El futuro de Venezuela, como lo han advertido algunos analistas, se debate en varios tableros. Uno –crucial para los sectores democráticos de Venezuela y el mundo– es el rompimiento de las redes y cadenas de suministros de dólares que mantienen al régimen de Maduro, provenientes del contrabando de oro y de otros minerales, de la venta de petróleo a través de mecanismos opacos, de la exportación ilegal de maderas y, primordial en esta escueta relación, de su variada participación en la actividad del narcotráfico.
Hechos, en apariencia desconectados los unos de los otros, guardan importantes conexiones. En el fondo, se trata de una misma guerra que se libra en varios terrenos. Que en el transcurso de la semana pasada se haya develado que en el 2017, violando la Constitución y las leyes, el régimen le otorgó la nacionalidad venezolana al delincuente Álvaro Díaz Tarazona, figura clave en el alto comando de la narcoguerrilla del Ejército de Liberación Nacional -ELN-; que el 20 de julio se haya logrado en Honduras, la captura de una avioneta cargada con 806 kilos de cocaína que provenía del territorio venezolano; que en semanas previas, la Operación Antidrogas puesta en marcha por las fuerzas militares de Estados Unidos en el mar Caribe haya logrado atrapar numerosas embarcaciones cargadas de narcóticos; y que el proceso para extraditar a Alex Saab a Estados Unidos continúe su irreversible avance, son todas expresiones de los esfuerzos de países y organismos de seguridad para controlar y reducir el tráfico de drogas, impedir el lavado de dineros obtenidos por la corrupción y el narcotráfico, y hacer inviable la sostenibilidad financiera del narcorrégimen que detenta, ilegal e ilegítimamente, el poder en Venezuela.
En la guerra de la que hablo, por fortuna, también participan las sociedades, a través de sus electores. Lo que ha ocurrido en la República de Surinam, es justo eso: la derrota, en el proceso electoral, del tirano, narcotraficante y asesino, Desiré Delano Bouterse, el hombre-pesadilla del pueblo surinamés, quien desde el 2010 se había convertido en uno de los aliados, primero de Chávez y a continuación de Maduro, y no solo en el terreno político.
En mayo de 2019, fue publicado en Colombia un video de un poco más de siete minutos de duración, en el que aparecían, el ex jefe de la FARC y narcotraficante, Jesús Santrich –que ahora se oculta en Caracas, en la parroquia 23 de enero, bajo la protección del grupo paramilitar La Piedrita– y Marlon Marín, sobrino del también narcotraficante, Iván Márquez. El video, realizado por agentes encubiertos, recoge una reunión en la que se planificaba el envío de cocaína a Estados Unidos. Los delincuentes mencionan a Bouterse en repetidas ocasiones. En el video se anuncia que le visitarán dos días después. Hacen mención explícita del apoyo que recibirán en Surinam.
A finales del 2019, mientras realizaba una visita oficial a China, un tribunal militar de Surinam emitió una sentencia en contra de Bouterse: le condenó a 20 años de cárcel –una pena muy baja en relación con el tamaño del delito que cometió, el asesinato de 15 ciudadanos opositores en diciembre de 1982–. Bouterse, mediante un golpe de Estado en 1980, que se conoció con el equívoco nombre de “La revolución de los sargentos”, se hizo del poder hasta 1987.
Del inmenso poder que acumuló en todas las instancias de su país, habla lo ocurrido con su juicio: solo pudo iniciarse en el año 2007, 25 años después de perpetrados los asesinatos. Tuvieron que transcurrir otros 12 años para que le dictaran una sentencia. Sin embargo, no ordenaba su detención inmediata, lo que causó que Estados Unidos y varios países de Europa denunciaran la precariedad de la decisión del tribunal.
Pero no es solo el asesinato político la especialidad del delincuente Bouterse. En 1999 fue condenado en los Países Bajos a una pena de 11 años de prisión por tráfico de drogas. El sentenciado escapó de cumplir la pena, en su país no existe la figura de la extradición en el sistema legal. Que esta joya desarrollase amistad y complicidad política con Chávez no debe sorprender. Cuando se reunieron en el año 2010 y ambos se abrazaron por largo rato, Chávez se volvió a los micrófonos y dijo: “Juntos seremos libres”.
No solo Bouterse, también su hijo, Dino Delano Bouterse, tiene una gruesa trayectoria como delincuente. Ha sido señalado de robar y traficar con armas y vehículos, manejar dineros de Hezbolá, traficar con drogas, usar falsos pasaportes y es sospechoso de ser el responsable de la desaparición de tres narcotraficantes de Brasil (a última hora, el testigo clave de la fiscalía retiró su testimonio inculpador, presionado por los abogados del rufián). Ha estado preso en varios países.
El reciente triunfo en las elecciones de Surinam de Chandrikapersad ‘Chan’ Santokhi, exjefe policial y líder del Partido de la Reforma Progresista, y la derrota del poderosísimo Bouterse no solo conciernen a Surinam, que ahora mismo ha entrado en una nueva fase de su historia, una vez que las exploraciones petroleras siguen arrojando resultados especialmente positivos.
También concierne a Venezuela. Por una parte, porque es muy probable que, a corto plazo, la ruta de la cocaína, Colombia-Venezuela-Surinam, sea rota por las nuevas autoridades surinamesas. Eso significa un portentoso golpe a las finanzas del régimen venezolano. Por la otra, porque pierden un aliado, que había sido uno de los incondicionales en el terreno internacional a lo largo de una década. Hay que entenderlo: el fortalecimiento de la democracia en Surinam es vital para el futuro democrático de Venezuela.
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