Por Cambio16
20/02/2017
La Policía Federal brasileña envió un informe al Tribunal Supremo Federal en el que acusa a los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff y al ex ministro de Educación de ésta, Aloizio Mercadante, de intentos de obstruir la Justicia en las investigaciones de la Operación Lava Jato.
La policía interpreta como obstrucción a la Justicia el hecho de que Rousseff decidiera nombrar como ministro de la Casa Civil al ex presidente Lula en marzo del año pasado.
Al entrar en su gobierno Lula pasaría a tener foro privilegiado y escaparía del ámbito de acción del juez Sérgio Moro, que sigue la Operación Lava Jato en la primera instancia.
Tras una fuerte polémica el nombramiento fue suspendido por el Supremo y nunca llegó a materializarse.
Respecto al ministro Mercadante la acusación de tráfico de influencia se basa en un audio filtrado por un ex asesor del ex senador del Partido de los Trabajadores Delcídio Amaral, Eduardo Marzagao.
Se trata de una conversación privada en la que el ministro presuntamente ofrece ayuda a cambio del silencio de Amaral, para que no firme un acuerdo de delación premiada con los investigadores de la Lava Jato y evitar así que ofreciera detalles sobre la implicación de Lula y Rousseff en la trama de Petrobras.
La policía considera que el «conjunto probatorio es suficiente», para imputar crímenes de obstrucción a la Justicia y de tráfico de influencia (en el caso de Mercadante), pero no los denunció formalmente.
La acusación parte de una petición que el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, hizo el pasado mes de mayo para que la policía verificara si se produjeron o no tales delitos.
Ahora el Tribunal Supremo Federal deberá decidir si deriva el caso ya que como ninguno de los tres implicados tiene ningún cargo gubernamental no gozan de foro privilegiado y deberían ser investigados por la justicia ordinaria.
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