgados», otros que nadie reclama (por ejemplo indigentes asesinados) y en «un índice pequeño» hay otros en los que lo que falla es la ejecución de la condena.

Montero no quiere entrar en esos datos, pero rompe una lanza en favor de los investigadores que, al menos en su unidad, componen en un arduo trabajo las piezas del puzzle para presentarlo ante el juez.

Y de vuelta a las víctimas, Ayllón cree que no están suficientemente amparadas. Y pone ejemplos. Mientras a una víctima del 11M se le indemnizó con 900.000 euros por fallecimiento (una cifra que no critica), una víctima de un delito violento recibe 120 mensualidades del salario mínimo interprofesional, algo más de 77.000 euros.

«No se justifica esa discriminación. El dolor es el mismo y las necesidades de tratamientos, también», resalta Ayllón, para quien ni siquiera el Estatuto de la Víctima, recientemente aprobado, paliará la situación porque abre expectativas pero no cuenta con dotación económica.

Sea como fuere, el caso de Eva Blanco abre un «portillo» a la esperanza, porque puede concienciar de la necesidad de alargar la prescripción, subraya Ayllón. Y sobre todo, infunde optimismo a las familias, concluye Montero.