El mensaje es claro. La Unión Europea exige a cada país del bloque que aplique las recomendaciones que les ha hecho Bruselas, como requisito para acceder a los fondos de recuperación. Se puede poner más claro todavía: sin reforma, no hay dinero. Pese a la claridad y concisión de la advertencia, el Gobierno de España parece no entenderla. ¿Habrá que ser más específico?
A mediados del año pasado, la Comisión Europea envió a los países la plantilla que deben cumplir para acceder los fondos de recuperación, del que España tiene derecho a 140.000 millones de euros entre préstamos y subvenciones de aquí a 2026.
Los cálculos anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indican que España podrá acceder a 140.000 millones; 72.700 en transferencias y 66.300 en préstamos. De ellos, 56.000 en ayudas directas saldrán directamente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Lo que falta irá en las nuevas partidas para cohesión y del fondo que apoyará la descarbonización.
Las reformas y los fondos de recuperación
Dado lo elevado de los montos comprometidos y la necesidad de que esta iniciativa se traduzca en una verdadera recuperación económica, sostenible en el tiempo, Bruselas elaboró unas recomendaciones específicas por país que serán la guía para que los Estados elaboren sus planes nacionales de reformas a cambio del fondo de recuperación.
En este sentido, la primera recomendación, común para todos, es cumplir el esfuerzo presupuestario pactado para la reducción de déficit y deuda. Es allí, precisamente, donde la cosa se puede poder cuesta arriba a España. Aunque esté descartada la austeridad a ultranza, se le exigirá una reducción del déficit estructural, una reforma del mercado de trabajo para reducir la precariedad y la temporalidad e impulsar políticas activas de empleo eficaces y, quizás, una reforma de la administración.
Nada nuevo bajo el Sol
El paquete de reformas parece un «copia y pega» de alguno de los informes técnicos de la Comisión sobre España de los últimos años. Así que es una vuelta al trigo sobre algunos de los temas más controversiales en la política económica doméstica para el Gobierno de coalición, como la reforma de las pensiones o la del mercado de trabajo.
La Comisión también insta a los países a plantearse la retirada de lo que denomina «subsidios nacionales perjudiciales para el medio ambiente». En ese grupo entrarían las ayudas domésticas al carbón. También se pide a los estados modificar su ‘mix impositivo’, reduciendo la presión fiscal sobre el factor trabajo. Y aquí la diana le apunta a España, que resulta ser uno de los países europeos en los que las empresas pagan más cotizaciones sociales. Además, se recomienda compensar la potencial pérdida de ingresos con una fiscalidad verde bien orientada.
Una recomendación recurrente que hace la Comisión Europea es alertar sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. No le dice a España que la vía para corregirlo debe recortar las pensiones. Pero sí le pide buscar mecanismos para que el sistema no colapse.
En el ámbito socio-laboral, el Ejecutivo comunitario lleva tiempo pidiendo a España medidas para favorecer contratos indefinidos y una mejora de los servicios públicos de empleo, además de corregir las disparidades autonómicas en los regímenes de rentas mínimas y mejorar apoyo a las familias.
En este entorno, el fondo de recuperación se está convirtiendo en una suerte de fuerza de choque para que España asuma las reformas que, desde hace mucho, debían haberse acometido, a juicio de la Comisión Europea.
Los obstáculos
A la inercia gubernamental para acometer estas reformas se suman las fisuras dentro de la coalición. Para muestra un botón. Podemos ya ha dicho que se niega a apoyar la reforma de pensiones que promueve el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Las iniciativas de alargar la edad real de jubilación y ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión pública podrían generar un ahorro conjunto de unos 16.000 millones al Estado.
Además, el partido de Pablo Iglesias tampoco está muy ganado a la idea de respaldar una reforma que brinde más flexibilidad al mercado laboral. Por el contrario, los morados pretenden derogar los «aspectos más lesivos», dicen, de la norma de 2012.
Sí o sí
Sin embargo, Bruselas ha dejado claro que los países deben las reformas planteadas «sí o sí». De lo contrario, no se desembolsará el dinero. «El desembolso de fondos está supeditado al satisfactorio cumplimiento de los hitos y los objetivos por parte de los Estados miembro, tal como se ha establecido en los planes de recuperación y resiliencia aprobados por el Consejo», resalta el reglamento.
Durante las negociaciones, uno de los puntos más álgidos entre eurodiputados y Estados miembros fue la condicionalidad que se exigirá a los países, a cambio de los fondos de recuperación.
Si bien la Eurocámara consiguió algunas concesiones, no fueron tan lejos como querían. Así, se mantuvo el posible bloqueo de los recursos en caso de una violación seria de las metas fiscales dadas a los países.
Los Estados miembros tendrán hasta abril para enviar sus planes de inversiones y reformas, que serán evaluados y discutidos con la Comisión antes de acceder a la ayuda. Para desbloquear los fondos, deberán contener inversiones orientadas hacia los objetivos de la UE y las reformas que ha solicitado Bruselas el último par de años.
Mientras, en el caso de España, PSOE y Podemos deshojan la margarita para tratar de acordar cuáles reformas se aplicarán. Pero el tiempo corre en contra. Y Bruselas no pudo hablar más claro: «Sin reformas, no hay fondo de recuperación«.
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