La pandemia y sus rigores han limitado el disfrute de viajes en esta época estival. También la falta de dinero, por no haber ingresos con los cuales financiar una escapada veraniega. Un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos revela que casi 5 millones de españoles no pueden pagarse una semana de vacaciones.
La crisis sanitaria, sin dudas, ha afectado a las empresas y su fuerza empleadora que se ha reducido. La investigación es integral, regional, y toma en cuenta el comportamiento laboral en la última década. Precisa que un 28% de los ciudadanos europeos no pueden pagarse una semana de vacaciones fuera de casa. Porcentaje que alcanza al 59,5% de las personas cuyos ingresos están por debajo del umbral de riesgo de pobreza (60% del ingreso medio).
“Unas vacaciones no deberían ser un lujo. Si bien muchos trabajadores disfrutan de tiempo libre con amigos y familiares, millones están perdiendo esa oportunidad debido a los bajos salarios», dijo Esther Lynch, la secretaria adjunta de la confederación. «El aumento de la desigualdad en las vacaciones muestra cómo los beneficios del crecimiento económico en Europa en la última década no se ha compartido de manera justa«, añadió
La peor situación se da en Grecia, donde el 88,9% de las personas en riesgo de pobreza no pueden permitirse vacaciones. Seguida de Rumanía (86,8%), Croacia (84,7%), Chipre (79,2%) y Eslovaquia (76,1%).
En España este porcentaje alcanza el 62,8%, que supone 4,7 millones de personas, cifra solo superada por Italia, con 7 millones de personas. Detrás están Alemania, con 4,3 millones y Francia, con 3,6 millones de personas que no pueden salir de vacaciones.
Limitadas vacaciones para más de la mitad de los españoles
La CES dijo que muchas personas en el grupo de la pobreza están desempleadas o jubiladas, pero también incluye a millones de trabajadores mal pagados, un segmento social que incluye a los españoles que sufren precariedades laborales de diverso tipo.
«Los salarios mínimos legales dejan a los trabajadores en riesgo de pobreza en al menos 16 estados miembros de la UE. Además, la desigualdad en las vacaciones creció en 16 países de la UE en los últimos 10 años. La Comisión Europea calcula que 22 millones de trabajadores ganan menos del 60% de la media.», indica el estudio.
En Croacia, Grecia, Bulgaria, República Checa, Francia y Rumanía se encuentran las mayores divisiones en el acceso a las vacaciones entre los que tienen ingresos por debajo del 60% de la mediana y aquellos con ingresos por encima de ese umbral.
La CES dijo que trabaja con legisladores europeos para introducir un «umbral de decencia» en la legislación de la UE. La finalidad sería garantizar que los salarios mínimos legales nunca sean inferiores al 60% del salario medio y al 50% del salario medio de cualquier nación europea. Esta medida ayudaría a generar un aumento salarial a más de 24 millones de personas.
Parlamento Europeo analizará precariedad salarial
El informe de la CES se elaboró con datos de Eurostat y el Instituto Sindical Europeo y la situación salarial reflejada la examinará el Parlamento Europeo después del verano. La Confederación Sindical de Comisiones Obreras se mostró partidaria de las gestiones que contribuyan a elevar el ingreso de los trabajadores. Entre ellos, el de los españoles que no pueden disfrutar de vacaciones ni de otros beneficios.
Lynch afirmó que «la directiva de la UE sobre salarios mínimos adecuados debe fortalecerse para garantizar que los ingresos nunca sean tan bajos que dejen a los trabajadores en la pobreza. Y que la negociación colectiva se convierta en una parte rutinaria del empleo para garantizar salarios justos para todos».
A comienzos de 2020, Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, inició una consulta a través de los agentes sociales de la UE para fijar un salario mínimo comunitario. Entonces mostró la necesidad de disminuir la brecha económica existente en la región. En el norte, se ubican los mejor remunerados, mientras que en el sur y el este, están aquellos con menos ingresos y mayor precariedad.
El objetivo del planteamiento es “garantizar que los Estados miembros establezcan un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio en ese país”. La mayoría de países consideró viable la opción, pese a los cuestionamientos de Suecia y Dinamarca que prefieren un diálogo tripartito.