Cada vez hay más pensionistas y menos dinero

Por Juan Emilio Ballesteros
17/12/2016

Una reciente encuesta realizada a ciudadanos españoles por el Instituto de Estudios Bursátiles y cinco prestigiosas gestoras (BBV, JP Morgan, M&G, Mirabaud y Schroders) concluye que hay que ahorrar para la jubilación y, ante la prevista caída de las pensiones públicas, poner el dinero al albur de los mercados financieros, vía fondos o planes. El argumento no es nuevo y se ha venido utilizando como arma arrojadiza en el debate político ante la incapacidad del sistema público de previsión social de garantizar su solvencia en el futuro.

Los agentes políticos, económicos y sociales llevan años advirtiendo de este posible colapso y denunciando la inviabilidad del modelo. La crisis ha provocado que cada vez existan más jubilados y se ingrese menos en las arcas del Estado. A pesar de que se han ensayado medidas paliativas, como el retraso en la edad de jubilación, lo cierto es que cada vez hay más pensionistas y menos dinero.

Frente al alarmante incremento del envejecimiento de la población y la imposibilidad de mantener el mecanismo actual de pensiones públicas, se constata que los españoles previenen poco su jubilación y carecen totalmente de formación financiera para comprender la importancia de los instrumentos de ahorro como los fondos o planes de pensiones. Al contrario, más del 40% del ahorro se concentra en depósitos bancarios de nula rentabilidad en un escenario de bajos tipos de interés, aun admitiendo las ventajas fiscales de los fondos.

El perfil del inversor español refleja una excesiva bancarización y una gran desconfianza, fundamentalmente a causa del desconocimiento y la falta de transparencia en la gestión. En la actual coyuntura económica, de elevada volatilidad e incertidumbre a causa de los grandes riesgos geopolíticos y globales, el asesoramiento y la confianza adquieren gran relevancia a la hora de cambiar unos hábitos y planteamientos que no hacen frente a la amenaza y mucho menos garantizan la supervivencia del sistema.

Es preciso acometer cambios graduales en el sistema de pensiones y apostar por un modelo mixto de cotizaciones públicas y ahorro o aportaciones privadas. Los trabajadores que se incorporan al mercado laboral saben que tendrán que recurrir a las fórmulas de ahorro complementario pues sus cotizaciones, a causa de la situación demográfica, no serán suficientes para garantizar la pensión. Se impone un sistema mixto por el que se ahorre a través de la empresa para completar, de esta manera, la jubilación pública. Las soluciones pasan por incentivar las aportaciones del empleado y la implantación de medidas fiscales, como que las aportaciones empresariales no se imputen al trabajador como rentas del trabajo o que los dividendos sean deducibles en el impuesto de sociedades.

Los gestores exigen al poder político valentía y decisión a la hora de implantar nuevos planes que ya funcionan en otros países y que surgieron en el Reino Unido en 2008, cuando la crisis económica empezaba a castigar duramente los bolsillos de los ciudadanos. La fórmula consiste en que las empresas –no sólo las grandes corporaciones, que lo tienen más fácil, sino también las pymes y micropymes– ofrezcan a sus empleados la posibilidad de contratar una pensión privada que complemente la pública.

Tanto Pilar González de Frutos, presidenta de la patronal de las aseguradoras (Unespa), como Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, la asociación española de gestoras de fondos de inversión y de pensiones, se han mostrado partidarios de una propuesta que también agrada al sector financiero: los planes de pensiones semiobligatorios.

“La mejor forma de garantizar el bienestar de los mayores del mañana es animar a ahorrar a esa gente que hoy está en edad de trabajar. Con un esfuerzo asumible pero sostenido en el tiempo se pueden acumular cantidades de ahorro muy importantes. Yo abogo por un sistema de cuasiobligatoriedad en el que todo trabajador por cuenta ajena se vea introducido en un sistema de ahorro, reteniendo su derecho a tomar la opción de salirse”, apunta González de Frutos. Por su parte, Martínez-Aldama insiste en que “nadie cuestiona que el sistema público vaya a seguir existiendo, pero creo que la fortaleza de los ingresos es mucho mayor cuando tenemos dos fuentes de financiación. El envejecimiento de la población española es una muy buena noticia, pero en paralelo debe haber un cambio en los hábitos de ahorro, especialmente el dirigido a la jubilación”.

En España, la población activa la forman 23 millones de ciudadanos, pero los planes de empleo tan sólo alcanzan a dos millones de trabajadores de administraciones públicas y grandes empresas, lo que implica un riesgo cierto de discriminación al crearse dos categorías de pensionistas, de primera y segunda división. “La forma de solucionar este problema es implantar un sistema al menos cuasiobligatorio donde las empresas tengan que ofrecerse a hacer una aportación por sus empleados, y los trabajadores por adhesión, se incorporen a ella”, concluye Martínez-Aldama.