En mayo de 2021 el estado de Carolina del Sur en Estados Unidos aprobó el fusilamiento como método de ejecución de presos condenados a muerte. El entonces proyecto de ley buscaba ofrecer otras alternativas ante la escasez de la inyección letal por la negativa de las empresas farmacéuticas a que se utilicen en ejecuciones. Casi un año pasó y ahora parece ser un hecho. Así lo informó el Departamento Correccional al fiscal general del estado, Alan Wilson.
En la legislación anterior el fármaco era el método principal utilizado para las ejecuciones. Sin embargo, Carolina del Sur no ha podido obtener los productos para administrar una inyección letal desde hace años debido a la renuencia por parte de las farmacéuticas. Ahora, las autoridades penitenciarias permitirán a los reclusos sentenciados a muerte elegir cómo quieren morir: en la silla eléctrica, fusilados o con una inyección letal. No obstante, si los productos necesarios para preparar la inyección letal no están disponibles, se les volverá a dar a elegir. Y de no elegir ninguno, serán ejecutados en la silla.
Carolina del Sur se convierte así en el cuarto estado en incluir el fusilamiento como opción de ejecución. Primero lo hicieron Mississippi, Oklahoma y Utah.
El fusilamiento como método de ejecución en Carolina del Sur
El comunicado difundido el viernes pasado, señala que el Centro de Pena Capital en la Institución Correccional de Broad River ha sido renovado para realizar ejecuciones por pelotones de fusilamiento. «Se han escrito protocolos y el departamento está dispuesto a poner en marcha esta orden de ejecución por fusilamiento si el interno opta por este método», dijeron desde el departamento.
Para llevar a cabo la ejecución, al menos tres miembros del pelotón de fusilamiento (empleados voluntarios del Correccional) estarán detrás de la pared, con sus rifles apuntando a través de una apertura al corazón del recluso. Mientras tanto, el recluso estará atado a una silla con una capucha sobre la cabeza. Las armas no serán visibles desde la sala de testigos.
Desde el Departamento Correccional aseguran que los voluntarios deben cumplir ciertas calificaciones previas a la ejecución por pelotones de fusilamiento. El comunicado afirma que hasta la fecha se han gastado alrededor de 53.600 dólares (48.400 euros) en suministros y materiales para llevar a cabo el procedimiento.
Proyecto de ley aprobado en mayo de 2021
En mayo del año pasado, el proyecto de ley quedó sellado con 65 votos a favor, 45 en contra y 11 abstenciones. El gobernador Henry McMaster dijo en ese entonces que Carolina del Sur estaba «un paso más cerca» de proporcionar a las familias de las víctimas y a sus seres queridos «la justicia y el cierre que les corresponde por ley».
Los que no estaban a favor de la medida aprovecharon para deplorar los nuevos métodos de ejecución. Así como el uso de la pena de muerte en general. Es el caso del demócrata Deon Tedder, declaró en contra del proyecto de ley diciendo «Hoy, nuestro estado ha dado un paso atrás y me da vergüenza». Entre sus argumentos destacaba la ironía que significa que en un estado que se considera pro-vida y alardea de sus creencias cristianas, su Cámara de Representantes esté debatiendo la pena de muerte y la silla eléctrica.
Reos a la espera de ejecución
Carolina del Sur tiene a cerca de 40 presos condenados a muerte, de los cuales tres han agotado todos los recursos legales. El 6 de mayo de 2011, hace más de una década, se realizó la última ejecución en el estado. Esto debido a la dificultad para conseguir fármacos para las ejecuciones. De las 1.532 ejecuciones ocurridas en Estados Unidos desde que se restituyó la pena de muerte en 1976, solo 3 han sido por fusilamiento. Todas ellas en Utah y la última en 2010.
En junio del año pasado un tribunal superior del estado de Carolina del Sur suspendió otras dos ejecuciones por no disponer de los medicamentos para las inyecciones letales. La suspensión de los presos Brad Sigmon y Freddie Owens sería hasta que los presos tengan la opción de elegir entre morir por electrocución en la silla o por fusilamiento.
Sigmon, de 63 años, debía ser ejecutado en ese momento, pero ha pasado casi dos décadas en el corredor de la muerte después de ser declarado culpable en 2002 de matar a los padres de su exnovia con un bate de béisbol. Por otro lado, la ejecución de Owens, también prevista para junio de 2021, lleva desde 1999 sin proceder. En ese entonces el hombre de 43 años fue declarado culpable por asesinar a un trabajador de una tienda durante una ola de robos.
Los reos preferían la inyección letal como método de ejecución, pero no se pudo concretar porque las autoridades penitenciarias no tenían los medicamentos necesarios. Los abogados de los presos argumentaron que la electrocución era «cruel e inusual». Con la nueva ley de fusilamiento, se podrá cubrir este vacío legal que permitía a los presos posponer indefinidamente sus ejecuciones si los medicamentos no estaban disponibles. Y se reactivarán las ejecuciones que no han podido llevarse a cabo desde hace más de dos décadas.
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