POR CAMBIO16
06/07/2017
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Una investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en la empresa mixta del agua de Girona durante la etapa en la alcaldía de Carles Puigdemont podría implicar al actual presidente del gobierno catalán en el caso del 3% y la financiación ilegal de CDC.
El Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad, que ya abrió una causa en julio de 2016 sobre el presunto desvío de fondos públicos en la concesión, acaba de incorporar a ese procedimiento los nuevos indicios de delito en ese servicio encontrados en el caso del 3% sobre la presunta financiación ilegal de CDC, que se instruye desde 2014 el Juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona).
La decisión de aceptar la inhibición del juzgado de El Vendrell se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que también se ha hecho cargo de la acusación pública en el procedimiento de Girona. Además, la Guardia Civil ha entrado en la causa para impulsar la investigación con la práctica de nuevas diligencias.
Como es sabido, la instrucción del caso arrancó tras una querella de la CUP contra cuatro directivos de la concesionaria que gestiona el abastecimiento de agua en Girona, Agissa SA, por perjudicar presuntamente al 20% de la sociedad en manos municipales para beneficiar a la parte privada, Girona SA, propietaria del 80% restante de las acciones.
Así, el juez imputó por administración desleal y apropiación indebida al consejero delegado de Agissa hasta junio de 2016, Narcís Piferrer, y a su sucesor en el cargo, Xavier Ballell, que era director técnico del ente cuando se produjeron los supuestos desvíos.
Se les acusa de haber autorizado contrataciones irregulares de Agissa con empresas filiales de Girona SA a precios muy superiores de los reales o por servicios que ni siquiera llegaban a prestarse.
El presunto fraude
A raíz de las presiones de la acusación de la CUP, la Agencia Tributaria elaboró, a petición del juez de El Vendrell, un exhaustivo informe sobre Agissa y detectó repartos injustificados de dividendos por valor de 10 millones de euros, salarios de directivos que nunca debieron abonarse que suman otros 5 millones de euros y créditos concedidos por Girona SA a la empresa mixta con tipos de interés del 12% fuera de mercado, entre otras irregularidades.
Según el informe que fue remitido hace unas semanas al Juzgado número 2 de Girona, el fraude habría empezado en 1998, cuando ocupaba la alcaldía de Girona el socialista Joaquim Nadal, quien adjudicó por primera vez el abastecimiento a Agissa. La Agencia Tributaria también denuncia el procedimiento que utilizó el Gobierno municipal de Carles Puigdemont para renovar la concesión en 2013.
Por lo visto, no constan los criterios que empleó la Alcaldía para justificar la prórroga. Ni se pidieron cuentas de las inversiones que Agissa debía haber ejecutado en la red municipal de distribución durante los años anteriores ni se garantizó que se harían obras en los años siguientes.
Señalan al equipo de Puigdemont
El relato del informe señala que el equipo de Puigdemont cambió el sistema de reparto de dividendos pero generó un problema mayor.
En concreto, “se modifica la proporción de reparto a favor de los ayuntamientos. Pasan a percibir casi medio millón de euros más al año, al doblar (sin ninguna lógica económica) el importe a percibir por el canon derivado del alquiler de las instalaciones municipales de la red de abastecimiento, cargando así a Agissa y al consumidor final un incremento del importe de las tarifas que no va a determinar una mejor calidad del servicio puesto que se disminuyen notablemente las inversiones en mejora de las instalaciones”.
Estos datos afianzan también la sospecha de los investigadores de que los sobrecostes generados por todas esas presuntas irregularidades pudieron servir para financiar campañas electorales tanto de CiU como de JuntsXSí.
Se han descubierto pagos desde Girona SA a una agencia de comunicación que trabajaba para el partido, AMR Publicitat SL, por valor de 138.090 euros entre 2010 y 2015. El administrador de esa agencia de publicidad es Antoni María Rigau, hermano de la exconsejera de la Generalitat y expresidenta del Consejo Nacional de CDC Irene Rigau.
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