Un choque de poderes podría hacer tambalear la agenda climática de Joe Biden. Un reciente fallo de la Corte Suprema en West Virginia limita la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para regular las emisiones de carbono de las centrales eléctricas. La medida obstaculiza el propósito del Gobierno Federal de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para fines de la década.
El fallo, suscrito por John Roberts presidente del tribunal, señala que la EPA no tiene la autoridad para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción de energía. La solicitud judicial fue presentada por West Virginia, en nombre de otros 18 estados mayoritariamente liderados por republicanos, y algunas de las compañías de carbón más grandes. Los demandantes argumentan que la agencia carece de autoridad para limitar las emisiones en todos los estados.
Estos 19 estados están preocupados por el impacto económico que implicaría que sus sectores energéticos se vean obligados a dejar de usar carbón. En un fallo de 6-3, el tribunal se puso del lado de los estados conservadores y las empresas de combustibles fósiles y dictaminó que la EPA no tenía la autoridad para imponer medidas tan extensas.
Biden respondió de inmediato a favor de la lucha contra la crisis climática. “El fallo de la Corte Suprema en West Virginia es otra decisión devastadora que apunta a hacernos retroceder. Si bien esta decisión corre el riesgo de dañar la capacidad de nuestra nación para mantener nuestro aire limpio y combatir el cambio climático, no cejaré en usar mis atribuciones legales para proteger la salud pública y abordar la crisis climática”, dijo.
La Corte se interpone en agenda climática de Biden
Las implicaciones del fallo podrían extenderse mucho más allá de la política ambiental. Anuncia que la mayoría conservadora de la corte, recientemente ampliada, es escéptica sobre el poder de las agencias administrativas para abordar los principales problemas que enfrenta la nación. La decisión provocó críticas de la izquierda, pero las voces de la industria del carbón y los estados conservadores elogiaron el fallo.
El fiscal general Eric Schmitt de Missouri, uno de los 19 estados demandantes, describió la decisión de la Corte como una gran victoria. «Hace retroceder las regulaciones de la EPA que eliminan empleos», dijo. Asimismo, Patrick Morrisey, fiscal general de West Virginia y uno de los líderes del desafío a la autoridad de la EPA, dio la bienvenida a la decisión que podría interrumpir parte de la agenda climática de Biden. “EPA ya no puede eludir al Congreso para ejercer un amplio poder regulatorio. Tanto que transformaría radicalmente la red energética de la nación, y obligaría a los estados a cambiar sus carteras de energía lejos del carbón”, agregó.
La jueza Elena Kagan comenzó su disidencia con un largo pasaje que detalla la devastación que enfrenta el planeta. Incluidos huracanes, inundaciones, hambrunas, erosión costera, migración masiva y crisis políticas. “Independientemente de lo que sepa, este tribunal no tiene ni idea de cómo abordar el cambio climático. Sin embargo, el tribunal impide que una agencia autorizada por el Congreso actúe para frenar las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas. El tribunal se designa a sí mismo, en lugar del Congreso o la agencia de expertos, tomar decisiones sobre la política climática”, recogió The New York Times.
Revés para la política de medio ambiente y clima
Roberts, contrariamente, escribió que “limitar las emisiones de dióxido de carbono a un nivel que obligue a una transición nacional a abandonar el uso del carbón para generar electricidad puede ser una ‘solución’ sensata”. Sin embargo, Roberts plantea que “una decisión de tal magnitud y consecuencias recae en el propio Congreso”.
El fallo del alto tribunal sobre la actuación de la EPA restringe pero no elimina su capacidad para regular el sector energético. La agencia aún puede imponer controles individuales de emisiones en plantas de energía. El tribunal descartó enfoques más ambiciosos.
Los grupos ambientalistas están profundamente preocupados por el fallo. Sobre todo porque los 19 estados que presentaron el caso han progresado poco en la reducción de sus emisiones. Los estados demandantes representaron el 44% de las emisiones de Estados Unidos en 2018. Y desde 2000 solo han logrado una reducción del 7% en sus emisiones en promedio.
«El fallo de la Corte Suprema socava la autoridad de la EPA para proteger a las personas de la contaminación climática. Toda la evidencia muestra que debemos tomar medidas con urgencia», dijo Vickie Patton, asesora general del Fondo de Defensa Ambiental, Environmental Defense Fund, una ONG en Nueva York.
El dictamen es un revés para el presidente Biden, que asumió el cargo con la promesa de aumentar los esfuerzos en materia de medio ambiente y calentamiento global
El fallo más allá de las fronteras
Joe Biden comprometió a Estados Unidos, en su amplia agenda climática, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 52% para 2030 respecto a los niveles de 2005. “La decisión de la Corte Suprema se pone del lado de intereses especiales que han emprendido una campaña a largo plazo para despojarnos de nuestro derecho a respirar aire limpio”, argumentó el mandatario.
“No podemos ignorar el peligro para la salud pública y la amenaza existencial que plantea la crisis climática. La ciencia confirma lo que vemos cada día: incendios forestales, sequías, calor extremo y tormentas intensas afectan nuestras vidas y medios de subsistencia”, insistió.
Ese dictamen podría ser tomado en cuenta por otros tribunales en el mundo y afectar los objetivos globales contra el cambio climático. Estados Unidos representa casi el 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un portavoz de Naciones Unidas calificó la decisión de la Corte Suprema como «un revés en la lucha contra el cambio climático». Agregó, no obstante, que ninguna nación por sí sola puede descarrilar el esfuerzo global.
En Estado Unidos la decisión podría afectar las responsabilidades regulatorias actuales y futuras de la EPA. Incluidas las que se refieren a las protecciones del consumidor, la seguridad en el lugar de trabajo y la salud pública.
El fallo otorga «enorme poder» a los tribunales para debilitar otras regulaciones que no gustan, señaló a la BBC Hajin Kim, profesora de derecho en la Universidad de Chicago.
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