Uno de los lugares más verdes de Estados Unidos es Oregón, por sus bosques y compromisos de cuidado del medio ambiente. Pero, lamentablemente, está experimentando el impacto negativo de la tala ejecutada por empresas madereras que no tienen un compromiso a largo plazo con el estado. Los bosques de Oregón se debaten entre la codicia de los fondos de inversión y la sostenibilidad de sus condados.
El 47% del área total del estado esta cubierta de bosques, una superficie de más de 30 millones de acres. Abarcan desde grandes reservas nacionales como el Malheur hasta parques urbanos como Forest Park en Portland. Su extensión varía desde millones de acres en los bosques nacionales hasta decenas de millas en los parques. En conjunto forman un recurso natural vital para sus comunidades.
Oregón históricamente ha mantenido una profunda conexión con la industria maderera. El Capitolio estatal ostenta un pionero dorado con hacha en mano. La alfombra de la Cámara de Representantes está adornada con árboles. Incluso la mascota de los Portland Timbers, un equipo de la Major League Soccer, es un leñador que simbólicamente corta un tronco de abeto Douglas después de cada gol en casa.
Una investigación exhaustiva realizada por OPB y The Oregonian/OregonLive revela cómo las políticas fiscales favorecedoras de la industria maderera lo han convertido en un laboratorio de la deforestación. Millones de dólares en impuestos perdidos, bosques devastados y comunidades rurales en declive son el resultado de un sistema que prioriza los beneficios a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo.
En manos de Wall Street
En la década de 1990, las ventas de madera se desplomaron. El gobierno federal redujo drásticamente la tala en los bosques nacionales para proteger al búho moteado del norte y otras especies en peligro de extinción. Miles de habitantes de Oregón perdieron empleos, y los condados vieron evaporarse cientos de millones de dólares en ingresos anuales.
La falta de regulación estatal llevó a la adquisición de tierras forestales privadas por parte de fideicomisos inmobiliarios y fondos de inversión de Wall Street. Empresas que están talando de manera más agresiva y con menos protecciones ambientales que en los estados vecinos. Los recortes de impuestos a la madera costaron a los condados más de 3.000 millones de dólares en tres décadas. La mitad de los 18 condados de la región de Oregón, donde predomina la madera, perdieron más dinero por los recortes de impuestos a los bosques privados que por la reducción de la tala en tierras federales.
Antaño, los propietarios de madera pagaban un impuesto basado en el valor de los árboles talados. Financiaba escuelas y gobiernos locales. Pero el impuesto desapareció para todos, excepto los pequeños propietarios. El resultado: ciudades y condados recaudaron solo una fracción de lo que podrían haber obtenido. Desde 1991, el valor total de la madera talada en tierras privadas asciende a aproximadamente 67.000 millones de dólares. Sin el impuesto sobre la extracción de madera, las empresas solo pagaron alrededor de 871 millones de dólares en impuestos a la propiedad.
La investigación cita el caso del condado de Polk, donde se encuentra Falls City. Perdió aproximadamente 29 millones de dólares en ingresos por la venta de madera en tierras federales. La eliminación del impuesto a la explotación, y la reducción de los impuestos a la propiedad para las empresas madereras privadas, han tenido un costo aún mayor: al menos 100 millones de dólares.
Alto precio
Aunque la industria maderera sigue generando miles de millones de dólares anuales, su rostro ha cambiado. Oregón sacrificó impuestos y protecciones ambientales más sólidas en tierras forestales privadas para atraer empleos e inversiones. A pesar de las concesiones hechas, el principal estado productor de madera del país tiene menos empleos en el sector forestal por acre y obtiene una proporción menor de las ganancias de la tala que sus vecinos, Washington y California.
Si Oregón aplicara a los propietarios de madera los mismos impuestos que a sus vecinos, podría generar decenas de millones de dólares adicionales para los gobiernos locales. En el pasado, la industria maderera empleaba a 1 de cada 10 trabajadores del estado e invertía más de 120 millones de dólares anuales en escuelas y gobiernos de condados mediante impuestos sobre la propiedad y la explotación. En nuestros días se ha reducido drásticamente. Emplea a 1 de cada 50 trabajadores y paga solo unos 25 millones de dólares en impuestos directamente a las comunidades. Para el alcalde de Falls City, Jeremy Gordon, a medida que esos empleos disminuyen, “hay cada vez menos apoyo en la comunidad para subsidiar esa industria».
Las ganancias ahora se concentran en un puñado de empresas controladas por fideicomisos inmobiliarios, fondos de inversión y familias de madereros adinerados. Mientras tanto, los pequeños propietarios de árboles, que cultivan bosques más antiguos y biodiversos, han vendido cientos de miles de hectáreas. En el oeste del estado, al menos el 40% de las tierras forestales privadas están en manos de empresas de inversión que maximizan las ganancias. Compran grandes extensiones de tierra, talan árboles en ciclos más rápidos, exportan madera al extranjero y luego venden las propiedades agotadas.
Modelo de negocios, no de ecología
El modelo intensivo de explotación forestal empleados por los fondos de inversión contribuye al calentamiento global al no almacenar carbono tan eficientemente como los bosques más antiguos. Además, depende en exceso de herbicidas y fertilizantes, afecta negativamente el hábitat de la vida silvestre, como el salmón amenazado y los pájaros cantores nativos.
Hancock Forest Management es una de las principales empresas de inversión en madera de Oregón. Es propiedad de Manulife Financial, una empresa canadiense de 25.000 millones de dólares. Centra su estrategia en plantaciones de árboles diseñadas para crecer rápido y recto. Plantaciones que vistas desde lejos, pueden confundirse con bosques naturales. En tierra, la realidad es diferente: son inquietantemente estériles, carecen de la exuberancia vegetal y la vida silvestre que caracterizan a los bosques originales.
Jerry Anderson, gerente regional de Hancock Forest Management, defiende las decisiones tomadas a nivel local. “No hay nadie de fuera de esta zona que haya venido a decirnos qué hacer en estas plantaciones individuales. Son decisiones locales”, afirma quien ha administrado tierras en el condado de Polk durante cuatro décadas. Según él, la toma de decisiones es mesurada y considerada.
El ex gobernador de Oregón, John Kitzhaber, expresó su preocupación durante su último mandato sobre la forestación impulsada por inversores. Mientras estuvo en el cargo, recibió cerca de 200.000 dólares en contribuciones de la industria maderera. No obstante, reconoce que el modelo de negocio actual no beneficia a los pequeños propietarios ni a las comunidades rurales. “No tienen ningún control sobre su futuro”, afirmó.
Delaware y Rhode Island juntos
La industria maderera de Oregón ha cambiado a lo largo de los años. Después de las protecciones del búho moteado las pequeñas compañías madereras fueron reemplazadas por empresas más grandes y mejor equipadas para aumentar la producción. Fue casi como una adquisición masiva. La industria maderera se recuperaba de una recesión nacional en la década de 1980. Muchas empresas endeudadas comenzaron a vender sus tierras forestales.
Paralelamente los cambios en el código fiscal federal hicieron que la madera se convirtiera en una inversión atractiva, resistente a las fluctuaciones del mercado de valores. Según la legislación fiscal, los inversores pueden adquirir tierras forestales sin pagar los impuestos corporativos que afectan a las empresas madereras tradicionales. Mientras estas últimas enfrentan impuestos corporativos del 35%, los inversores pagan un impuesto sobre las ganancias de capital cercano al 15%.
En la década de 1990, cuando la tala federal disminuyó, los precios de la madera se dispararon. Las inversiones lucían aún más inteligentes. Empresas como Weyerhaeuser reestructuraron sus operaciones para aprovechar las exenciones fiscales. Weyerhaeuser, con sede en Seattle, se convirtió en un fideicomiso de inversión inmobiliaria en 2010.
Las empresas de inversión en madera en el oeste de Oregón actualmente controlan una extensión de tierras forestales del tamaño de Delaware y Rhode Island juntos. Weyerhaeuser, la mayor de estas empresas, duplicó su tamaño en los últimos 15 años. Posee más de 1,5 millones de los 6,5 millones de acres de tierras forestales privadas en la región. A pesar de su expansión emplea menos personas que hace dos décadas. Unas 950 personas, menos de una cuarta parte de los 4.000 empleados que tenía en 2006. También redujo sus operaciones de aserraderos.
Ni tan buen vecino
A las afueras de Falls City, Weyerhaeuser, gigante de la industria maderera, posee aproximadamente 21.000 acres. Pero su influencia se extiende más allá de los límites de sus tierras. Controla el camino que conduce al bosque y las áreas circundantes de los arroyos que abastecen de agua potable a la ciudad. Karl Wirsing, portavoz de Weyerhaeuser, defiende la colaboración de la empresa con las comunidades. Sostiene que, en los últimos cinco años, han donado casi 1,6 millones de dólares en todo el estado. “Estamos orgullosos de nuestro papel de apoyo a las comunidades y economías locales”.
No todas las comunidades ven esta relación como una asociación beneficiosa. En 2006, la ciudad cerró temporalmente su planta de tratamiento de agua porque estaba obstruida por el lodo de las operaciones de tala. El tramo de carretera entre el bosque y el pueblo está seriamente deteriorada. Mac Corthell, el administrador de Falls City, esperaba que las empresas madereras que utilizan la carretera diariamente aportaran los 200.000 dólares necesarios para su reparación. Tuvo que esperar casi dos años para obtener respuesta de Weyerhaeuser. Solo cuando sugirió que podría cerrarse si no se arregla, logró reunirse con representantes de Weyerhaeuser y otras empresas. Se comprometieron, “si la ciudad conseguía una subvención estatal”, a aportar “fondos equivalentes”.
Injusticia impositiva
El condado de Lincoln, hogar del Bosque Nacional Siuslaw y un puerto pesquero comercial vibrante, perdió aproximadamente 108 millones de dólares en pagos por la tala de árboles después de que el gobierno federal restringiera la tala en tierras públicas. La marcada caída de los ingresos federales es solo parte del problema. Se estima que los recortes de impuestos para las grandes empresas madereras que explotan tierras privadas le costaron al condado unos 122 millones de dólares en el mismo período. Antes de que los legisladores comenzaran a reducir el impuesto, el condado de Lincoln recaudaba un promedio de 7,5 millones de dólares al año en impuestos sobre la extracción. El año pasado, se redujo a menos de 25.000 dólares.
Para evitar recortes drásticos en los servicios, las comunidades que ya luchan con altas tasas de pobreza y desempleo aumentaron los impuestos a los residentes y a las pequeñas empresas. Una muestra dramática de lo que están viviendo es que una abogada jubilada de Marcola, Oregón, paga una tasa impositiva casi 100 veces superior a la de Weyerhaeuser, la mayor empresa de inversión en madera del estado. Aunque vive en 3,5 acres del distrito, sus impuestos a la propiedad aumentaron más del 20%. Weyerhaeuser, propietaria de vastas extensiones de tierras forestales en el distrito, pagó alrededor de 226.000 dólares en impuestos a la propiedad el año pasado. Equivale a unos 4,60 dólares por acre, palidece en comparación con lo que habría pagado al tipo de gravamen aplicado a la tierra de la abogada jubilada. Si se hubiera seguido esa tasa, la empresa habría aportado 20 millones de dólares adicionales.
Recorte olvidado
W. Stan Ouderkirk, un antiguo leñador, propietario de un pequeño aserradero, economista y miembro republicano de la Cámara de Representantes de Oregón en las décadas de 1960 y 1970, tenía una clara visión de lo que iba a ocurrir: el aumento de la propiedad corporativa y la pérdida del control local tendrían consecuencias negativas para los bosques de Oregón y sus habitantes. Profecía que se ha cumplido con los recortes presupuestarios y los déficit presupuestarios de los condados.
Hace dos décadas, un recorte de impuestos de mil millones de dólares pasó casi desapercibido. La industria maderera presionó con éxito para reducir gradualmente a la mitad el impuesto a la extracción, reduciendo así sus propias facturas en 30 millones de dólares al año. Pero ahora querían eliminar por completo el impuesto. Las empresas madereras argumentaron que, puesto que ya habían talado casi todos los bosques existentes en sus tierras, y la ley estatal les exigía que plantaran nuevos árboles, eran esencialmente agricultores. Como Oregón no aplicaba impuestos a los cultivos, no debería hacerlo a los árboles. El proyecto de ley para eliminar gradualmente el impuesto a la extracción fue aprobado. Ouderkirk, que era miembro de un grupo de trabajo del gobernador sobre impuestos a la madera, advirtió que las pérdidas afectarían a los condados
Ahora quienes aprobaron tamaño desguisado sufren una extraña amnesia. Lane Shetterly, exrepresentante estatal republicano, no recuerda mucho sobre ese momento. El gobernador Kitzhaber también olvidó los detalles. Pero veinte años después, los habitantes de Oregón pagan las consecuencias. Si no hubiera eliminado su impuesto a la extracción de madera, la producción maderera solo en 2018 habría generado un estimado de 130 millones de dólares.
Carga fiscal diferente
Estados como California y Washington todavía gravan a las grandes empresas madereras por el valor de los árboles que talan. Las empresas madereras en Oregón, pagan impuestos estatales reducidos sobre la renta y la propiedad, incentivando la propiedad de tierras forestales por parte de los residentes. Según la investigación de OPB, el estado habría recibido unos 59 millones de dólares bajo el sisterna tributario de California y 91 millones de dólares bajo el sistema de Washington.
Las empresas también pagan una tarifa fija basada en el volumen de troncos talados. La tarifa, establecida en parte por una junta de representantes de la industria maderera, genera alrededor de 14 millones de dólares anuales. Fondos que financian agencias forestales estatales y la investigación universitaria, en lugar de beneficiar directamente a los gobiernos locales.
Para sorpresa de muchos, el ex director de impuestos del Consejo Forestal e Industrial de Oregón, Linc Cannon, defiende la eliminación del impuesto a la extracción. En su opinión la madera es un cultivo y debe tratarse como tal. Sostiene que los estados que gravan la madera de manera diferente simplemente están equivocados.
Mal ejemplo
Para Jerry Franklin, uno de los científicos forestales más respetados del noroeste del Pacífico, Oregón se ha convertido en un ejemplo de lo que puede suceder cuando los líderes estatales no regulan adecuadamente la explotación forestal llevada a cabo por empresas de inversión.
Franklim no es un opositor a ultranza de la tala, de hecho, ha provocado la ira de los grupos ambientalistas por apoyarla en tierras federales. Pero critica el estilo de explotación que deja claros llenos de tocones, rociados con herbicidas y sin un solo árbol en las orillas de los arroyos. «Esto no es administración, es explotación».
Explica que la tala de abetos Douglas, que pueden vivir siglos, después de apenas 40 años resulta en una madera de menor calidad y de menor valor. El cronograma más corto lleva a talar más hectáreas para producir el mismo volumen, pero con menos trabajadores para talar y procesar la madera. Franklin, de 83 años, es más viejo que la mayoría de los abetos Douglas que actualmente crecen en Oregón. «Se está desperdiciando la increíble capacidad de estos bosques (…) Es un crimen», dijo Franklin, mientras observa la tierra talada de Weyerhaeuser.
Malas noticias de Plan MAGA
Como si no fuera suficiente, desde el comando de Trump llegan peores noticias. El plan MAGA contempla más tala. La excusa: combatir los incendios forestales. Expuesto en el Proyecto 2025 de la conservadora Heritage Foundation, no está libre de controversia. En un documento de más de 900 páginas, detalla una reforma del Servicio Forestal de Estados Unidos, la agencia federal encargada de gestionar los incendios forestales en tierras públicas.
La estrategia actual del Servicio Forestal se basa en métodos científicamente respaldados, como quemas prescritas, aclareo de árboles y poda. Sin embargo, bajo el Proyecto 2025, las estrategias se reducirían drásticamente, centrándose principalmente en una: facilitar que las empresas talen árboles y los vendan. La propuesta no considera la mitigación del cambio climático. El autor del capítulo sobre incendios forestales, Daren Bakst, es asesor de políticas del Heartland Institute, un think tank negacionista del cambio climático.
El enfoque del Proyecto 2025 pretende resolver el problema de los bosques densos acelerando la tala y aumentando la venta de la madera para reducir la biomasa. Para lograrlo, sugiere debilitar las regulaciones ambientales y de vida silvestre. Incluso oponiéndose a las protecciones para el búho moteado del norte. Además, propone abrir tierras públicas en Oregón y California para garantizar que la madera se venda y corte y derogar las restricciones de tala en el Bosque Nacional Tongass de Alaska.
Vivir las consecuencias
En opinión de los ambientalistas el Proyecto 2025 revela una ideología subyacente que prioriza los intereses de la industria maderera sobre la salud de los bosques y el bienestar de las comunidades. Al promover la tala indiscriminada y debilitar las regulaciones ambientales, representa un retroceso a prácticas del pasado que han demostrado ser insostenibles.
Se desconoce cuántos bosques federales pretenden talar los proponentes del Proyecto 2025 en nombre de la prevención de incendios forestales. Su visión del futuro es igual a la del pasado. Ignorar décadas de ciencia y conocimiento sobre el cambio climático. El problema es que ya sabemos cómo termina la ciencia obsoleta. Estamos viviendo sus consecuencias.
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