La investigación a Podemos por el uso de la llamada «Caja B» y otras presuntas irregularidades ya alcanzó a la alta dirigencia del partido. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, decidió imputar formalmente a varios miembros de la cúpula de la formación morada, por posibles delitos de malversación y administración desleal. La medida se produce tras la denuncia presentada por el abogado José Manuel Calvente, quien fuera despedido de esa tolda política.
En concreto, el magistrado imputó a Juan Manuel Del Olmo —secretario de Comunicación de Podemos, responsable de las campañas del partido y estrecho colaborador de Pablo Iglesias—, a Daniel De Frutos, tesorero, y a la gerente, Rocío Esther Val.
Algunos de ellos han sido citados para declarar por las presuntas irregularidades en la financiación del partido. El juez también imputó a Podemos, como persona jurídica.
Avance de las investigaciones
El magistrado citó a Del Olmo, De Frutos y Val para el 20 de noviembre en calidad de investigados, después de que Calvente ratificara su denuncia y declarase durante varias horas a finales del pasado julio, según informó la agencia Europa Press.
Adicionalmente, el juez requirió a Podemos abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores.
Las comparecencias de los investigados tendrán lugar después de que haya declarado Calvente. También declararán Gloria Elizo, actual vicepresidenta tercera del Congreso y exresponsable del equipo legal de Podemos: y Mónica Carmona, otra de las antiguas abogadas del partido que fue despedida también en diciembre. Ambas están citadas el próximo 15 de septiembre como testigos de refutación tras la denuncia de Calvente.
Investigación interna
Según explicó Calvente, Carmona y él estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos. Así mismo, sospecha de Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.
Las presuntas irregularidades incluyen el cobro de sobresueldos; el fraccionamiento de contratos; posibles inconsistencias fiscales; la utilización de información sobre consultas internas para llevar a cabo purgas entre los críticos; y la falsedad de un despido para desprestigiar a un dirigente del partido.
También existen sospechas sobre el contrato con la consultora mexicana Neurona. Afirma que la licitación de la obra de la sede de Unidas Podemos por más de 640.000 euros, que acabó adjudicándose por el doble, pudo ser falsa.
Por otro lado, Calvente dijo que no denunció a Podemos como persona jurídica y que su escrito no se dirige contra personas concretas. Agregó que, en todo caso, se limitó a relatar unos hechos presuntamente irregulares. De modo que es el juez el que debe decidir, tras la investigación, quiénes son los posibles autores, explicó.
Calvente fue despedido el pasado diciembre tras ser denunciado por otra de las abogadas del partido, Marta Flor, de acoso sexual y laboral. La acusación fue recientemente archivada por otro juez de Madrid, al no encontrar ningún indicio al respecto.
La Caja B de Podemos
Calvente declaró como testigo el pasado 29 de julio, durante tres horas por videoconferencia desde Barcelona, ante el instructor. Allí ratificó que la formación morada tenía una «Caja B» y pagaba sobresueldos.
El exjefe del equipo jurídico de Podemos enumeró «una a una» las irregularidades expuestas en la denuncia presentada ante la Guardia Civil, que ha dado lugar a la apertura de esta investigación judicial contra el partido morado.
En la misma hablaba de la existencia de una «Caja de Solidaridad» que estaba siendo utilizada por Podemos como una «Caja B» para ocultar gastos opacos.
Esta «Caja B» fue creada en 2018 a iniciativa de Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos. Los fondos económicos de la misma procedían de las donaciones mensuales de cargos públicos estatales del partido.
Por tanto, según su Reglamento, este dinero debía destinarse a «donaciones a colectivos, entidades, procesos litigiosos o cajas de resistencia de colectivos en movilización y o huelga que pueda haber abiertas».
Podemos se defiende
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, reaccionó a través de un comentario en su cuenta de Twitter. En su opinión, el objetivo de este tipo de investigaciones es convertir la causa en “un caso mediático que dure meses, aunque luego jurídicamente quede en nada”.
“Con las acusaciones que hoy se vierten, pasará como con TODAS las anteriores: quedarán en nada ―sostiene Echenique en su comentario―. Porque su objetivo no es judicial, sino la difamación mediática”.
Por su parte, Juan Carlos Monedero reaccionó también a través de Twitter a esta noticia con un mensaje en el que apunta a un ataque por parte de la «trama de privilegios y corrupción amparada en la figura de Juan Carlos I».
PP y Cs emplazan a Podemos
El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al vicepresidente Pablo Iglesias, a aclarar «hoy mismo» si estaban al tanto de la «presunta financiación ilegal de Podemos» que ha llevado a «buena parte de la cúpula de Podemos» a ser imputada.
«Emplazamos a Iglesias y Sánchez a que den la cara ante los medios», porque, «Sánchez está avalando con su silencio las presuntas corrupciones y los supuestos escándalos de su vicepresidente».
El dirigente de Ciudadanos y líder del partido en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, pidió a la dirección de Podemos que dé explicaciones sobre su financiación y deje la «chulería política». Dijo que sería «gravísimo» que un partido que forma parte del Gobierno de España «tuviera irregularidades en la gestión del dinero».
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