El gobierno de Joe Biden se ha anticipado a evaluar los impactos del cambio climático y ha ordenado estudios sobre su incidencia en la seguridad nacional. Los informes revelan que el aumento de las temperaturas y los efectos extremos provocarán conflictos por el agua, incluso dentro de EE UU. Este malestar derivará en el desplazamiento de decenas de millones de personas durante los próximos 30 años.
Biden encargó a la Oficina de Inteligencia Nacional, a la Casa Blanca y al Pentágono realizar los análisis. Sus resultados han sido ofrecidos días antes de la cumbre del clima COP26, en Glasgow, que está llamada a reforzar esfuerzos por evitar el calentamiento global. En forma cierta y rigurosa.
La Oficina de Inteligencia Nacional advierte que el cambio climático exacerbará cada vez más una serie de riesgos para los intereses de seguridad nacional de EE UU. En concreto, señala que entre los riesgos, está el “aumento de la tensión geopolítica. A medida que los países discuten sobre quién debería hacer más y con qué rapidez. A la vez, la tensión transfronteriza a medida que los países aseguran sus propios intereses y desestabilización a nivel nacional”.
Asimismo, precisa once países de “gran preocupación”, además de dos regiones enteras como África Central y las islas del Pacífico, al ser “enormemente vulnerables a los efectos físicos” de la crisis climática. Y por no “tener la capacidad suficiente para adaptarse”.
“En estos once países es especialmente probable que haya temperaturas cada vez más calientes. Incidentes climáticos extremos y perturbaciones en los patrones del océano que amenazarán su seguridad energética. Alimentaria, de agua y sanitaria”, sostiene el documento. E insiste en que Estados Unidos debe ayudarlos con el objetivo de “mitigar riesgos futuros para los intereses nacionales”.
Conflictos por el agua y la seguridad de EE UU
Otro de los informes solicitados, el de la Casa Blanca, se centra en lo que serán las “decenas de millones de personas que probablemente serán desplazadas durante las próximas dos o tres décadas. Debido en gran medida a los impactos del cambio climático”.
El documento también recomienda explorar reformas al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), creado en 1990. A través de ese sistema EE UU concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
Ese programa es “limitado” porque no protege a las personas que llegan después de la fecha en la que se establece la protección, dice. Y porque no contiene una vía para acceder a la residencia permanente o la ciudadanía. El texto también alerta de que la migración generada por el clima podría elevar la inestabilidad política, al exacerbar la xenofobia y los discursos de odio de ciertos actores políticos.
Por otra parte, el Pentágono en el último informe hace un caso especial de la región del Indo-Pacífico, recoge El Ágora Diario del Agua. Refiere que el aumento del nivel del mar y el clima extremo podrían poner en riesgo la “infraestructura de guerra” de Estados Unidos. Por ejemplo en Guam, las Islas Marshall y Palau, donde EE UU tiene una presencia militar significativa.
En todos los estudios se destaca una idea común. El aumento de las temperaturas y los efectos físicos extremos provocarán conflictos por el agua y el desplazamiento de decenas de millones de personas durante los próximos 30 años, incluso dentro de EE UU.
“Estados Unidos y sus socios enfrentan desafíos costosos que serán más difíciles de manejar sin un esfuerzo concertado para reducir las emisiones y el calentamiento de los límites”, resalta uno de los textos.
Saneamiento de las aguas en España
El gobierno de Biden se adelanta a auscultar los efectos de la crisis climática y observa posibles conflictos por el agua EE UU. Mientras en España, las prioridades son otras.
El director general del Agua del Ministerio de Transición Ecológica, Teodoro Estrela, indica que “el 40% de las masas de agua en España no está en buen estado y su recuperación ambiental es el objetivo a alcanzar en 2027”. Para conseguirlo puso sobre la mesa la necesidad de mejorar en saneamiento y depuración ya que existen, dijo, 500 aglomeraciones urbanas, un 25% del total, no conformes a la directiva europea.
El funcionario abogó también por luchar contra la contaminación de los acuíferos, que por el uso masivo de fertilizantes y pesticidas superan las concentraciones de nitratos permitidas. Se espera aprobar un Real Decreto antes de fin de año sobre esta materia. La restauración de los caudales ecológicos y la recuperación de espacios emblemáticos como el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia o el Mar Menor son otros de los desafíos que los planes de cuenca tienen que abordar, añadió.
“Tenemos problemas con el Mar Menor, una masa de agua que se ha deteriorado como consecuencia de las múltiples presiones a las que está sometida”, señaló Jesús García Martínez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, reseña Heraldo de Aragón.
“La sobreexplotación de aguas subterráneas y la contaminación por nitratos son problemas difíciles de solucionar. Y comunes al conjunto de las confederaciones”, indicó. “La llegada de los fondos europeos es una oportunidad que no podemos dejar pasar”, recordó.
“El 75% de nuestros recursos son de origen subterráneo y el 50% los tenemos en mal estado o sobreexplotados”, dijo Aránzazu Fidalgo, jefa de la Oficina de Planificación Hidrográfica (OPH) de la Cuenca del Júcar.
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