El estado de Carolina del Sur en Estados Unidos acaba de aprobar el fusilamiento como método de ejecución de presos condenados a muerte. Aunque la inyección letal sigue siendo la primera opción, el proyecto de ley recién aprobado por el legislativo busca otras alternativas ante la escasez de esos fármacos por la negativa de las empresas farmacéuticas a que se utilicen en ejecuciones. Solo falta el visto bueno del gobernador.
Con su aprobación final, Carolina del Sur se convertirá en el cuarto estado de la Unión en incluir el fusilamiento como opción. Primero lo hicieron Mississippi, Oklahoma y Utah. Aunque el proyecto de ley que incluye el fusilamiento quede aprobado en las próximas semanas, las ejecuciones en el estado no se van a reactivar pronto. Probablemente enfrentará demandas que retrasarán varios años su entrada en vigor.
A un paso de su aprobación
La semana pasada, la Cámara de Representantes de Carolina del Sur aprobó el proyecto de ley en el que se incluye el fusilamiento como alternativa a las inyecciones letales para ejecutar a los presos condenados a la pena de muerte. El documento quedó sellado con 65 votos a favor, 45 en contra y 11 abstenciones.
Todavía debe ser ratificado por el gobernador, Henry McMaster. Sin embargo, el republicano ya había anunciado anteriormente su apoyo al proyecto, por lo que es cuestión de tiempo para que le dé el visto bueno. McMaster, se ha comprometido a firmar la legislación «tan pronto como llegue» a su escritorio. «Estamos un paso más cerca de proporcionar a las familias de las víctimas y a sus seres queridos la justicia y el cierre que les corresponde por ley», ha manifestado el gobernador.
Reacciones
También hay quienes se oponen a la medida. Los que no están a favor aprovecharon para deplorar los nuevos métodos de ejecución, así como el uso de la pena de muerte en general. Es el caso del demócrata Deon Tedder, quien ha declarado en contra del proyecto de ley. «Hoy, nuestro estado ha dado un paso atrás y me da vergüenza», aseguró.
Tedder resaltó la ironía que significa que en un estado que se considera pro-vida y alardea de sus creencias cristiana, su Cámara de Representantes esté debatiendo la pena de muerte y la silla eléctrica, mientras que el Senado debate la libre posesión de las armas.
El representante Justin Bamberg describió la naturaleza visceral de la muerte por electrocución en la Cámara durante el debate, exponiendo los procedimientos paso a paso durante el proceso de ejecución. El líder de los demócratas en la cámara, Todd Rutherford también ha mostrado su posición sobre el tema. «Como sociedad deberíamos dejar atrás estas formas bárbaras de castigo que son más medievales que modernas», destacó.
40 presos esperan la ejecución en Carolina del Sur
Actualmente, hay dos alternativas para la ejecución de los presos condenados a muerte en Carolina del Sur. Pueden elegir entre la silla eléctrica o una inyección letal. Pero la falta de inyecciones ha hecho que las opciones sean reducidas a una sola. A partir de ahora, en caso de que el estado no disponga de los fármacos letales, el reo tendrá la opción de elegir entre la silla eléctrica y el fusilamiento.
Carolina del Sur tiene a cerca de 40 presos condenados a muerte, de los cuales 3 han agotado todos los recursos legales. El 6 de mayo de 2011, hace exactamente una década, se realizó la última ejecución en el estado debido a la dificultad para conseguir fármacos para las ejecuciones. De las 1.532 ejecuciones ocurridas en Estados Unidos desde que se restituyó la pena de muerte en 1976, solo 3 han sido por fusilamiento. Todas ellas en Utah y la última en 2010.
Virginia: el primer estado en abolir la pena de muerte
El estado de Virginia se convirtió en marzo en el primer estado del sur de Estados Unidos en abolir la pena de muerte después de 400 años. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte señala que solo 24 estados han proscrito la pena de muerte. En lo que va de año solo se han ejecutado tres personas en la Unión.
El apoyo a la pena de muerte ha ido cayendo con los años. La empresa Gallup refleja en datos el apoyo a este castigo, que pasó del 80% en 1994 a menos del 65% en 2006, una tendencia que ha continuado hasta caer al 55% en 2020.
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